A través de un monitoreo realizado sobre todo el territorio nacional, varias organizaciones relevaron los altos niveles de letalidad en el país que pueden incluso “constituir crímenes de lesa humanidad”
Entre enero y junio de este año se registraron en Venezuela 825 ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y el Ejército que responde a Nicolás Maduro, denunció el jueves a través de un informe la ONG Lupa por la Vida, una iniciativa conjunta entre el Centro Gumilla y Provea.
El número representa una caída en relación a las 1.611 ejecuciones registradas en el mismo periodo del año 2020, de acuerdo con el monitoreo de violencia policial y militar realizado por la ONG Provea y el Centro Gumilla.
Pese a que los autores del informe celebran la disminución de las ejecuciones, insisten en alertar sobre la gravedad de los más de 800 asesinatos: “Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
La cifra refleja “el alto nivel de letalidad policial en el país, el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible”, denunciaron.
Otro de los aspectos subrayados por el informe tiene que ver con los niveles de impunidad que rigen en las instituciones de seguridad venezolanas. “Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
¿Disolución de las FAES?
En relación a la caída del número de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -que pasaron de 416 en 2020 a 64 en 2021- los autores del estudio arriesga que podría tratarse de un proceso de disolución del organismo.
