En este contexto, tanto los empleos formales como los informales tienen algo en común: no alcanzan para que esa porción importante de personas -42% según la última medición- salga de la pobreza. Y lo peor es que no hay perspectiva de mejora.
“Toda la política pública está diseñada para ir en contra del empleo asalariado formal privado y a favor de los mecanismos temporarios, como el monotributo social”, dispara el economista de FIEL Juan Luis Bour, especialista en los datos de empleo. “La pobreza tiene varios componentes. El primero es el efecto shock de la pandemia, y el segundo es que no hay posibilidad de recuperación del ingreso promedio y por lo tanto vamos a tener mucha mas gente que queda atrapada en situación de pobreza”.
El panorama está lejos de mejorar. “Después del shock vamos a tener una situación que se llama histéresis, por el cual la pobreza se mantiene más alta”, agrega.
Quienes están en lo mejor del mercado laboral, con un trabajo fijo, tampoco están en buena situación. En noviembre, la mediana salarial de un trabajador en blanco era de $53.895 bruto, conforme a los datos de la seguridad social. Es un salario que tiene un 50% de los salarios por debajo de esta cifra y el otro 50% por encima, explica el economista Jorge Colina.
“Este trabajador tendría que dejar de pagar el 17% de sus aportes (11% a la ANSES; 3% a la obra social; 3% al PAMI) y dejar de pagar también al sindicato -alrededor de un 3% de lo que recibe-, para no caer en la línea de pobreza”, asegura el director de Idesa. Según los últimos datos del Indec, esa línea corresponde a ingresos por $50.854 necesarios para llegar a la canasta básica total en promedio del hogar (dos adultos y uno o dos menores).
Por otro lado, el empleador, por encima de esos $53.895, debe agregar un 27% más en concepto de cargas sociales (18% para ASES, 6% para la obra social y 3% para la ART, además de otro 5% para el sindicato). Como resultado, calcula Colina, el empleado recibe $44.000 en mano, pero el empleador paga $72.000.
“El empleador paga un 60% por encima de lo que el trabajador se lleva a la casa”, explica Colina, director de Idesa. Un trabajador no debería ser pobre por el desembolso del empleador, pero lo es por la cantidad de dinero que queda en el camino antes de llegar a su bolsillo.
César Litvin, CEO de Lisicki Litvin & Asociados, asegura que para combatir la pobreza hacen falta tres acciones por parte del Gobierno: una reforma laboral para darle más aire a la posibilidad de generar trabajo, una reforma previsional y una reforma impositiva que alivie la agobiante carga fiscal que tienen las empresas.
“Es la manera de incentivar a la inversión privada, que es la que crea empleo, pero que no se producirá sin estas asignaturas pendientes”, dice Litvin, y habla de un “círculo vicioso de la pobreza”: menos empleo lleva a menos consumo, menos actividad económica, más pobreza, más planes sociales y más gasto público.
Además, “los ingresos de los asalariados formales privados están creciendo a una tasa que está muy por debajo de la inflación, un 28% anual. En los informales, el crecimiento del salario es un poco mayor, pero como crece el porcentaje de informales, el ingreso promedio cae”, advierte Bour. “Es difícil que los ingresos se vayan a recuperar por arriba de la inflación mientras exista esta macro que lleva a esta situación y se desvíen personas a sectores de baja productividad”, agrega.
“Si hablamos de competitividad, Chile tiene una cuña fiscal del 7% (la relación entre lo que paga el empleador y recibe el empleado)”, dice Litvin.
Parte de esta discusión sobre los costos salariales no laborales es un debate eterno que no llegó a buen puerto, pero que ahora, en un momento dramático de la Argentina, arroja a la pobreza a trabajadores que, en teoría, tienen un empleo que en otro tiempo sería considerado de calidad.
Los números del empleo en blanco
Hay que ir hasta agosto de 2016 para encontrar la misma cantidad de trabajadores registrados que hay en la actualidad: 11.941.000. Un retroceso enorme para el trabajo de calidad. En abril de 2018 hubo un pico de 12.345.000 personas en blanco, lo que marca una disminución de aproximadamente 400.000 personas menos en el sector formal en ese período.
Con respecto a los asalariados privados registrados, en marzo de 2018 hubo un pico de 6.322.000 trabajadores en relación de dependencia. Los últimos números oficiales, de diciembre del 2020, cuentan 5.818.000. Son 504.000 puestos menos en blanco. Las empresas en la Argentina tienen medio millón de empleados menos en tres años. Hay que retroceder hasta 2010 para encontrar una cantidad similar de trabajadores en relación de dependencia.
“Hay una caída de los empleos de buena calidad, es decir del empleo asalariado privado y formal, y solo una recuperación del resto de los empleos, sobre todo cuentapropistas, informales. Es decir, se da una recuperación de empleo que no lleva a una mejora de la pobreza, porque son ingresos de baja calidad”, analiza Bour.
Por otro lado, el sector público nunca dejó de crecer, lo que muestra también la desigualdad entre quienes tienen el “privilegio” de trabajar para el Estado, y los que no acceden a este tipo de puestos que, además, cuentan con estabilidad laboral. Son hasta el momento, 3.268.000 personas. Para comparar con el mismo período, en marzo de 2018 había 3.128.000, es decir, 140.000 puestos más en el sector público.
