Donald Trump retomó sus actividades oficiales como si nada hubiera pasado el 3 de noviembre. Por la mañana fue al cementerio de Arlington para homenajear a los veteranos de guerra en su día, después de tener su agenda vacía por una semana tras las elecciones que lo señalaron como perdedor. Sin embargo, su cabeza sigue enfocada en un único objetivo: denunciar fraude y bombardear la transición con el presidente electo Joe Biden a toda costa. Como la situación cada día empeora, el equipo del demócrata evalúa acciones judiciales para desbloquear la situación.
Según dijeron fuentes del entorno de Biden a la cadena ABC, el equipo del presidente electo analiza emprender “medidas legales” porque cree que los intereses económicos y la seguridad nacional de EE.UU. “dependen de que el Gobierno federal señale clara y rápidamente que respeta la voluntad del pueblo estadounidense y se va a comprometer en una transición de poderes tranquila y pacífica”.
Trump aún no ha reconocido su derrota, algo inédito en la historia estadounidense, y sigue denunciando fraude en varios estados, aunque no ha presentado pruebas y por eso traba la transición.
Sin embargo, el New York Times contactó a delegados, demócratas y republicanos, en 45 estados, que dijeron sin fisuras que no registraron evidencia de fraude o alguna irregularidad que pudiera alterar el resultado final de las elecciones, en contraposición con lo que denuncia Trump.
Una ley de 1963 regula el proceso de transición en EE.UU, que se pone en marcha cuando la agencia General Services Administration (GSA), que es la que se encarga de gestionar los edificios federales, da la luz verde. En general lo hace poco después de que se conoce el ganador, que es reconocido cuando así lo establece el conteo de la agencia AP, que se encarga desde hace 170 años, ya que no hay una autoridad electoral a nivel nacional.
Pero la titular de la GSA, Emily Murphy, se resiste a firmar la autorización por lo que Biden y su equipo no tienen acceso a los fondos de la transición ni a los edificios ni la documentación. “Aún no se ha realizado una verificación”, dijo el martes la agencia en un comunicado. “La GSA y su administradora continuarán obedeciendo y cumpliendo con todos los requisitos de la ley y se adherirán al precedente anterior establecido por la administración Clinton en el 2000”.
El presidente comenzó a cosechar apoyos dentro del partido republicano a su ofensiva para detener las elecciones. El líder del Senado Mitch McConnell dijo que había que investigar las irregularidades y el secretario de Estado, Mike Pompeo, restó importancia a los resultados de las elecciones.
