Héctor Daer, el líder de Sanidad, decidió un plan de lucha contra las empresas que no le dan el aumento salarial que quiere, pero terminará perjudicando a un gobierno que no resuelve los problemas del andamiaje sanitario. Los graves problemas que se arrastran desde hace meses.
Héctor Daer, el sindicalista de mejor relación con Alberto Fernández, decidió un plan de lucha ante el fracaso de las paritarias que afectará al sector de la salud justo en medio de la pandemia. ¿Seguirá teniendo esa misma relación después de esa medida de fuerza? ¿Es una protesta contra los empresarios o contra un gobierno que desde hace meses conoce las urgencias de la actividad y aún no hizo nada? Las protestas del Sindicato de Sanidad, que tendrán lugar este jueves y viernes, no tienen como destinatario al Presidente, pero también lo perjudican porque le abrirán un inesperado frente en el sistema sanitario cuando hace agua el plan de vacunación y se
perfila la segunda ola tan temida.
En realidad, lo tienen como destinatario de manera indirecta: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien tuvo que intervenir personalmente este lunes para intentar destrabar la paritaria de Sanidad, se comprometió a trasladarle a Alberto Fernández la postura de las prestadoras de salud, que en la reunión que se hizo en la cartera laboral ratificaron lo que vienen advirtiendo desde el año pasado: el retraso en los valores de las prestaciones y los aumentos de costos que sufrió el sector durante 2020, que provoca un desfase que cercano al 50%, dejó a muchas empresas “al límite de la subsistencia”.
Esa problema fue el eje de las reuniones que la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) mantuvo en enero pasado con el primer mandatario y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Gracias a todo el trabajo que venimos haciendo juntos logramos que nos recibiera el presidente de la Nación, algo inédito para nuestro sector. En esa oportunidad, pudimos explicarle en una charla muy clara las particularidades de nuestro sistema y los serios inconvenientes que hemos sufrido en los últimos años, agravados por las consecuencias de la pandemia. El Presidente y el jefe de Gabinete nos escucharon y se comprometieron a ayudarnos”, dijo el titular de la FAPS, José Sánchez, en un Zoom del 15 de enero a unos 1000 representantes de los prestadores de salud de todo el país.
Nada concreto en materia de soluciones sucedió desde entonces, pese a que los prestadores de salud alertaron que iban a tener dificultades para pagar los sueldos de febrero y que se aproximaba la revisión salarial de marzo mientras había empresas que no habían podido pagar el aguinaldo.
La falta de actualización de las prestaciones ya ocasionó el cierre de varios centros de salud en el conurbano bonaerense que están orientados a la atención de adultos mayores: se estima que el 10% de las clínicas está por cerrar o en proceso de concurso.
Dos de ellas que cerraron, la Clínica San Andrés, en Caseros, y la Sagrado Corazón, en Hurlingham, atendían a 40.000 afiliados al PAMI.
