Ayer se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. La iniciativa se puso en marcha por RoadPeace en 1993 y desde 2005 el tercer domingo de noviembre fue instaurado como fecha oficial por las Naciones Unidas. En Chile, el tema comienza a tomar relevancia, mientras los casos que hacen crecer la lista sigue aumentando en paralelo a las exigencias de diversas organizaciones civiles que imploran por medidas que detengan estas fatalidades.
Las cifras de fallecidos relacionadas a la velocidad son impactantes. En Chile es la primera causa externa de muerte entre niños y jóvenes y desde el año pasado es el principal motivo de los siniestros fatales (29%) quedando como registro 518 personas muertes a raíz del exceso de velocidad, aumentando en 35% el registro en comparación a 2018. Es tan alto el número de casos que Chile está en el antepenúlitmo lugar de los países OCDE y los números triplican a los homicidios que hay en el país.
“La velocidad es una de las primeras causas de muerte en nuestro país y es por eso que nos preocupa la conducta de algunos conductores que exceden los límites, ya que ponen en riesgo sus vidas y la del resto de las personas que utilizan las vías”, precisó la ministra de Transportes, Gloria Hutt.
Atendiendo el problema, esta semana se dio un paso clave con el renacer del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). Se trata de un servicio público que, a través de cámaras y teleradares, permitirá una fiscalización más sencilla para detectar infracciones por exceso de velocidad. Presentado hace seis años por el MTT y, después de dormir años en el Parlamento, esta semana fue catalogado de “suma urgencia” en la Cámara, por lo que dentro de 15 días debería votarse en el Senado para su aprobación.
Eso sí, este sistema es muy distinto a lo que se implementó en Chile a fines de los 90 con los fotorradares (y cesada en 2002), el que generó enorme controversia, puesto que se asoció las infracciones a una recaudación de fondos para los municipios. Ahora, con el CATI se informará a la ciudadanía la ubicación de las cámaras, que podrán ser móviles o fijas, y que estarán en lugares de alto conflicto vial. La idea, como dice Johana Vollrath, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) pasa por generar un cambio conductual y “no es ser un recolector de multas, de hecho, nos encantaría que no hubiese una sola multa, pues eso indicaría que no hay personas desplazándose sobre el límite de velocidad”.
Otra diferencia con el sistema de fotorradares es que se acelerará el trámite, ya que la multa no pasará por el Juzgado de Policía Local, a menos que el infractor cometa una acción gravísima.
Mientras avanza el proceso legislativo, los pilotos de medición de velocidad instalados en Santiago muestran que sobre el 70% de los vehículos supera el límite, lo que confirma la necesidad de fiscalización apoyada por alta tecnología.
Apoyo transversal
La expectativa de Conaset con el proyecto es alto, puesto que, según sus registros, en países donde se ha implementado esta tecnología se han observado reducciones de hasta 40% en las muertes por siniestros viales, y ese es el mismo objetivo que se tiene en Chile, estableciendo como meta reducir en 30% los fallecidos en el tránsito para 2030.
El trabajo no viene solo desde el Estado. En los últimos años una serie de organizaciones, fundaciones y movimientos han surgido para levantar el tema.
Uno de ellos es el Movimiento Contra el Exceso de Velocidad Letal (MEL). Esta fundación tiene su origen el 2 de febrero de 2018, cuando la vida de Axel Rimbaud cambió para siempre. Su novia Melody Fung, una joven abogada de 27 años, fue atropellada cuando se subía a un taxi. Según los peritajes, el vehículo se desplazaba a m s de 120 km/h en una zona limitada a 60 km/h. Falleció de inmediato por las lesiones del brutal impacto.
La fundación MEL enfatiza su trabajo con cifras concretas los resultados de otros países cuando bajaron la velocidad máxima y establecieron controles por cámaras. Por ejemplo, en Londres, al bajar el máximo de 48 km/h (30 mph) a 32 km/h (20 mph), el número de fallecidos descendió en 60%, mientras en Toronto, al pasar de 40 km/h a 30 km/h el límite permitido las lesiones fatales y graves disminuyeron en 67%. En Francia, a su vez, la tasa de personas muertas bajó un 45% entre 2002 y 2010 gracias al control automatizado, ejemplo tecnológico que replicó España disminuyendo en casi un 50% las víctimas mortales entre 2005 y 2010.
En consideración a estas situaciones, Rimbaud indica que se hace urgente una modificación en las leyes sobre tres ejes. “Para avanzar en ese tema se debe reducir los límites de velocidad, tener más fiscalización y contar con sanciones más fuertes que cambien la conducta de los infractores”.
En Chile, la fiscalización a la que se hace mención por el fundador de MEL es un problema, puesto que hoy esa responsabilidad recae en Carabineros. Y con las condiciones que tienen, solo son capaces de detectar 3 de cada 10 mil excesos, como indica un informe de Conaset, lo que genera un bajísimo cumplimiento de la norma, acompañado por una sensación de impunidad.
Sobre este tema, Alberto Escobar, gerente de movilidad de Automóvil Club de Chile, reconoció que “actualmente el exceso de velocidad es recurrente en el sistema vial. Según nuestros estudios, seis de cada diez conductores manejan sobre el límite de velocidad, además, en promedio esos conductores superan en 20 km/h el máximo permitido. Por lo mismo, creemos que el CATI será una de las soluciones para resolver el alta nivel de mortalidad asociada a la velocidad”.
En el mismo camino, Karina Muñoz, directora de la Fundación Conciencia Vial, precisó que “es fundamental que avance el proyecto CATI, pero en paralelo es clave que y urgente avanzar también en la infraestructura vial, ya que no se puede estar fiscalizando en cada esquina o tramo. La infraestructura puede incidir en las conductas de riesgo, y los diseños orientados a calmar el tráfico permiten una convivencia más segura para todos”.
De todas maneras, junto al fortalecimiento de la fiscalización, se hace imperativo el tema de la educación vial a temprana edad. “Es fundamental que en el plan de acción se sume la educación, que todas las personas comprendan desde pequeños los riesgos involucrados en el tránsito, en particular los asociados a la velocidad, las distracciones y el consumo de sustancias, y que mediante campañas se refuercen esos conceptos”, precisó Karina Muñoz.
En cuanto a la tecnología, la empresa Indra es una de las firmas especialistas en el tema. Con presencia en Europa y América –en Chile son responsables del sistema de vigilancia sobre las vías exclusivas del transporte público- su experiencia dice que “la tecnología puede ser un gran aliado para ayudar a tener una movilidad segura en Chile. Si tomamos como referencia el trabajo de Indra en España, allí, la alta capacidad de cobertura, precisión y certidumbre de la tecnología con que registran y tramitan las infracciones, disuade a los automovilistas de realizar conductas riesgosas mientras conducen, lo que conlleva a una disminución de los accidentes”, señaló Marcelo Peñailillo, director comercial del mercado de Transportes de Indra en Chile.
