En un acto en la Casa Grande del Pueblo en La Paz, Arce junto al vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de Justicia, Iván Lima, recibieron el informe final de las manos de la presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, sobre sus investigaciones de las violaciones de derechos humanos durante dictaduras militares en el país.
Arce en su discurso enfatizó que ese informe servirá para «esclarecer» la historia de los bolivianos y que esa indagación que está distribuida en once tomos debe estar en las bibliotecas de las universidades para que esos hechos «no puedan volver a ocurrir».
Heredia indicó que la documentación recabada en esta investigación de esta comisión que se formó en 2017 se depositó en la biblioteca de la Asamblea Legislativa Plurinacional que son 1.064 cajas con información.
Entre las conclusiones está «el enorme daño económico, social y cultural al Estado» producido por las dictaduras suscitadas en 1964 a 1982 en el país, además de la recomendación de la «no repetición de estos hechos».
La presidenta de esa comisión sostuvo que la investigación cuenta con documentación de distintos ministerios, testimonios y archivos «desclasificados» de las Fuerzas Armadas que «contribuyen» a que el Estado resuelva «la deuda» que tiene con la «población».
Una de las principales tareas era encontrar los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, desaparecido durante el golpe militar de Luis García Meza (1980-1981) que falleció en 2018 y que fue sentenciado a 30 años de cárcel por delitos en su dictadura.
Heredia sostuvo que no se descarta la «hipótesis» que haya sido enterrado en el Cementerio General de La Paz en una tumba con un «nombre desconocido» o que fue sepultado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ya que los restos que la familia recibió pasó por laboratorios de Argentina, pero con «resultados infructuosos».
«Pueden hacer desaparecer nuestros cuerpos, pero el pensamiento revolucionario está con nosotros y vamos a continuar con el pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz», sostuvo Arce.
Se cree que durante el periodo 1964-1982 las dictaduras militares dejaron 1.392 personas asesinadas, 486 desaparecidos y 2.469 exiliados, según datos elevados por el jesuita español Federico Aguiló y que son cifras de referencia para la investigación.
Los expedientes fueron entregados en 2019 a la entonces senadora Eva Copa y ahora se otorgó el informe final al mandatario boliviano.
