Cuando Alberto Fernández asistió a la jura de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia, a principios de este mes, uno de los temas que se planteó durante la reunión bilateral entre ambos mandatarios fue la situación de Facundo Molares Schoenfeld, un argentino que permanece detenido desde fines de 2019, acusado de ser un guerrillero de las FARC, en medio de protestas de Montero, en Santa Cruz, tras las fallidas elecciones presidenciales.
Gracias a la gestión, impulsada también por el canciller Felipe Solá, Bolivia pidió la semana pasada al Ministerio Público que revise el caso Molares bajo el argumento de que recibió tratos crueles y degradantes durante su detención bajo la gestión presidencial de Jeanine Áñez.
”He leído la acusación de la Fiscalía de 43 páginas y le pido al fiscal general que revise la acusación; no encuentro ni un solo elemento o prueba para acusar penalmente a este ciudadano”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa.
Tanto su familia, como los funcionarios de Argentina y Bolivia, advirtieron que el estado de salud de Molares es delicado. Tiene un fallo renal, está internado con Covid-19 y, al momento de quedar detenido, estaba herido de bala. La policía boliviana, en aquel momento, lo involucró con la muerte de dos personas, que también participaron de las protestas de Montero, y se lo mencionó como un integrante de las FARC que había arribado al país en calidad de “instructor”.
“El ministro (de Justicia de Bolivia) reaccionó inmediatamente y se metió en el tema, leyó la acusación de la Fiscalía, hizo declaraciones, y dijo que no hay ninguna razón para la cual no cese el trato denigrante e inhumano con Facundo Molares y que debe ser puesto en libertad”, planteó Solá en declaraciones radiales.
Y amplió: “Esto para nosotros es muy importante porque hay un gobierno encima del tema. Y además Facundo dio positivo de COVID y está internado en una clínica en La Paz, porque no puede estar en la cárcel. Entonces, se hace urgente que haya justicia. Acá hay denegación de Justicia El otro gobierno, al que la Argentina no reconoció, lo había convertido en un preso político, aduciendo antecedentes pero sin ninguna prueba de acción ilegal en Bolivia”.
