
El ministro de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin anuló este lunes todas las condenas de primera instancia relacionadas a la operación Lava Jato dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien deberá ser juzgado por tribunales federales.
La decisión de Fachin se refiere a tres procesos en que Lula fue juzgado por el tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, e indicó que la corte no tenía en su momento la “competencia jurídica” requerida para analizarlos.
“Si bien el tema de la competencia ya se ha planteado de manera indirecta, es la primera vez que el argumento se encuentra en condición procesal de ser examinado”, indica un pasaje del texto, que enfatiza en el hecho de que la decisión es procesal y no se expresa sobre el fondo de las acusaciones.
De acuerdo con Fachin, responsable en el Supremo de la operación anticorrupción Lava Jato, por la cual fue procesado el expresidente, esos tres casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de los casos.
La medida afecta a procesos referidos a un apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo; a una casa de campo en la localidad paulistana de Atibaia, y a una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario.
En el primer caso, Lula fue condenado a 12 años de prisión, que fueron 17 años en el caso referido a la casa de campo.
De esta manera, Lula recuperó sus derechos políticos que había perdido en 2018, al ser condenado por una corte de segunda instancia en el marco de la causa de Guarujá, por la que también estuvo preso durante 19 meses. Como consecuencia de esa y la condena de segunda instancia por la casa de campo, no pudo competir en los comicios de ese año, cuyas encuestas lideraba y que finalmente fueron ganados por Jair Bolsonaro. Finalmente fue puesto en libertad el 8 de noviembre de 2019 luego de que la Corte Suprema determinara que las penas de prisión empezarán a cumplirse solo cuando el acusado agote todos los recursos disponibles.