Llevan agua potable a los residentes de los pajonales áridos, imparten talleres de agricultura y ofrecen revisiones médicas. Median en las disputas por la tierra, multan a los ladrones de ganado, resuelven divorcios, investigan delitos y castigan a los ladrones.
No son policías, ni funcionarios, ni miembros del gobierno de Venezuela, que prácticamente ha desaparecido de esta zona empobrecida del país.
Todo lo contrario: pertenecen a uno de los grupos rebeldes más conocidos de la vecina Colombia, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea por llevar a cabo atentados y secuestros durante décadas de violencia.
El colapso económico de Venezuela ha destruido tanto el país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones de su territorio, aprovechando la ruina de la nación para establecer sus propios mini-Estados.
Y lejos de huir por miedo o exigir que las autoridades los rescaten, muchos residentes aquí en las zonas fronterizas de Venezuela —hambrientos, perseguidos por las bandas locales de narcotraficantes y que denuncian desde hace tiempo el abandono de su gobierno— han dado la bienvenida al grupo terrorista por el tipo de protección y servicios básicos que el Estado no les proporciona.
Los guerrilleros marxistas del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, el mayor grupo rebelde que queda en América Latina, comenzaron a cruzar a la parte venezolana de la península el año pasado desde Colombia, donde han estado en guerra con el gobierno durante más de 50 años.
