Por Daniel Santa Cruz – Desde su aparición en la escena nacional en 2003 libró batallas políticas que perdió en elecciones, en el Congreso, en la Justicia y en la opinión pública, pero sin reconocer ese impacto como definitivo, inmediatamente contragolpeó. Claro, lo hizo con acciones que trajeron costos sociales y económicos que aún pesan en una balanza argentina cada vez más inclinada hacia el lado negativo del bienestar colectivo.
Esta semana, con el proyecto de Ley que fija “parámetros estrictos y objetivos” para la toma de decisiones sanitarias de los gobiernos provinciales y nacional durante la pandemia, estamos asistiendo a uno de esos “contragolpes” políticos, característicos y esperables en el oficialismo, con una salvedad: se trata del más incomprensible del todos.
Son pocos los que no interpretan que detrás de este proyecto, que la oposición llama de “superpoderes”, se esconde una revancha para contrarrestar la derrota sufrida la semana pasada con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó a favor de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en su demanda contra la suspensión de la presencialidad escolar decretada por el gobierno nacional para el AMBA. El propio Presidente describió ese falló como cargado de intencionalidad política y les pidió a los jueces que “no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos”. Curiosamente, Alberto Fernández utiliza la misma receta que crítica buscando con una ley perjudicar al mismo posible candidato al que se refirió antes: el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Esta acción política del Gobierno, impregnada de venganza, algo que habita en el ADN del kirchnerismo, es incomprensible por el daño que causa a 10 millones de alumnos a lo largo de todo el país, que sufrieron las consecuencias de pasar un año sin clases presenciales y que, injustamente para ellos, dejamos de recordar diariamente. Algunas de ellas son la pérdida de toda relación con la escuela en más de un millón de alumnos; cómo afectó la salud emocional de los jóvenes, demostrado en un estudio realizado por Unicef que señala que 7 de cada 10 adolescentes porteños sufrieron síntomas de ansiedad, depresión, sentimientos de soledad, baja satisfacción con la vida y, también, el peligroso problema de la baja calidad educativa, con pérdida de aprendizajes en chicos de segundo grado con problemas de leer palabras fuera de contexto de lectura y de tercer grado con graves problemas de escritura, a manera de ejemplos.
No se entiende por qué el Gobierno arremete con todo su poderío contra las clases presenciales cuando existen estudios que muestran que la contagiosidad en las escuelas no desbalancea el cuadro general, de hecho, la diferencia en la movilidad entre CABA y provincia de Buenos Aires se puede marcar por la presencialidad escolar, sin embargo, la curva de contagios es similar en un distrito y otro, es decir, que los alumnos en las escuelas no han influido significativamente en los contagios.
Aun así, el oficialismo desató una cruzada contra la presencialidad escolar que lleva al Congreso donde la expectativa estará en ver cómo actúan los diputados del PJ que responden a los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti y de Santa Fe, Omar Perotti, que, junto con la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, mantuvieron parcialmente abiertas las escuelas. ¿Se alinearán con el proyecto nacional o respetarán las decisiones que adoptaron sus gobernadores? Esos votos pueden ser decisivos en la Diputados y podrían marcar una fisura inocultable en el futuro del peronismo.
De esta heroica cruzada también participan sorpresivamente otros actores, como el Inadi que preside la polémica Victoria Donda, tan ausente en las comprobadas violaciones a los derechos humanos y civiles que se dieron en Formosa, pero también en varias provincias gobernadas por el oficialismo como Santiago del Estero y Tucumán, pero que no dudó un instante en poner a disposición una línea telefónica para que las familias denuncien si se sienten obligadas a enviar sus hijos a la escuela bajo la consigna: “La exigencia de mandar a les hijes al colegio puede ser considerado discriminación”. Reiteremos la propuesta del Inadi: denunciar a las escuelas que piden a los padres que envíen a sus hijos a estudiar. Sucedió en nuestro país, esta semana, no es un chiste de mal gusto sobre hechos insólitos ocurridos en algún estado sometido a un régimen totalitario.
A esta arremetida contra la apertura de las escuelas le faltaba la dosis de dramatismo y fatalidad que se dieron con la denuncia por el delito de “homicidio” contra Horacio Rodríguez Larreta por la lamentable muerte de una directora de escuela infectada de Covid. Peligrosa jugada, porque, si se hace lugar a la misma, podría trasladarse el móvil a una denuncia similar contra las autoridades nacionales por los cientos de muertes que pudieron evitarse por cada vacuna que se inocularon funcionarios que se hicieron pasar por personal sanitario, dirigentes que recibieron vacunas a domicilio, militantes políticos, choferes, amigos y cada uno de los que participaron del inmoral proceso de vacunación privilegiada conocido como vacunatorio vip, reconocido por el propio Carlos Zannini, que en una entrevista televisiva dijo no arrepentirse de recibir la vacuna y agregó que: “A Verbitsky le dije que estaba equivocado. Que no tenía que actuar con culpa porque él tenía derecho por ser una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad”.
La idea de creerse con derecho a que la sociedad los proteja ante una pandemia, cuando la misma sociedad no es protegida por un Estado que él mismo representa como Procurador del Tesoro, parece más cercana a una práctica medieval que a una democracia del siglo XXI.
Pero nada detiene la venganza del kirchnerismo, que no solo apunta al alcalde porteño, sino que también busca ganarle la pulseada a la Corte Suprema de Justicia, pelea que podría tener otro round cuando esta defina sobre la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad. Ahí está el verdadero interés de Cristina Kirchner, que no parece estar tan preocupada en si hay aulas están ventiladas o con calefacción apagada, como sí lo está por su situación judicial. Pero esta vez la revancha política cuenta con otro ingrediente significativo: quien encabeza la misma, Alberto Fernández, no es quien piensa la jugada.
Si se concreta la llegada masiva de vacunas y con la buena noticia del precio de la soja que superó los 600 dólares, cualquier asesor le recomendaría al Presidente bajar la conflictividad por cuestiones que le generan más costos que beneficios, como el cierre de las escuelas, y enfocarse en las buenas noticias. Pero es tan fuerte la necesidad de recuperarse de su desgaste público e interno frente a quien lo eligió para ocupar un cargo que hace dos años ni siquiera estaba en el rincón más alejado de sus sueños, que hoy debe encarnar una venganza que apunta a debilitar al rival político más encumbrado, Rodríguez Larreta, y a desacreditar al poder que más incómoda a su jefa política, la Justicia, pero que finalmente tiene como víctimas finales a los chicos, que nada tienen que ver con ese entramado judicial y político del que el kirchnerismo necesita vengarse.
Para colmo, si hay algo que no acompaña a Alberto Fernández en sus viajes al exterior es la suerte. Cuando viajó a México, para escapar del escándalo del vacunatorio vip, lo recibió su amigo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo incomodó declarando a su lado que en México “nadie se vacuna de modo privilegiado”. Esta semana llegó a España en medio del debate por la ley para tener superpoderes para suspender las clases y el presidente Pedro Sánchez, al responder una pregunta de la prensa local dijo: “Una ley ordinaria no va a sustituir nunca a la Constitución Española. Esto es de primero de derecho”. Mostrando que en España el debate es al revés, es el gobierno nacional quien custodia la constitución e impide leyes que la violen en nombre de la emergencia.
Mientras en el país se debate sobre su controvertido proyecto hoy, como parte de su gira por Europa, el Presidente visitará Italia donde se encontrará con el papa Francisco. Estaría bueno que en su paso por Roma aproveche para leer algunas de las frases que identificaron la vida política de Giulio Andreotti, siete veces primer ministro de Italia, que le podría permitir entender parte de una situación política que lo obliga a sobreactuar venganzas para empañar derrotas, aún a costa de llevarse puesta la educación de nuestros chicos, solo para poder congraciarse con quienes no le permiten ni siquiera despedir a un funcionario de cuarto orden.
Andreotti advertía: “El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”. Le sonaría muy familiar.
