El ministro Guzmán hizo caja en estos meses y ahora quedó expuesto a las presiones del kirchnerismo; ya se nota en la ejecución presupuestaria el cambio de ritmo.
Luego de sucesivos traspiés en la campaña de vacunación, el gobierno de Alberto Fernández pretende dar vuelta la página e ingresar en el segundo semestre del año con la mira puesta las elecciones legislativas. Con un fabuloso desembolso de recursos públicos, el oficialismo focaliza su campaña sobre tres ejes claves: inyectar más dinero en los bolsillos de los votantes para atenuar el impacto de la inflación; desplegar obras públicas por todo el país –sobre todo en el conurbano, bastión kirchnerista- y llegar a las primarias con la mitad de la población vacunada con al menos una dosis contra el Covid-19.
La segunda ola de la pandemia –que el Gobierno ignoró en sus proyecciones presupuestarias de este año- obligó al ministro de Economía Martín Guzmán a abrir el grifo del gasto público y reforzar distintas partidas para atender la emergencia sanitaria y los perjuicios económicos que generan las “cuarentenas intermitentes” que viene decretando Fernández. El kirchnerismo, sin embargo, presiona para que Guzmán expanda todavía más el gasto antes de las elecciones y apunta al colchón de recursos que el ministro acumuló durante el primer cuatrimestre merced a la fuerte suba de la recaudación tributaria –en buena parte por la cosecha récord de soja- y la licuación de salarios públicos y jubilaciones por la inflación.
De todo esto hablaron Guzmán y el gobernador bonaerense Axel Kicillof durante el largo almuerzo que compartieron la semana pasada en el Palacio de Hacienda. Kicillof no disimula sus críticas por el celo que exhibe Guzmán por mantener en caja las cuentas públicas y no excederse en el déficit fiscal en su afán por llegar a un acuerdo con el FMI y el Club de París para renegociar la deuda externa. Gracias a los oficios de Sergio Massa y del ministro del Interior Eduardo De Pedro, ambos economistas acordaron reunirse y sellar una “tregua de hostilidades” que redundaría en más recursos para la provincia de Kicillof de cara a las elecciones.
Por contrapartida, Economía no reeditaría el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). como reclama un sector del kirchnerismo, sino que se amplían el programa REPRO II y los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, de menor impacto fiscal para el Estado. Punto para Guzmán.
Con estos refuerzos presupuestarios el Gobierno pretende inyectar recursos a un amplísimo espectro de ciudadanos (votantes). Por caso, con la ampliación de la Tarjeta Alimentar el Estado reparte todos los meses hasta $12.000 a las familias de 3,7 millones de chicos menores de 14 años. El programa REPRO II, en tanto, pretende alcanzar a 13.000 empresas y 330.000 empleados. Con la ampliación de la Asignación por Hijo (AUH) el objetivo es llegar a 700.000 familias; el programa Potenciar Trabajo, por su parte, reparte otros $12.264 a casi un millón de trabajadores de la economía popular.
La pelea es contra la aceleración de la inflación, el principal talón de Aquiles del plan electoral del Gobierno. El malestar social es elocuente y así lo revelan las encuestas que, con sus matices, reflejan una fuerte caída en la imagen presidencial. Las perspectivas en materia de precios no lucen alentadoras: analistas privados estiman que la inflación rondará este año el 47%, lejos de la estimación (corregida) del Ministerio de Economía, del 33% para todo 2021.
El kirchnerismo presiona, pero Guzmán mantiene pisada la caja. Los últimos refuerzos presupuestarios demandarán unos $480.000 millones (equivalente al 1,3% del PBI) durante este año, según precisó el jefe de Gabinete en su último informe al Senado. Un monto importante, pero muy por debajo del billón de pesos que erogó el Estado el año pasado por la pandemia, equivalente al 4% del PBI.
Guzmán gana por ahora la pulseada, pero cayó doblegado ante el kirchnerismo en la puja por las tarifas energéticas. Ceder a la presión de Cristina Kirchner de mantener congelados los servicios de gas y electricidad en este año electoral demandó, sólo durante el primer cuatrimestre, un costo de $152.856,6 millones (128,4% de suba interanual), según precisa el último informe de ejecución presupuestaria de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Para dimensionar tamaña partida basta una comparación: lo que el Estado insumió en sólo cuatro meses en subsidios energéticos supera al presupuesto anual (y actualizado) que se destina para la compra y distribución de las vacunas contra el Covid-19 ($131.304 millones) para todo el país.
Pero el kirchnerismo va por más: de la mano de Máximo Kirchner impulsa en el Congreso un proyecto llamado “zonas frías” que beneficia a 3 millones de personas con rebajas en las boletas de gas de entre el 30 y el 50%. De los beneficiarios, 1.200.000 usuarios residen en territorio bonaerense.
Todo suma para ganar las elecciones: más planes sociales y de emergencia y subsidios universales, aunque sean “prorricos” como definió Guzmán. A ello se suma una última carta: antes de las primarias, el Gobierno pretende hacer efectivo el pago de las primeras cuotas de la devolución del impuesto a las ganancias. Un ingreso extra que percibirán 1.200.000 asalariados y jubilados que debieron abonar el tributo en los primeros meses del año, antes de la suba del piso. Engrosar el bolsillo del votante antes de las elecciones, esa es la premisa del oficialismo.
Obras públicas
Es un clásico de toda campaña electoral: la obra pública. Pese a la pandemia, el Gobierno aumentó fuerte el gasto en infraestructura. Según el informe de ASAP, las transferencias de capital a las provincias totalizaron $43.355,5 millones durante el primer cuatrimestre del año y mostraron un muy significativo incremento de 494,5% interanual. Los desembolsos se concentraron en las funciones Agua Potable y Alcantarillado (+649,4%); Educación (+493,7%) y Vivienda y Urbanismo (+660,3%).
Abril marcó el punto de largada de la obra pública con Buenos Aires como la provincia más beneficiada: sólo ese mes recibió un desembolso de la Nación de $9793 millones, el triple que la Capital, el cuádruple de lo que recibió Córdoba y 20 veces más que Santa Fe.
Los municipios del conurbano ya comenzaron a recibir dinero fresco. El ministro Kicillof anunció la semana pasada la puesta en marcha de 199 obras en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal, de $8800 millones. El reparto, acordado con la oposición, es encabezado por La Matanza, de Fernando Espinoza (Frente de Todos), que recibirá $844.290.600. Le sigue Malvinas Argentinas, de Leonardo Nardini (Frente de Todos), con $361.459.773; Lomas de Zamora, de Martín Insaurralde (Frente de Todos) con $344.936.882; Merlo, de Gustavo Menéndez, con $334.465.200 y San Isidro, Gustavo Posse (Juntos por el Cambio), con $309.314.142.
A la par de la obra pública, el Gobierno apuesta a potenciar la campaña de vacunación antes de las elecciones. La Casa Rosada es optimista: cree que las críticas opositoras a la gestión de la pandemia irán desapareciendo conforme avance la vacunación. Entre AstraZeneca, Sputnik V y, a partir de este mes, la Sputnik V fabricada en el país, en el Gobierno proyectan que tendrán garantizadas más de 1,5 millón de dosis por semana. Estiman que en septiembre se alcanzaría las 25 millones de personas inoculadas con una dosis. Para ello ya se triplicó el presupuesto destinado a la compra de vacunas y la logística de distribución en todo el país.
Hoy, con casi 4 millones de casos positivos y superada la barrera de 80.000 muertos, nuestro país se encuentra en el tercer puesto entre los países con más pacientes en terapia por millón de habitantes. El interrogante es si el Gobierno y sus tardíos esfuerzos por vacunar lograrán revertir el alicaído ánimo social –y su reflejo en las encuestas- antes de las elecciones.
