Desde la Asamblea piden que haya diálogo con respeto, mientras el sector privado apunta a iniciar una campaña para mostrar a Uyuni como un destino seguro y evitar que se considere como zona en conflicto
Tras los destrozos que se registraron en días pasados en domos turísticos instalados en el Salar de Uyuni (cuatro de ellos fueron quemados), una de las facturas que dejó el salvaje ataque es la afectación al empleo e ingreso de 30 familias de la región, las cuales son parte del equipo de la empresa que ofrece hospedaje en este sitio.
«Estos (domos) iban a ayudar a todos los comunarios de Jirira, iban a trabajar en los domos, en las tarea de limpieza o como serenos y guardias de seguridad. Alrededor de 30 familias quedaron afectadas a causa de estos destrozos», dijo una de las vecinas a la red Unitel.
El viernes pasado, un grupo de personas incendiaron los domos instalados en el lugar, debido a una disputa limítrofe que data desde hace más de una década entre los departamentos de Oruro y Potosí, con acusaciones por un supuesto avasallamiento de territorio.
El conflicto se originó en abril y se agravó cuando un grupo de comunarios de la localidad inició una vigilia en la región turística para cuidar los ambientes que fueron instalados en 2018. Los potosinos decidieron posteriormente quemar los domos, mientras expulsaban a los orureños, pese a que la empresa operadora firmó un convenio para trabajar con los vecinos y fortalecer al turismo de la zona.
La situación ha generado malestar y temen que esto pueda afectar la llegada de turistas, por lo que también han surgido voces para interceder por una solución al conflicto.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Dionisio Quispe, dijo que se debe buscar un diálogo y un respeto por cada jurisdicción. Según el diario El Potosí, el ahora legislador, en 2019 fue autoridad originaria de la región.
De acuerdo con sus datos los domos fueron emplazados desde fines de 2018. En ese entonces, ameritaba asumir las acciones y por ello, buscaron a los dueños de los domos.
Pese a los intentos de la autoridad de dialogar con los inversores, nunca se concretó el diálogo.
Entretanto, desde la Asociación Boliviana de Agencias Privadas de Turismo piden impulsar una campaña para mostrar al salar de Uyuni como un destino turístico «seguro», pues el conflicto puede afectar la imagen del país en el exterior, generando no solo un menor tráfico de visitantes, sino también podría conllevar a una «fuga de inversiones» por parte de capitales nacionales y extranjeros.
