Por Carlos Pagni – Habría que detenerse en algunos datos provenientes de estudios de opinión pública, de investigaciones que realizan sociólogos metiéndose en la cabeza de la gente y mirando desde ahí cómo se observa la vida pública para entender con bastante claridad ciertos rasgos de la conducta y del discurso del Gobierno. Para entender, también, capítulos muy importantes de la lucha política, sobre todo en la campaña electoral.
Entre esos datos hay algunos muy interesantes y muy recientes sobre el manejo de la pandemia. Me refiero a una investigación que realizó Alejandro Catterberg, líder de la consultora Poliarquía, que viene siguiendo la repercusión que tiene en el público la gestión oficial en relación con el Covid, y con toda la política sanitaria que va de la mano de la peste.
Esta encuesta examina qué recepción tuvo en la gente el último paquete de restricciones que culminó ayer. El estudio, que se realizó a partir de los anuncios de Alberto Fernández, revela números muy impactantes.
A partir de que comunicó que se volvía a una cuarentena rígida, Fernández cayó 9 puntos respecto de la consideración que tenía su política sanitaria antes de informar esas medidas. Estamos hablando de muy poco tiempo, una semana. Hablamos de que Alberto Fernández llegó -por culpa de, o pagando un costo por esos anuncios- al nivel de consideración más bajo desde que hay epidemia. Es de 32% de consideración positiva de su política. La medición anterior hablaba de 41%.
La desaprobación, la posición de los que dicen que está muy mal la política del Gobierno, pasó -a partir de sus anuncios- del 48% al 59%. Es decir, subió 11 puntos la imagen negativa de la política oficial respecto de la pandemia.
Los que prefieren flexibilizar pasaron del 34 al 47%. Pero el dilema es que la misma encuesta nos dice que el 61% -y es un pico- está asustado respecto de la circulación del virus. Tiene la percepción de que en cualquier momento se puede contagiar. Entonces sube el miedo al contagio, pero sube también la exigencia de flexibilización o la intolerancia a la restricción.
Hay datos todavía más interesantes porque este aumento de la intolerancia a la restricción es del 11% en la ciudad de Buenos Aires, del 15% en el Gran Buenos Aires (mensaje para Axel Kicillof) y del 13% en el interior del país. Quiere decir que hay un mayor nivel de tolerancia entre los porteños respecto de las restricciones que entre los habitantes del conurbano bonaerense. Tiene toda la lógica porque en el conurbano es donde se concentra la informalidad, la pobreza y es donde la restricción se vuelve desde el punto de vista económico mucho más severa, más dolorosa.
Los que creen que estamos entre los países que peor manejaron la pandemia pasaron, en una semana, del 44% al 51%. Y los que creen que estamos entre los países que peor y menos han vacunado pasaron del 59% al 63%.
Podríamos mirar en estos números la crisis que enfrenta Alberto Fernández. El mensaje de esta encuesta es que la herramienta de la restricción está agotada y todavía no hay vacunas.
Un cuadro que responde la pregunta: “¿Cómo definiría su situación económica personal en términos de muy bien, bien, regular, mal o muy mal?” refleja que la negativa y regular es de 46 y 26. Es una mayoría extraordinaria que equipara los peores momentos de Mauricio Macri. El Gobierno genera un malestar económico con esta política que es similar al momento en que se dijo -citando a Nicolás Dujovne- “con esta política económica cualquier gobierno caería”. En ese momento está Alberto Fernández y su programa económico. Se entiende perfectamente que la gente tenga miedo al virus y a la restricción en la circulación. Es decir, empieza a ser un cuadro bastante enloquecedor y muy difícil de manejar políticamente para el que está en el comando. El mensaje de este gráfico es que nunca en la historia del actual oficialismo la percepción de la gente respecto de la economía fue tan negativa.
Esto es importante de ver porque induce a un tipo de conducta en toda la clase política, no solo en el Gobierno. Nos explica dos movimientos que no están en el oficialismo. Uno es del PJ disidente, que brumosamente se insinúa en la provincia de Buenos Aires en la figura de Florencio Randazzo. Los números de los encuestadores son misteriosos porque dicen que con solo mencionar su posibilidad, un discurso peronista no kirchnerista concitaría la adhesión del 10% de la gente, de arranque. Hay un votante que uno imagina castigado por la recesión, de clase media, clase media baja, que en su momento se expresó detrás de Sergio Massa, que probablemente desencantado con Macri fue hacia Cristina y Alberto, que ya no quiere votar a Alberto, pero que tampoco quiere regresar a votar algo parecido a Macri.
Importa esto porque la médula estratégica del proyecto de poder del Gobierno es la unidad del peronismo. Si empieza a haber un incentivo para que haya un peronismo que se separa, empieza a naufragar esa estrategia. En estos números económicos aparece la hipótesis de que se consolide una candidatura competitiva en el PJ disidente.
El otro movimiento que tiene que ver con estos datos se da en Juntos por el Cambio. Lo que se discute, con gran resistencia por parte de Macri, es qué se hace con la experiencia Macri. La primera incógnita la plantea el propio expresidente, que anda por los canales de televisión pidiendo perdón por lo que hizo, con una especie de permanente autocrítica, bastante tramposa como la autocrítica de cualquier político. Lula Da Silva, muy inteligentemente, dice: “Yo no hago autocríticas porque me las hace la oposición”. Ya hay muchos que critican a Macri. Él se siente necesitado de decir que reconoce errores, porque ve el nivel de opinión negativa que genera su figura y eso activa todo un movimiento en Juntos por el Cambio. Sobre todo, en el bonaerense. Deben ir a hablarle a ese elector que está desencantado tanto de Macri como de Alberto y Cristina y que va en busca de un proyecto que todavía no está. Eso va a introducir seguramente una disputa por candidaturas, que ya se está planteando en la dirigencia de Juntos por el Cambio. Hay un duelo derivado de estos números.
El principal movimiento que inspira esta realidad económica y el agotamiento o la inviabilidad de insistir con medidas de restricciones en medio de la pandemia se da dentro del Gobierno. Yo diría que tiene para estas elecciones tres candidatos que no son personas, son gestiones. El candidato de un gobierno siempre es la gestión.
Primer candidato: vacunar como sea. Hay una gran polémica por la vacunación. No solo se registra en la Argentina. Estamos aislados informativamente, mirándonos el ombligo, con una visión muy parroquial de la vida pública. Pero basta con leer los diarios brasileños. Hoy en Brasil el cuchillo por donde se le entra a Jair Bolsonaro es una Comisión Investigadora del Congreso acerca de por qué Bolsonaro no contrató con Pfizer, o contrató tarde. El mandatario firmó un contrato estándar con el laboratorio, como cualquier país que quiera comprarle vacunas -sobre todo en la región-, que tiene dos cláusulas centrales: blindaje penal por lo que pueda pasar con la vacuna por la rapidez con la que fue realizada, y la renuncia del Estado a la inmunidad soberana. Es decir, si vamos a Tribunales y sos el Estado, no vengas con las prerrogativas que tiene un Estado, vení como un particular. Como cuando el Estado emite bonos: no puede reclamar la inmunidad soberana y tiene que someterse a un tribunal ordinario en Estados Unidos. Estas son dos disposiciones que están en el contrato de Pfizer y que aceptaron todos los países.
Esta polémica sobre por qué esto no sucedió en la Argentina, se fortalece. ¿Por qué el candidato de la oposición es Pfizer? Por las dificultades que tuvo el gobierno argentino para implementar la vacunación prometida. Y ahora está buscando, frente a estos números de la encuesta sobre las restricciones, cómo vacunar. Van a llegar las vacunas de AstraZeneca en junio, aunque se habían prometido para marzo. El otro esfuerzo del Gobierno, sobre todo de tres personas que han estado detrás de este tema, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Wado de Pedro, es que el laboratorio Richmond, puede empezar a envasar en la Argentina la Sputnik. ¿Cuándo? El Gobierno apuesta a que haya dos millones en junio, tres en julio, cuatro en agosto, para llegar a las elecciones con la mayor cantidad posible de gente vacunada.
El segundo candidato que surge de estos números, de este panorama que pinté al comienzo, es el gasto público. Acá ha habido un proceso silencioso que desmiente la imagen pública del Gobierno, que desmiente la imagen convencional, que está oculto, detrás de las consignas kirchneristas. Lo que ha habido por vía de contención del gasto y, sobre todo, por aumento de la recaudación de impuestos es un fenomenal ajuste fiscal. Guzmán prometió en el presupuesto que envió al Congreso que iba a alcanzar como una gran meta un déficit fiscal de 4.5% del producto. Está en 3 puntos del producto, es decir, sobreajustó. Está más parecido al último Macri que a cualquier otra experiencia. Mientras, el clima económico es este y mientras el Gobierno cierra la economía porque no tiene otra forma de enfrentar la segunda ola del coronavirus. Es absolutamente lógico, no solo por razones electorales sino de sana política económica, que haya una corriente dentro del Gobierno que diga: “Guzmán, bajá un cambio con el ajuste e introducí algo de plata en el bolsillo de la gente”. Esta introducción de plata la vamos a ver en las próximas semanas. No nos tiene que sorprender que el Gobierno decida gastar más, además de mantener los subsidios que no quiso recortar. Porque ha habido un triunfo del ala kirchnerista, concretamente de Federico Bernal y Federico Basualdo, que están en el área energética, sobre Guzmán, en que no va a haber aumento de tarifas de más del 9%.
El acuerdo con el Fondo va a llegar después de las elecciones y esto complica enormemente la negociación y los vencimientos con el Club de París. Hoy venció la deuda -2400 millones de dólares-, no se pagó, y empiezan a correr 60 días que es un plazo anterior a que se declare oficialmente el default. Con el Club de París no se puede negociar si no hay algo parecido a un acuerdo con el Fondo. Eso no aparece, no está.
Además, lo mencionamos la semana pasada, el embajador de Japón, Takahiro Nakamae, dijo algo así como: “No queremos que nuestros contribuyentes se vean obligados a una renegociación con la Argentina cuando a otros contribuyentes, como los chinos, se les paga al contado y sin renegociación. Entonces, si van a renegociar con los países del Club de París, que le renegocien también la deuda a China”. Esto parece que surgió también en un Zoom bastante complicado con Angela Merkel. Aparentemente, en esta última comunicación virtual, cuando apareció Alberto Fernández del otro lado, ella estaba con una lista en papel, con las promesas que le había hecho el Presidente en la última conversación que habían tenido. El examen no salió tan bien. Diferencias de estilo. En este caso, no alcanzaron las palabras. Y, obviamente, sin ese acuerdo con el Fondo, dentro de dos meses habrá default con el Club de París.
El otro candidato es el pragmatismo o si ustedes quieren la tregua interna. Se acabó cualquier posibilidad de discusión dentro del oficialismo, hasta nuevo aviso, porque hay que ganar las elecciones. Nada que deba sorprender, cuando Cristina Kirchner, para ganar las elecciones en 2019, terminó olvidándose que Sergio Massa era el padre del Lawfare; el que decía: “Te voy a meter presa”; el que le decía a Claudio Bonadio: “Te hago ministro como Bolsonaro a Sergio Moro si la mandás presa”. Todo eso se pudo olvidar, como también que Massa asistía a la presentación de libros de la denunciadora de la causa Hotesur, que es Margarita Stolbizer. Haber perdonado a Alberto Fernández es un detalle al lado este olvido. Ahora, lo que se pide son olvidos muchos menores, un juego de niños al lado de esos indultos que otorgó Cristina en 2018 y 2019.
Hay que mirar hoy un tuit de Martín Guzmán, un largo hilo donde agradeció lo que llamamos el impuesto a la riqueza. Me interesa lo político de este mensaje. Porque no le agradecía a nadie en particular, pero todos sabemos que este proyecto tiene un apellido particular: Máximo Kirchner, en todo caso, Carlos Heller. Guzmán en este mensaje le está agradeciendo a sus verdugos; agradece a los que hace un mes casi lo echan por la discusión sobre tarifas. Hasta este nivel llega la pacificación.
Guzmán amenaza con irse si Basualdo no se va. Pero no cumple la amenaza. Ahora llega este agradecimiento a quienes habían querido echarlo. Él hace además una rendición de cuentas para demostrar que lo está gastando. Existió la sospecha, que se registró también en el Fondo Monetario Internacional, de que esas finalidades que se habían asignado al impuesto no iban a estar porque Guzmán lo iba a usar para acumular recursos y llegar a ese déficit del 3%. Entonces, se cierra hasta nuevo aviso cualquier tensión con Guzmán.
Se cierra también cualquier tensión entre Máximo Kirchner y el PJ bonaerense, porque en homenaje a los que se quejaban de que hacía un desembarco demasiado agresivo, recién será oficializado como nuevo jefe en diciembre, después de las elecciones.
Apareció la versión, temible para los sindicalistas, para las empresas de medicina prepaga de que iba a haber un desembarco de La Cámpora en la Superintendencia de Salud, que es donde se controla a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga. En realidad, no es un desembarco de La Cámpora sino de un grupo de sanitaristas que rodea a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, radicados sobre todo en el Ministerio de Salud con Nicolás Keplak, el segundo de ese ministerio, y en IOMA. Los funcionarios pretenden tomar cuatro gerencias en la Superintendencia de Salud para empezar a controlar el gasto en salud y para empezar a cobrarles a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga las prestaciones de los hospitales públicos en el conurbano bonaerense. Es el comienzo de algo que había anunciado Cristina Kirchner en uno de sus discursos del año pasado cuando dijo: “Hay que empezar a pensar una reforma del aparato de salud”.
Los gremios están callados la boca con niveles de inflación espeluznantes. No hablan porque los tienen agarrados con los subsidios a las obras sociales en plena pandemia. En las obras sociales el gasto aumenta y la recaudación baja por el desempleo y la pérdida de actividad de grandes gremios. Queja porque ellos habían puesto como Superintendente de Salud a Daniel López, un hombre de Ginés González García y de Armando Cavalieri, que convivió toda la vida con sindicatos. Están irritados el exministro de Salud, que tiene a López como heredero, y el sindicalismo, sobre todo los “gordos”. Se destaca José Luis Lingeri, a quien Cristina tiene en la mira por sus viejas vinculaciones con Silvia Majdalani y los servicios de inteligencia en la época de Macri. Se prenden luces de alarma en la CGT, le avisan a Alberto Fernández que el pedido de cuatro gerencias va a generar un conflicto en medio de la campaña y, de inmediato se aplican paños fríos, se cierra hasta nuevo aviso esta grieta que había empezado a abrirse.
Hay otra dimensión de esta búsqueda de suprimir cualquier tipo de disidencia. Y es que, en medio de un ajuste como el que estamos viendo, cuando el déficit fiscal llega al 3%, en medio de esta pandemia con restricciones que le hacen perder 9 puntos en una semana al Presidente, en medio de esta percepción de la realidad económica -la peor de toda el ciclo kirchnerista-, a los sectores más radicalizados hay que ofrecerles capital simbólico, gestos, discurso. Y eso es lo que vemos en estos días en distintos planos de la política oficial.
El 25 de mayo, un grupo importante de gente del oficialismo donde están los sindicalista Héctor Daer, Pablo Moyano y distintas figuras del elenco dicen: “Tenemos que suspender el pago de la deuda, reprogramar, pedir más período de gracia, los intereses son usurarios. Tenemos que ver cómo en el gobierno de Macri se gastó la plata que entró”. Muy sencillo: para saber cómo se hizo le tienen que preguntar al licenciado Jorge Domper, titular de la Tesorería del Ministerio de Economía, que es el mismo que convalidó la deuda y realizó las asignaciones presupuestarias. Es decir, no ha cambiado el responsable. Con que el Gobierno le pregunte a su propio tesorero va a entender cómo es que se gastaron los recursos que llegaron del Fondo.
Más allá de lo folclórico, de las incorrecciones técnicas que pueda haber en el planteo, el discurso sobre la deuda contrasta contra la realidad del kirchnerismo en esa materia. Un tuit de Alfonso Prat-Gay se refiere al pago que había que hacer hoy al Club de París, y compara la historia de los distintos gobiernos en relación con dicha deuda.
Allí se ven los pagos de capital y de intereses que realizó Cristina Kirchner y, al lado, se ve la deuda que contrajo con el Club de París bajo la gestión Kicillof. ¿Quién se desendeudó? Mauricio Macri. Se observan también los pagos de capital y de intereses, donde dejó cero de deuda contraída. Todo es pago de la deuda anterior. Hoy ocurre que los intereses que contrajo Kicillof se capitalizaron y generaron una nueva deuda, que contrajo Alberto Fernández. Y lo más importante de todo son los punitorios que vamos a tener que pagar si de acá a 60 días, como todo hace prever, no pagamos el vencimiento que hoy no estamos pagando.
Hoy vencen 2400 millones de dólares. Kicillof, el adalid del desendeudamiento, que es la encarnación de todo este discurso, no solo contrajo una deuda durante su gestión, sino que aceptó, cuando la renegoció, intereses de 7.5%. Fernández y los que firmaron la declaración del 25 de Mayo se rasgan las vestiduras por los intereses que cobra el FMI. Kicillof aceptó intereses que son dos veces y medio esos intereses usurarios del Fondo. Y aceptó punitorios, que implican que si nosotros no pagamos el monto acordado, tenemos que pagar 900 millones de dólares de punitorio.
Vuelvo para atrás. Martín Guzmán le agradece a Máximo Kirchner el impuesto a la riqueza. ¿Cuánto recaudó hasta ahora? 900 millones de dólares. Lo que nos va a salir no pagar hoy por haber llegado tarde al acuerdo con el Fondo. Es decir, frente a esta economía con 42% de pobreza, 51% en el conurbano bonaerense -del cual el 63% tiene menos de 14 años-, nosotros nos patinamos 900 millones de dólares por llegar tarde a una negociación con el FMI y no le pagamos al Club de París con intereses súper usurarios.
Esta es la realidad de un capítulo muy importante en la relación kirchnerismo-deuda. Hay que confrontar esta práctica con el discurso del 25 de Mayo y ver si no nos están vendiendo gato por liebre. Se le agrega a esto un documento que está circulando muy discretamente, que se le atribuye a Roberto Lavagna y su equipo, que dice que desde que llegó Alberto Fernández se endeudó en 21 mil millones de dólares. Puede haber toda una discusión de los que tienen derecho a decir que Lavagna le está sumando la deuda del Banco Central que es otro tipo de deuda, cuasi fiscal. Tienen razón, pero también es verdad que Fernández prometía no pagar esa deuda y la está pagando. Entonces, daría la impresión de que la Argentina tiene un problema con la deuda que no es de un gobierno ni de otro, y parecería bastante infantil distorsionar los términos para echarse la culpa unos a otros, cuando es una obligación de la dirigencia del país para con los representados.
En esa tributación de capital simbólico a los sectores más radicalizados, para compensar una práctica económica que es de ajuste, tenemos un giro importantísimo, cada vez más acentuado en la política exterior. Hoy, el Presidente tuvo una reunión con la DAIA, que se fue a quejar de que el Gobierno no ha repudiado el ataque de una organización terrorista como es Hamas. Vale aclarar que no es considerada “terrorista” por las Naciones Unidas, sino por Estados Unidos, la Unión Europea, Egipto y otros países. El Gobierno intenta salir del paso hablando de antisemitismo.
Lo otro importante se verificó el 25 de Mayo en la Embajada Argentina en Caracas donde no estuvo Chile, Uruguay, Brasil, Colombia ni México. De los países que sí estuvieron sabemos que son Bolivia y Cuba. Y, el Gobierno argentino, en la figura del Encargado de Negocios, invitó no al canciller -que es lo que se estila en esos casos- sino a la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez. Es la coronación de una política, que empieza con la salida del Grupo de Lima y sigue con el desistimiento de la causa penal que promovió la Argentina por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, aconsejado Macri por Eduardo Porretti, el mismo Porretti que recibió a la canciller, y culmina con la frase de Alberto Fernández que dice: “Parece que los temas de derechos humanos van desapareciendo en Venezuela”.
Para entender este giro del Gobierno no hay que mirar lo que pasa en la Argentina ni en Venezuela sino en Holanda, más precisamente, lo que pasa en La Haya. Allí, en la Corte Penal Internacional está a punto de abrirse una segunda fase en la causa Venezuela. Hasta ahora lo que estaba investigando la fiscalía era si había un Poder Judicial independiente capaz de procesar las denuncias por violaciones de derechos humanos. Ahora, se abre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional investigue a quienes violaron los derechos humanos en el régimen de Maduro. Con nombre y apellido. Y ahí es donde la prestación de Alberto Fernández se vuelve invalorable, porque la Argentina está contribuyendo a que ese paso para investigar violaciones de derechos humanos no se produzca. Justamente, un servicio catastrófico, producido por un gobierno que también, discursivamente, se envuelve en la bandera de algunos derechos humanos. O, menor dicho, en los derechos de algunos humanos.
