Angelo Becciu está imputado junto con otras nueve personas en la compraventa opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres
El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado del Vaticano, se sentará en el banquillo de los acusados este martes 27 de julio y constituirá la primera vez que la justicia vaticana encausa a un miembro del colegio cardenalicio, el órgano representante de la alta jerarquía eclesiástica.
Becciu, cesado el pasado mes de septiembre de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y despojado de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación en un caso de malversación de fondos, continúa viviendo en un apartamento del edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dentro del Vaticano.
Los jueces del Vaticano lo procesarán junto a otras nueve personas también imputadas por distintos delitos relacionados con la compraventa opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres que -según las investigaciones- dejaron un agujero de casi 400 millones de euros en las arcas del pequeño Estado.
Entre las personas que irán a juicio está el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa del inmueble de Londres y que consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios; René Brülhart, ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede, a quien la fiscalía acusa de abuso de funciones; o monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión y de abuso de funciones.
Asimismo, será procesado Enrico Crasso, quien habría gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas, acusado de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados; Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF, al que la fiscalía acusa de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio; o Raffaele Mincione, el broker que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía la propiedad londinense del 60 Sloane Avenue en Londres, y que luego utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas, acusado de malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero; y Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones, acusado de estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero.
