Carlos Freytes aseguró que “Argentina carece de un marco normativo específico para el litio y por lo tanto carece también de una definición estratégica de qué es lo que se planea hacer con el recurso, y en eso contrasta dramáticamente con los otros dos países del triángulo. Bolivia está orientada a que el Estado, no solo lidere el proceso de explotación de los salares, sino también el de la fabricación de la cadena de baterías localmente. Y en el caso de Chile, el foco está puesto en la capacidad de fijar regalías al Estado. Se establece una cuota del 25% de producción que las empresas deben vender a un precio preferencial para proyectos que industrialicen el litio a nivel local. No obstante, en Argentina, el litio se encuadra en la normativa minera definida en la década del 90”.
“En nuestro país, la titularidad federal del recurso supone una dificultad adicional para desarrollar una política sobre el litio. Los incentivos de las provincias están asociados a explotar el recurso para generar regalías, avanzar en nuevas obras de infraestructura, otorgar empleo, etc. En este sentido Jujuy es la excepción porque intentó avanzar en otra dirección y declaró al litio como recurso estratégico”, explicó Freytes.
Tal como lo consignó Obaya, “la explotación del litio implica dificultades técnicas que no se superan tan fácilmente. En muchos proyectos la fase de exploración se extiende por 10 años, porque se busca la calidad del recurso. Y cabe destacar que los salares son ecosistemas dinámicos donde la composición química va variando y, por lo tanto, difieren los métodos de producción”.
Por su parte, en Bolivia implementaron estrategias tendientes a mejorar la captación de renta por parte del Estado y a localizar actividades productivas relacionadas con el procesamiento del litio.
Bolivia valora actualmente una nueva tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL) que sería más eficiente a nivel económico, industrial y medioambiental
