Cumpliendo con el art.9 de la Ley 5895, el Dr. Sergio Lello Sánchez, Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), presentó a la Legislatura el informe referido a la gestión y los cursos institucionales que llevó a cabo el Ministerio durante el 2020.
La creación de una Cámara Gesell móvil que permitirá asistir a víctimas que se encuentren en Quebrada y Puna; y la modificación del Código Procesal Penal fueron los puntos destacados.
La reunión, que se llevó a cabo en el salón Marcos Paz de la Legislatura, estuvo presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, a cargo de la Presidencia, Carlos Amaya; y contó con la presencia de los presidentes de bloque y algunos diputados.
El Fiscal General puso en conocimiento de los diputados que el MPA obtuvo un subsidio por la iniciativa Spotlight que es una alianza global y plurianual puesta en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Asimismo informó acerca de la donación que realizó la empresa de transporte jujeña, Balut. “La iniciativa Spotlight nos dio un subsidio de 22.500 dólares y fueron aplicados a comprar insumos informáticos y de logística para reacondicionar el colectivo y poner en funcionamiento la Cámara Gesell móvil. Esto facilitará la tarea de llegar al territorio en donde haya víctimas de violencia de género, mayormente niños, en quebrada y puna”, explicó Lello Sánchez.
En la ocasión, el Fiscal General hizo hincapié en la modificación del Código Procesal Penal, que se encuentra en la Legislatura para su análisis: “la modificación haría que haya una justicia más expeditiva, más eficaz a través de la oralidad, de otros dispositivos que actualmente no están en vigencia porque seguimos con un sistema escriturario a pesar de que tenemos un código procesal acusatorio. Por eso hace falta adaptar un nuevo Código a estos tiempos que impliquen mayor celeridad, rapidez y eficacia en las investigaciones y en los enjuiciamientos de delitos”.
Por otra parte, Lello Sánchez detalló cuáles son los tres ejes de acción institucional más importantes del MPA. Primero, representar a la sociedad en la persecución penal de delitos. Luego, proveer a la autocomposición de los protagonistas en aquellos delitos pocos graves, a través de la mediación, la conciliación y la reparación a cargo de la oficina de Resolución alternativa de conflictos; es decir la alternativa al ejercicio del poder punitivo. Y por último, el funcionamiento del Centro de Asistencia a la Víctima que atiende a las víctimas: “es realmente una preocupación muy grande ante el crecimiento exponencial de delitos vinculados a problemáticas de violencia de género. La idea es optimizar la gestión y llegar a todos lados”, afirmó el Fiscal General
Al finalizar, Lello Sánchez explicó que el año pasado se rediseñó el funcionamiento del MPA debido a la pandemia: “Se resolvieron alrededor de 200 a través de juicios abreviados y también alrededor de 200 que fueron resultas con alternativas de conflicto. Es decir, hubo alrededor de 1000 causas con resolución del conflicto, a través de cualquiera de las vías. Dentro de las 28 mil causas que entraron al sistema, sólo 9000 tuvieron imputación y alrededor del 10% se terminaron con una sentencia o un acuerdo abreviado o resolución alternativa del conflicto. Un porcentaje importante si tenemos en cuenta las dificultades propias de la pandemia”, concluyó el Fiscal General.