Por Fernando Laborda – que no incluirá la inflación como variable de ajuste, sino que también podrían verse perjudicados indirectamente por algunas de las maniobras que viene haciendo en las últimas semanas el gobierno de Alberto Fernández para forzar una baja en el precio del dólar que se opera en la Bolsa de Comercio.
Distintos analistas han coincidido en que la nueva propuesta del Gobierno para calcular los aumentos jubilatorios, basada en un 50% en la variación de los salarios y en otro 50% en el incremento de los recursos tributarios que perciba la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), no promete ser positiva frente a una inflación que, según todas las estimaciones privadas, será en 2021 más elevada que en 2020.
A ese problema, los actuales y los futuros jubilados pueden sumar, desde los últimos días, uno nuevo, derivado de la venta de bonos dolarizados que el Estado nacional está llevando a cabo en la Bolsa para bajar artificialmente el dólar MEP (sigla del Mercado Electrónico de Pagos) y el Contado con Liquidación (CCL).
Tanto el valor del dólar MEP o dólar «Bolsa» como el del CCL surgen de la relación entre los precios a los que cotiza un mismo bono en pesos y en dólares. Por ejemplo, al cierre de las cotizaciones bursátiles de ayer, el bono AL30, que es el más utilizado para la compraventa de dólares en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cerró a $57,50 y a US$0,4026. Si un inversor comprara un bono en pesos y lo vendiera en dólares MEP, se haría de esta moneda extranjera a un precio de 142,82 pesos por dólar. Con la cotización del dólar CCL debería pagar algo más por dólar, unos 147,50 pesos, un plus que se justifica por la posibilidad que tiene el inversor de transferir los dólares que adquiera a una cuenta en el exterior del país, siempre en forma legal.
Cuando el valor del Contado con Liquidación comenzó a dispararse y, tres semanas, atrás tocó un récord de 181 pesos, el Banco Central inició una agresiva política para frenar su cotización. Fue así, como entre otras medidas, salió a vender bonos dolarizados para provocar una caída en su cotización. Logró una disminución en su valor de unos 33 pesos desde entonces y una baja de unos 20 pesos en el del dólar MEP. El costo fue una caída en el precio de los bonos medidos en dólares.
¿Pero en qué afectan estas medidas en el mercado a los jubilados y pensionados? La respuesta la brinda el economista Miguel Angel Boggiano, quien denuncia que, para evitar que, momentáneamente, el dólar se escape, «el Gobierno está rifando los ahorros de los jubilados». ¿Por qué? Porque parte de las operaciones de venta de bonos en dólares se estaría haciendo con títulos públicos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses; entre ellos, el citado AL30.
Como en este fondo de la Anses teóricamente se invierte el dinero de los jubilados para garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones futuras, Boggiano concluye que quienes pagarán la fiesta para bajar el dólar malvendiendo bonos serán los propios jubilados, tanto los actuales como los futuros.
En rigor, el FGS ya venía perdiendo dinero con la baja de los bonos reestructurados tras el último canje de deuda. Por ejemplo, el bono AL30, que arrancó cotizando a unos 52 dólares hoy ronda los 40 dólares en el mercado.
Al mismo tiempo, la Anses estaría reinvirtiendo el producto de sus ventas de bonos dolarizados en nuevos bonos en pesos que está emitiendo el Estado. En otras palabras, están pesificando los ahorros para afrontar los pagos de jubilaciones.
«Lo que va a ocurrir en breve es que van a terminar pulverizando esos ahorros de los jubilados. Más temprano que tarde, cuando el dólar termine de explotar, no va a haber dinero para pagarles a los jubilados. O, mejor dicho, habrá dinero en pesos que no va a valer nada», concluyó Boggiano.
A esta pesificación de los ahorros jubilatorios, se suma una fórmula de movilidad para el cálculo de los haberes propuesta por el Gobierno que, de haberse aplicado en 2019, hubiera generado una pérdida de poder adquisitivo en términos reales de al menos el 11% para los jubilados, en comparación con la caída del 2% que sufrieron con la fórmula aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, que contemplaba un ajuste basado en la variación de precios en un 70% y en la evolución de los salarios formales en un 30%.
Este año, tras el fuerte aumento de la inflación durante 2019 (53,8%), iba a registrarse una recuperación en el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios con la fórmula que regía, pero su aplicación fue suspendida por el gobierno de Alberto Fernández, que aplicó aumentos por decreto que favorecieron más a quienes recibían el haber mínimo y perjudicaron a quienes percibían montos mayores. La nueva fórmula propuesta por el actual gobierno, que deberá ser tratada por el Congreso, probablemente reducirá aún más las jubilaciones en términos reales, de la mano de una inflación en crecimiento.
