
Los excomandantes de la Fuerza Aérea y la Armada de Bolivia fueron detenidos por su presunta implicación en el golpe de Estado que obligó al expresidente Evo Morales a dejar su cargo en noviembre de 2019. Se trata del general Jorge Gonzalo Terceros Lara y el almirante Gonzalo Jarjuri Rada, quienes arribaron en la madrugada del domingo al aeropuerto de la ciudad de El Alto para ser trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La orden fue emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) y ejecutada por efectivos de la policía boliviana. Con estas dos detenciones ya son cinco los militares de alto rango aprehendidos en el marco de la investigación por el «caso golpe de Estado». El exmandatario de Bolivia ya había sembrado dudas por el «dudoso» comportamiento de las fuerzas armadas en 2019.
Según la agencia de Noticias Fides, el excomandante Terceros decidió declarar este domingo ante la comisión de fiscales que lleva el caso, mientras que Jarjuri se acogió al derecho a guardar silencio. Concluida la etapa de declaraciones, ambos militares fueron trasladados a las celdas de la Felcc, donde permanecerán hasta la audiencia de medidas cautelares.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó las detenciones y prometió dar más detalles en los próximos días. Por su parte César Terceros, hermano del excomandante de la Fuerza Áerea aprehendido, señaló que autoridades judiciales se presentaron en su domicilio en la ciudad de Santa Cruz con una orden de detención. «Llegaron cuatro fiscales y le indicaron que estaba aprehendido y se prepare porque lo iban a trasladar a La Paz inmediatamente», informó.
Terceros y otros siete exjefes militares y policiales están implicados en el caso golpe de Estado iniciado por la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, quien también denunció al líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, quien fue el protagonista del golpe cuando ingresó al Palacio del Quemado con una Biblia en sus manos en noviembre de 2019.
Los militares detenidos son investigados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Además, en mayo el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal determinó ampliar la investigación contra los uniformados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.