Un proyecto de ley presentado el martes en Francia propone que las personas que no se vacunen contra el COVID-19 no puedan utilizar el transporte público. La iniciativa, presentada por el gobierno, provocó ruidosas protestas de la oposición.
El primer ministro, Jean Castex, obtuvo el lunes el respaldo de su gabinete para introducir un el proyecto, diseñado para proporcionar un marco legal para hacer frente a las crisis sanitaria.
Según el texto, que será presentado en el parlamento, se podría requerir una prueba de COVID negativo o de un “tratamiento preventivo, incluida la administración de una vacuna” para que las personas tengan “acceso al transporte o a algunos lugares, así como determinadas actividades“.
La campaña de vacunación del gobierno comenzará el domingo -al igual que en el resto de la Unión Europea- y los funcionarios ya enfrentan una resistencia generalizada contra el tratamiento desarrollado en tiempo récord desde que la enfermedad llegó a Europa a principios de este año.
Una encuesta reciente publicada en el periódico Journal du Dimanche encontró que el 59% de los encuestados dijeron que no recibirían una inyección de alguna vacuna contra el COVID, lo que posiciona a Francia como uno de los países más reticentes a inocularse de toda la Unión Europea.
El presidente Emmanuel Macron ha prometido que las vacunas contra el coronavirus no serán obligatorias, aunque si se recomendará enfáticamente su aplicación. La promesa fue reiterada por el ministro de Salud, Olivier Veran, el martes.
