En lo que queda del otoño, el Gobierno nacional tiene previsto terminar de aplicar al menos una dosis de las vacunas contra el COVID a toda la población objetivo definida en el plan de vacunación publicado el año pasado.
Son 15 millones de personas que estarán vacunadas antes del 21 de junio, y ese grupo incluye a todos los mayores de 60 años que se hayan anotado en las listas oficiales, además de los mayores de 18 años con factores de riesgo y a quienes desempeñan tareas consideradas prioritarias, como el personal de salud, los docentes o los miembros de las fuerzas de seguridad, entre otros.
Algunas provincias, como Tierra del Fuego, Misiones, Tucumán y Mendoza, se adelantaron a ese plan y ya comenzaron a aplicar las vacunas a personas menores de 60 años sin factores de riesgo y a esa lista podría sumarse la Ciudad de Buenos en pocos días.
Esa aceleración puede percibirse en la dinámica de comunicaciones de la Casa Rosada, que desde hace días se concentra casi exclusivamente en informar sobre el minuto a minuto de las llegadas de aviones con vacunas y sobre el avance de la campaña de aplicación.
La idea de la Casa Rosada es llegar al arranque de la campaña electoral -que fue retrasada este mismo miércoles por el Senado de la Nación- con unos 25 millones de argentinos con la primera dosis aplicada en sus brazos.
De esta manera, tal como publicó el periodista Guido Carelli Lynch esta semana en Clarín, la vacunación se convertirá en un puntal de la estrategia electoral del oficialismo. ¿Conseguirá sostener ese tema en la agenda de la discusión de la campaña?
Hasta ahora, la oposición de Juntos por el Cambio parece decidida a pelear en ese mismo terreno. Para hacerlo, buena parte de los dirigentes más visibles de ese espacio llevan varios días poniendo el foco en el fallido contrato de la Argentina con la farmacéutica Pfizer.
Como la alianza opositora no tiene definido aún de qué manera se organizará la campaña electoral, y en principio cada distrito trabajará con sus propios planes, aún no es posible determinar si cambiará esa estrategia para enfocar su mensaje en los padecimientos que genera en los argentinos la crisis económica.
Además de las cifras que difunde el INDEC, hay otras fuentes de información que permiten comprobar la profundidad del daño que tiene la economía local.
Un informe oficial del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) indica que en los primeros meses del año se crearon 263 nuevas cooperativas en el país y que, de ellas, 252 son cooperativas de trabajo. En el INAES, según figura en ese mismo informe, esperan que en todo 2021 se inscriban 800 de estas instituciones, una cifra que viene creciendo respecto de 2020 (689) y de 2019 (700).
Esos datos, más que una explosión de las vinculaciones solidarias entre los agentes económicos, hablan de la prolongación y de la dispersión de la crisis. Son el reverso de la desaparición de pymes y de empresas más grandes de los últimos meses, porque en muchos casos están integradas por trabajadores que ya tenían empleos en blanco y que crean este tipo de organizaciones para seguir de alguna manera atados al circuito de la economía formal. Son el emergente registrable de un fenómeno que, en el caso de la economía que funciona en negro, equivale a una verdadera implosión, que el año pasado quedó contenida por la enorme red de contención social y de transferencia de dinero en efectivo que desplegó el Gobierno para mitigar las consecuencias de la pandemia.
Hay otros indicadores informales que hablan de la magnitud de la crisis. Las distribuidoras eléctricas más importantes del país registran, por primera vez en la historia, un dato inquietante: el veinte por ciento de los usuarios están «colgados» del servicio eléctrico. Esa proporción solía llegar al ocho o nueve por ciento de los medidores en las viviendas, pero nunca había escalado a las cifras de hoy, que se registran, por si hace falta aclararlo, en un contexto de virtual congelamiento de las tarifas.
Dentro de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta es uno de los que está decidido a poner girar el eje de su discurso para poner foco en las consecuencias económicas de la pandemia. En su equipo consideran que la batalla discursiva y política por las clases presenciales quedó saldada a su favor, y por eso planea anunciar la semana próxima la vuelta de los estudiantes secundarios de todos los años a las aulas. Tras ese paso, el Jefe de Gobierno porteño trabajará para que la actividad comercial en la Ciudad se acerque lo más pronto posible a algo parecido a la normalidad que se había instaurado antes de la segunda ola de la pandemia.
«Queremos ponerle el mismo impulso que le pusimos al tema educativo para que los comercios, y sobre todo los bares y restaurantes, vuelvan a atender clientes cumpliendo los protocolos», le dijo un miembro del equipo de Rodríguez Larreta a este diario.
La actividad comercial y gastronómica es uno de los motores principales de la economía porteña, y en el Gobierno de la Ciudad registran un agotamiento de los empresarios y empleados de esos rubros. «Hay bares y restaurantes que quieren abrir este fin de semana, y eso está prohibido por el DNU», advierte otro de los funcionarios porteños para ilustrar el momento delicadísimo que atraviesa el sector.
Ese eje estará presente en una actividad que compartirá Rodríguez Larreta en Tigre este jueves con María Eugenia Vidal, como para empezar a tantear la temperatura que puede conseguir el regreso de la ex gobernadora bonaerense a las listas electorales.
