Las acciones se interpusieron aludiendo a la imposibilidad de ejercer el derecho a defensa de las personas deportadas. En aquellas causas, la Corte de Apelaciones de Iquique en primera instancia falló en favor de los ciudadanos extranjeros, sin embargo el máximo tribunal desestimó la decisión.
En cuanto al recurso confirmado por la Corte Suprema, no se plantea ningún cuestionamiento al procedimiento administrativo en virtud del cual se materializaron las expulsiones, sino que atendió a una circunstancia particular de la persona amparada.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, comentó que “hemos actuado conforme a nuestras atribuciones, a la ley, a la Constitución. La forma de ingresar a nuestro país es hacerlo regularmente, quienes lo hacen clandestinamente arriesgan su patrimonio, su vida, pero además obligan a Chile iniciar procesos de expulsión”.
