Para los hijos de Lázaro Báez la situación tuvo un punto de quiebre este miércoles: todos terminaron condenados por lavado de dinero, la misma acusación que recae sobre Máximo y Florencia Kirchner en dos expedientes donde la principal acusada es su madre, la vicepresidenta. El grado de responsabilidad, el nivel de participación y la toma de decisiones en las firmas investigadas abre un paralelo entre los dos casos.
Cuando en 2013 inició el caso conocido como la Ruta del Dinero K, todo parecía concentrarse en Lázaro Báez. Con el avance de la investigación, las acusaciones alcanzaron a sus cuatro hijos: Luciana, Martín, Melina y Leandro. Esta semana, la Justicia determinó que todos ellos participaron, con distintos grados de responsabilidad, de la estructura que se dedicó a lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.
Para los integrantes del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) no fue explicación suficiente que los herederos de Báez dijeran que no conocían los negocios de su padre, que ellos no habían participado en la toma de decisiones, que no habían firmado la documentación que los implicaba. Los jueces los condenaron con diversos roles, y por ello les dieron penas diferenciadas, como partícipes de los movimientos de fondos que permitieron el blanqueo de cifras millonarias.
Los cuatro hijos de Lázaro estaban vinculados al Grupo Austral: tenían desde firma autorizante hasta a cargos directivos, o figuraban en la nómina de empleados. También figuran como beneficiarios de las cuentas bancarias abiertas en Suiza que se utilizaron para triangular el dinero proveniente de empresas offshore.
El rol de Austral Construcciones en una estructura delictiva vinculada con el Estado no se circunscribió a las maniobras investigadas en la Ruta del Dinero K. Con los mismos fines -simular operaciones comerciales para poner en circulación dinero de origen ilícito- la justicia implicó a la constructora en la causa Los Sauces (inmobiliaria de la familia Kirchner) y Hotesur (firma hotelera de los Kirchner).
Los Sauces fue la responsable de construir dos complejos de edificios que después la misma firma alquiló. Garantizó ingresos a los ex presidentes por más de 12 millones de pesos. Respecto a Hotesur, el Grupo Austral alquiló habitaciones que nunca utilizó por más de 14 millones de pesos.
En estos dos expedientes se encuentran procesados por lavado de dinero Máximo y Florencia Kirchner, con un rol similar al que ocuparon los hijos de Lázaro Báez en el caso de la Ruta del Dinero K.
Señalados como «jefes» y parte de «una banda» dedicada a «recibir dinero como pago o retorno de la concesión» de obra pública y concesiones del juego, el fallecido juez Claudio Bonadio consideró que Máximo y Florencia Kirchner fueron responsables de “impartir las directivas de esta organización delictiva” con el objeto de percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita». Según acreditó la justicia, ese dinero lo proporcionaba Lázaro Báez.
Al respecto, los hermanos Kirchner -con argumentaciones similares a las esgrimidas por los Báez-, consideraron que todo se trató de «un mero montaje judicial para lograr alto impacto mediático». Una idea similar a la que había vertido su madre, quien dijo que todo buscó «ocasionar estrépito en la opinión pública»
La acusación sobre el diputado nacional y jefe de La Cámpora sostiene que fue responsable «de celebrar, en algunos casos, los contratos de alquiler de los inmuebles, y de depositar en las cuentas del Banco de Santa Cruz y del Banco de la Nación Argentina, los pagos recibidos por parte de las empresas» de Lázaro Báez y Cristóbal López (principales inquilinos de Los Sauces SA), y de realizar millonarias operaciones «sin el respaldo documental ni justificación necesaria». Su firma figura en todos los papeles.
En su escrito, Máximo Kirchner señaló que todas las operaciones celebradas por él «fueron en cumplimiento de los deberes de su cargo» y que por lo tanto fueron «legítimas». La cámara confirmó los delitos atribuidos y el caso está elevado a juicio oral.
Respecto a Florencia Kirchner, se remarcó que tras la muerte de su padre y como miembro del directorio y empleada de esa firma -fue nombrada gerente de Los Sauces SA- recibió en su cuenta del Banco Galicia 3,7 millones de pesos proveniente de la inmobiliaria y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner. Fue nombrada también como «jefa» de la sociedad con «poder de decisión» en la empresa. El juez consideró que tuvo un «carácter preponderante en las decisiones de la sociedad, a la cual ingresó tras la muerte de Néstor Carlos Kirchner».
La réplica de la defensa indicó que respecto a la hija de la ex Presidenta «se retomaron criterios propios de la Edad Media, al sostenerse que debería responder por supuestos delitos cometidos por su padre fallecido al heredarlo» y que todo respondía a una «campaña de persecución y hostigamiento que viene padeciendo junto a su familia». Lo mismo que dijeron los hijos del empresario K en su defensa. A ellos les salió mal.
