Según ha justificado el portavoz del Ejecutivo chileno, Jaime Bellolio, en rueda de prensa el indulto a estas personas «es simplemente justificar la violencia». «Nosotros vivimos en una democracia y en una democracia, cuando hay un delito, el Ministerio Público es el que investiga y sanciona», ha agregado, poniendo el foco en que estas personas han sido condenadas por «tribunales independientes por haber cometido delitos graves». «Necesitamos dar una señal en contra de la violencia y en contra de la destrucción», ha insistido, antes de matizar que la oposición chilena hace «una señal a favor de la violencia». El Ministerio del Interior de Chile ya se había cerrado a la propuesta, argumentando que los hechos registrados después del estallido social son «graves» y «condenables», según ha recordado el diario ‘La Tercera’. «Establecer indultos, que parecieran dar la señal de que esas conductas son perdonables o deberían no ser sancionadas, creo que son señales equivocadas y parecen validar la violencia que vivimos en esa época», censuró el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli. El 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente de Chile. Comenzaron como una movilización contra la subida del precio del transporte público, pero desembocaron en denuncias más amplias en contra de la desigualdad social y a favor de una nueva Constitución.
