Los negocios sospechosos de Insfrán Boudou, Cristóbal López y Lázaro Báez

Acusado por la oposición y defendido por el PJ, el gobernador también estuvo vinculado a contratos públicos cuestionados, y está imputado por un pago millonario a The Old Fund.

Más de 3.400 kilómetros separan una provincia de la otra, pero tienen un común denominador: fueron epicentro de negocios millonarios para Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner. De Santa Cruz a Formosa, el recorrido es extenso pero conocido para el empresario K. En la tierra de Gildo Insfrán -ahora en el centro de la polémica y con un pedido de intervención federal por parte de la oposición por presuntas violaciones a los derechos humanos- no fue el único negocio que se concretó y que derivó en la justicia federal: Amado Boudou es parte de otro expediente que quedó en manos de la justicia federal formoseña, relacionado al caso Ciccone.

De norte a sur, las dos provincias están más vinculadas de lo que parece. En Santa Cruz, donde el kirchnerismo gobierna desde 1989, como en Formosa donde Gildo Insfrán está frente a la administración provincial hace 26 años, rige la Ley de Lemas, y para el Gobierno nacional son dos administraciones ejemplares. Pero ambos distritos tienen otro punto de encuentro: Lázaro Báez. En ambas provincias el contratista K recibió cifras millonarias por obras viales que no concluyó.

En el caso de Formosa, Báez ganó la obra sobre la Ruta 86. Lo hizo con la firma Sucesión Biancalani, la misma que usó en Chaco y que terminó intervenida por la justicia. Los trabajos en la tierra de Insfrán tenían un costo de 500 millones de pesos. No realizó ni la mitad. Y se fue una vez que el empresario K quedó detenido.

La provincia también fue territorio para que otros empresario K ganaran contratos viales. Cristóbal López se quedó con la pavimentación de una ruta por 378 millones de pesos. Vencidos los plazos, tampoco la terminó. Y otro apellido vinculado a los Kirchner, el de la familia Relats, recibió contratos por más de 2.800 millones de pesos (a través de la empresa JCR), aunque en su caso la mayoría fue finalizada. Es la familia que administró el hotel boutique de Cristina en El Calafate.

La empresa “Sucesión Adelmo Biancalani” que Báez adquirió en el Chaco y con la que ganó allí varios contratos, tuvo la misma suerte en la vecina provincia del norte. La firma quedó a cargo de una obra organizada en tres licitaciones por un monto inicial de $ 500.264.450. Báez cobró más de 372 millones de pesos por trabajos que no realizó y las obras que eran parte de la ruta nacional 86, quedaron abandonadas.

Estas tres licitaciones fueron denunciadas ante el juez federal porteño Julián Ercolini por el diputado nacional por la UCR Martín Hernández, quien consignó que Báez recibió “importantes sobreprecios” ya que se le pagaba a Biancalani 4.248.429 pesos por kilómetro de “enripiado, cuando si comparás valores de otras licitaciones efectuadas en ruta de similares características no podría ser jamás el costo que le pagaron a Lázaro”.

Báez también recibió otra obra de 24 kilómetros de pavimento que se licitó por 70 millones de pesos, la terminó cobrando 109 millones y la entregó cuatro años más tarde.

En ese mismo distrito, cuyo gobernador es defendido por el PJ, se concretaron otros negocios que terminaron en la justicia federal. En este caso en el eje de la acusación se encuentra el mismo Insfrán junto a Amado Boudou, su socio y amigo, José María Núñez Carmona y el señalado como testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Luego de asumir como ministro, indica la imputación, Boudou firmó junto con Insfrán una adenda al convenio previamente rubricado por Cristina Kirchner, a través de la cual «se estipuló que en la reestructuración de la deuda provincial con la Nación no sólo incluyera al capital (como había sido pactado) sino también a los intereses, incrementando el valor del bono a emitir a la suma de 312.941.277,63 pesos». El detalle es que Formosa pagó 7,7 millones de pesos a la empresa The Old Fund por un supuesto asesoramiento para reestructurar esa deuda. Esa firma, que luego se hizo famosa en el caso Ciccone, era de Amado Boudou, según estableció la justicia años después. Boudou, recordemos, era el ministro de Economía con el cual el gobernador Insfrán «negociaba» su deuda con la Nación.

Durante la instrucción se determinó que se «simuló un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada y su convenio firmado entre el anterior Ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, y el Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera». El objetivo, según sostuvo el fiscal Jorge Di Lello, fue el «cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa».

El año pasado, la Cámara Federal porteña ordenó que el expediente sea investigado por la justicia federal de Formosa y que deje de estar radicado en Comodoro Py. Estaba a cargo del juez Ariel Lijo quien hizo lugar a un pedido de Insfrán quien pidió que el caso se vaya a su provincia.