Ante la trabada negociación por una exención temporal de patentes de las vacunas contra el coronavirus, Bolivia encabeza los esfuerzos por un camino alternativo que puede sentar un importante antecedente: utilizar la flexibilidad de la misma norma en debate en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para obligar a Johnson & Johnson a dar la licencia de su inmunizante a otro laboratorio para la producción.
Concretamente, el país firmó un convenio con la empresa canadiense Biolyse Pharma para fabricar e importar 15 millones de vacunas monodosis de Johnson & Johnson, siempre y cuando se consiga una licencia obligatoria, contemplada en el acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC que más de 100 países, incluyendo ahora a Estados Unidos, buscan que se levante mientras dure la pandemia.
Teniendo en cuenta que las patentes las otorgan los gobiernos, la norma reconoce desde su creación en 1995 que las mismas autoridades puedan habilitar, en casos especiales, a que otros fabriquen productos patentados a cambio de un canon para quien posee la propiedad intelectual.
Una modificación que rige desde 2017 permite que estas licencias obligatorias se utilicen no solo para el mercado doméstico, sino también para que países sin capacidad local puedan importar productos farmacéuticos genéricos, un reclamo impulsado por las naciones africanas ante los altos costos de los medicamentos contra el VIH.
Bolivia ahora hace uso de esa flexibilidad de la norma y ya presentó ante la OMC la documentación en la que justifica la necesidad de importar la vacuna de Johnson & Johnson mediante una licencia obligatoria.
