La decisión de militarizar los pasos fronterizos en Chile ha generado críticas y apluausos. Ya fue advertida la disposición de devolver a Bolivia a un grupo de inmigrantes que intentaban cruzar a Chile desde Bolivia
Ante la crisis humanitaria que se registra en varias ciudades del norte de Chile las autoridades del país sudamericano determinaron bloquear los pasos no habilitados, devolver a caminantes a Bolivia y programar reuniones con representantes de varios países de Sudamérica
Esta crisis migratoria que se vive desde el año pasado, debido al ingreso masivo especialmente venezolanos, motivó al gobierno chileno a aplicar medidas más drásticas entre las que destacan expulsiones y persecución a los denominados “coyotes”.
En las últimas dos semanas, cerca de 1.600 personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos con niños y adultos mayores, arriesgaron sus vidas recorriendo kilómetros para llegar a Colchane, la primera localidad chilena fronteriza ubicada en la región de Tarapacá y que en tiempos normales registra un poco más de 1.000 habitantes.
De la noche a la mañana, esta pequeña ciudad próxima a Bolivia, colapsó por la avalancha de caminantes que generaron escasez de recursos y variados conflictos con pobladores locales, además de provocar una saturación de las principales ciudades del norte de Chile como Iquique y Tocopilla, las que funcionan como destino temporal y que funcionan como residencias sanitarias para los recién llegados.
Desde el pasado fin de semana se ha visto una disminución de los ingresos. Las autoridades dispusieron la una reubicación de casi 600 personas que lograron traspasar la frontera hacia Chile en las últimas horas. Fueron trasladados a Iquique, la ciudad capital regional y uno de los principales puertos del país, en donde tendrán que realizar cuarentena por dos semanas. Además, este menor ingreso migratorio se debe a la llegada de personal fiscalizador.
Sin embargo, durante las últimas horas se han conocido denuncias de expulsiones a quienes han intentado cruzar a Colchane de manera flagrante, para ser devueltos a Bolivia. “Es injusto que nos hagan esto, eso es lo que quieren hacer: esperar que uno termine de cruzar para devolvernos”, cuenta el testimonio de una mujer venezolana expulsada por personal de Carabineros y militares en la frontera, cuando le faltaba caminar solo un par de kilómetros para llegar a Colchane.
El grupo expulsado de Chile acusa que el personal militar, además de devolverlos, ha sido agresivo en su actuar con quienes intentan llegar a Chile. “Nos devolvieron a patadas, a uno de nosotros le metieron una patada por nada. Nosotros no venimos a robar ni hacer nada malo, solo a trabajar. Llevamos más de quince días caminando”, cuenta otra mujer.
Yajira Andrade, entrevistada por la televisión chilena, también describió un testimonio similar. “Nos maltrataron, le pegaron a los hombres. Eso no se hace”, dijo la mujer, quien junto a su familia también fue obligada a detenerse y regresar a Bolivia. “Nosotros somos unos guerreros, vamos para adelante. Así nos regresen cinco, seis veces, vamos para adelante. Sea como sea, vamos a pasar”, advierten desde un grupo compuesto también por niños.
El pasado 4 de febrero, la Contraloría General de la República de Chile tomó uso de razón al decreto emanado por el Gobierno que amplió las facultades de las Fuerzas Armadas chilenas para el control de la frontera. Formalmente están autorizados a colaborar con el trabajo que desarrolla Carabineros. Lo anterior permite que las Fuerzas Armadas se desplieguen en los pasos no habilitados, para combatir el actuar del narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Aunque la medida era esperada tras la llegada masiva de inmigrantes a Colchane, el ministro de defensa (s), Alfonso Vargas, advirtió que el control que se realizará en el territorio no es tan fácil. “Usted puede cubrir 10 ó 20 kilómetros para cuidar que no ingresen, pero sencillamente las personas dan una vuelta un poco más larga y van a entrar igual al país”, aseguró.
La aprobación a la colaboración de las Fuerzas Armas en la frontera deberá siempre estar bajo la decisión política que corresponde al Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Defensa, por lo que se instruye al personal militar desde las autoridades civiles.
El gobierno chileno también puso en marcha una estrategia diplomática para intentar frenar el ingreso irregular. Entre las medidas, se le ha pedido a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) que inicie la coordinación con las policías colombiana, peruana, boliviana y ecuatoriana para desbaratar bandas dedicadas al paso ilegal de migrantes. Además, la cancillería chilena contactó a los ministerios de relaciones exteriores de los países mencionados para formar una mesa de trabajo que permita acuerdos para combatir el tráfico de migrantes bajo las reglas del Convenio de Palermo.
Según la PDI, hasta diciembre del 2020 se registraron 13.000 denuncias por extranjeros que ingresaron a Chile por lugares no habilitados, entre enero y noviembre de este año. La cifra entregada por la policía civil es un 69% mayor que la del 2019 en el mismo periodo, cuando se identificó a 8.084 personas en esta situación.
Las denuncias presentadas por las autoridades chilenas son el primer paso que podría terminar en una expulsión futura. Mientras dura el proceso, la persona que se denuncie o auto denuncie podrá seguir en Chile. En lo que corrido del 2021, la PDI informó que cerca de 2.000 personas indocumentadas han sido denuncias hasta el momento.
