Productores de soja del departamento boliviano de Santa Cruz mantienen desde este lunes bloqueos de varias rutas en protesta contra un programa estatal de control parcial de precios internos.
«Estamos defendiendo la sobrevivencia de nuestro sector productivo, que es quien garantiza la producción de alimentos para todos los bolivianos y no solo de la producción de soja, sino también de maíz, trigo, girasol y sorgo», dijo el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores.
La medida, que es similar a las que frecuentemente realizan los productores argentinos en contra de medidas parecidas tomadas por el Gobierno local, se siente con fuerza en la provincia de Santa Cruz, la más importante de Bolivia por su producción de soja.
Según Flores, el bloqueo de caminos hasta ahora está siendo “contundente”. “Hemos tenido que tomar esta extrema medida por la falta de solución a nuestra demanda de eliminación de banda de precios, cupos de abastecimiento y a nuestro pedido de libre exportación y acceso a la biotecnología en los cultivos de soja y maíz, principalmente”, apuntó el líder de la revuelta.
Señaló que la propuesta realizada por el Gobierno a nuestro sector, son insuficientes porque no solucionan el principal pedido que hacemos los productores que es la eliminación de la banda de precios, para evitar distorsiones a nuestros procesos de negociación de precios justos del grano de soya.
Motivos
El conflicto surgió después de que el Gobierno decidió fijar una banda de precios para el 20 por ciento de la producción nacional de harina y otros derivados de la soja, que se destinan a la producción de alimentos balanceados para las industrias locales de carne de pollo y de cerdo.
La Anapo rechazó esa regulación y planteó además el levantamiento de los controles de exportación y otras medidas con las que el Gobierno dijo que pretende garantizar la cantidad suficiente y precios bajos para los alimentos básicos en el mercado nacional.
Cabe recordar que el Gobierno del socialista Luis Arce, que asumió en noviembre de 2020, repuso los límites a la exportación y a la ampliación de cultivos con semillas modificadas genéticamente que la administración de Jeanine Áñez había levantado a principios de ese año.
