Representantes de pueblos indígenas descartan la justicia por mano propia y consideran que lo ocurrido en Catumare, donde indígenas tsimanes quemaron vivo a un hombre, fue un exceso
El presidente del Consejo Tsimane de San Borja, Carlos Sarabia, y la representante de juventudes del pueblo Guarayú, Verena Uraza, defienden la validez de la justicia indígena y rechazan el asesinato como parte de las sanciones que puede asumir un consejo indígena. Ambos reiteran la defensa de la vida como principio fundamental.
La violenta muerte de Renato C.T., de 18 años, en la comunidad tsimane de Catumare, situada a orillas del río Maniqui del municipio de San Borja (Beni), ha puesto en debate el alcance de la justicia indígena que rige en las 34 naciones de tierras bajas. El joven acusado falleció a consecuencia de las quemaduras sufridas como parte de un castigo impuesto por la comunidad.
Sarabia, presidente del Consejo Tsimane, reivindica el valor de la justicia indígena que “se rige por normas que no comprenden la sanción de quemar a una persona”. Considera que lo acontecido en Catumare es un exceso que daña a la comunidad.
De acuerdo a los usos y costumbres del pueblo Tsimane, los delitos considerados como graves son remitidos a la justicia ordinaria. La cooperación entre ambos sistemas viabiliza una justicia indígena sin caer en medidas abusivas.
“Si hay un problema, se convoca a los corregidores para que se actúe dentro del Estatuto Orgánico de nuestro pueblo”, afirma Sarabia. Será el cabildo, después de escuchar a las partes, quien disponga una sentencia o castigo mediante el voto resolutivo, aclara la autoridad indígena.
¿Cómo se explica lo ocurrido días atrás?
Sarabia explica el procedimiento que se debe seguir ante un caso de asesinato como el ocurrido en Catumare. “Si es un asesino, lo llevamos a la Policía”, afirma. Lamenta situaciones como las vividas en esta comunidad puesto que la propia policía “lo suelta y devuelve el problema a la comunidad”.
En este caso concreto, los comunarios, “que no conocen derechos y no conocen leyes” tomaron una decisión que va en contra de las normas que implica la justicia comunitaria. Sarabia considera que la falta de corregidores que puedan guiar la determinación pudo repercutir en la decisión asumida más por “venganza” que por justicia.
