El Gobierno nacional y el campo sumaron un nuevo capítulo en su historia de tensiones y rispideces. Si bien la relación nunca fue del todo buena, el malestar se acentuó en los últimos meses, donde los problemas del sector se agudizaron y las decisiones oficiales provocaron un constante choque de intereses.
Si se hace un recuento de los principales inconvenientes que atraviesa el agro, la falta de reglas claras, la presión impositiva, la brecha cambiaria y el financiamiento se erigen como los más importantes, con un protagonismo excluyente del Ejecutivo Nacional, en un contexto de condiciones climáticas adversas, con una profunda sequía y numerosos y grandes incendios.
Los anuncios que realizó el jueves pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, en conjunto con los de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lejos estuvieron de complacer a los productores y generar la tan mentada “confianza” que reclama el campo. El campo necesita señales del gobierno, para transformarse una vez más en el sector que encabece la recuperación del país, que se encuentra desde hace tiempo inmerso en una crisis y que la misma fue agravada por la pandemia.
El gobierno, en su avidez de dólares que alimenten las menguantes arcas del Banco Central, lanzó una baja temporaria de retenciones a las exportaciones del complejo sojero, que en el caso del poroto de soja bajan desde este mes 3 puntos porcentuales hasta el 30% y progresivamente vuelven a instalarse en el 33%. Para sus subproductos, entre los cuales la harina y el aceite se destacan por su peso, la alícuota pasa del 27-28% en octubre al 30-31% en enero de 2021, restableciendo el diferencial entre los despachos de materia prima y los que tienen algún procesamiento.
Asimismo, el Gobierno nacional anunció el “Plan de Compensación y Estímulo a Pequeños Productores de Soja y Cooperativas”, a un costo fiscal de $11.500 millones y con una segmentación que dependerá de la escala productiva y la distancia de las explotaciones a los puertos. Se trata de una promesa que el gobierno había anunciado en marzo pasado, hace más de 6 meses.
Para los dirigentes de la Mesa de Enlace, los anuncios oficiales -sobre todo, la baja de retenciones- son “medidas aisladas e insuficientes”. Al respecto, remarcaron: “Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retención solo le sirve a algunos actores, que no son los productores agropecuarios. Estos anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía”.
Para entender cuáles son los problemas que afectan al campo, he aquí un recorrido por los principales reclamos que dirigentes y productores del campo plantearon más de una vez a los funcionarios nacionales:
Reglas claras
Las reglas claras para desarrollar el negocio agropecuario son una demanda central. Para los ruralistas, establecer pautas que aseguren el normal desenvolvimiento de la actividad son indispensables para crear confianza y certidumbre, algo que hoy no existe.
En su comunicado sobre la baja temporal de retenciones, la Mesa de Enlace indicó que “el problema es mucho más hondo e interpela la confianza y los gestos cotidianos que el Gobierno tiene para con el campo en general, que alteran permanentemente las condiciones en que llevamos a cabo nuestras actividades. La imprevisibilidad y la incertidumbre no permiten que podamos pensar nuestras perspectivas a futuro”.
Retenciones y presión impositiva
Las retenciones son una disputa histórica entre el campo y el Ejecutivo nacional, que tuvo un hito en 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el conflicto de la Resolución 125. La soja tributará en octubre el 30%, pero volverá al 33% en enero de 2021, el trigo y el maíz 12%, la carne 9% y el girasol 7%. A fines del gobierno de Mauricio Macri las alícuotas eran 24,7% para la soja y 6,7% los cereales, con un tope de retención de 4 pesos por dólar exportado. Cuando asumió Alberto Fernández, el tope fue eliminado y soja, maíz y trigo pasaron a tributar lo que pagan en la actualidad. Luego, en marzo pasado, el Gobierno le sumó 3 puntos más a la oleaginosa y provocó un cese de comercialización de granos y hacienda por parte de un sector de la Mesa de Enlace.
La eliminación de retenciones es un reclamo histórico En las “Propuestas del Campo y la Producción” de la Mesa de Enlace, presentadas a todos los candidatos presidenciales en 2019, se las considera «un mal impuesto, que no tiene en cuenta la rentabilidad de los productores, desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones”.
Brecha cambiaria
La brecha cambiaria es otro problema importante. No impacta solo por la diferencia entre el dólar oficial y los paralelos, sino también por el valor del dólar que cobra el productor, que en el caso de la soja será 30% inferior al oficial, por las retenciones. Más allá de lo que diga el Banco Central, por un dólar de exportación un productor sojero recibe cerca de $57 por dólar de exportación, pero la mayoría de sus costos están dolarizados y no siempre al valor del dólar oficial. Si además pretende comprar dólares deberá pagar casi el triple del precio que a él le reconocieron. En definitiva, el dólar al productor está muy por debajo de las diferentes cotizaciones que hay hoy en el país y que inciden en los precios de sus insumos.
La falta de financiamiento
Para un productor es imprescindible contar con líneas de financiamiento a tasas accesibles. David Miazzo, economista Jefe de FADA dijo al respecto: “Financiamiento de corto plazo hay, por lo menos para sectores como agricultura y ganadería pampeana; me refiero a plazos para descuentos de cheques, tarjetas agropecuarias, líneas del 24%. Son plazos normalmente de seis meses, un año o en algunos casos a tres años. Hay líneas especiales del 24% para descuentos de cheques, a las que el que tiene stock de soja no puede acceder, y eso afecta a gran parte de los productores agrícolas”.
Relación institucional
Si bien hay reuniones periódicas entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, desde el campo consideran que la cartera no ofrece respuestas y soluciones a los reclamos del sector. Inclusive, tras el último encuentro que mantuvieron, las entidades agropecuarias criticaron las «reuniones inconducentes” y alegaron: “Hemos sido respetuosos de las dificultades planteadas por la pandemia, pero hasta el momento sólo han dilatado los tiempos y no se avanzó en cuestiones urgentes”.
Tránsito entre provincias
Los traslados interjurisdiccionales de los productores, declarados por el gobierno trabajadores esenciales, han sido una complicación constante durante la cuarentena. Si bien en los últimos meses la situación tendió a normalizarse, ciertas provincias siguen exigiendo protocolos que restringen mucho el ingreso, como San Luis y Santiago del Estero.
Es común que productores tengan o trabajen campos situados en provincias en las que no están radicados. Con la cuarentena, el acceso a los mismos fue afectado y produjo todo tipo de obstáculos a su normal labor. El problema escaló de modo tal que productores, transportistas y comerciantes bloquearon los accesos a San Luis durante cuatro días, en represalia por los restrictivos protocolos sanitarios que la provincia puntana exige no sólo para ingreso, estadía y salida. Ayer, el grupo de autoconvocados que llevaba adelante la protesta levantó los cortes por 15 días tras una reunión con autoridades de San Luis, funcionarios nacionales y dirigentes agropecuarios.
Inseguridad rural
Los hechos de inseguridad en el ámbito rural fueron constantes en los últimos años. Los hechos delictivos más comunes son el robo de producción (sean granos, frutas o ganado), abigeato, incendios intencionales de campos y rotura de silobolsas y otros instrumentos de trabajo. Aunque no son delitos federales, y por lo tanto deben atenderlos las provincias, la escalada de roturas de silobolsas fue tal que el Gobierno nacional decidió intervenir en el tema.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el propio Basterra elevaron la cuestión al Consejo de Seguridad Interior, con la posibilidad de que se generen acciones preventivas en base a información de los ministerios provinciales de Seguridad y de Agricultura y Producción.También el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de penalización (con hasta cinco años de prisión) a los autores de dichos delitos y se elevaron otras iniciativas para su tratamiento legislativo. Hasta el momento, los proyectos se encuentran en diferentes comisiones.
Mejoras en Infraestructura
Se trata de otro reclamo histórico del campo: una infraestructura que permita la salida de la producción de los establecimientos rurales hacia los centros de comercialización, con caminos rurales y rutas en buen estado. Según el Consejo Vial Federal, hay 589.410 kilómetros en la red de caminos rurales, un 26% de jurisdicción provincial, y un 73% municipal. Los productores también piden mejorar la conectividad en el ámbito agropecuario.
Actualizar la Ley de Emergencia Agropecuaria
Aquí el Gobierno no tiene nada que ver, pero que las condiciones climáticas jueguen en contra de la producción, altera los ánimos de los productores. Vastas zonas agrícolas, como el norte del país y Córdoba atraviesan una fuerte sequía. La falta de agua impactó de lleno en la campaña de trigo, que en un principio se proyectaba como récord con una estimación de producción de 22 millones de toneladas, pero hoy se esperan 17,5 millones de toneladas. Y también impactó en la campaña gruesa apenas iniciada.
Para hacer frente a la difícil situación climática, desde hace tiempo el campo viene reclamando una actualización de los montos del Fondo de Emergencia Agropecuaria, que continúan siendo de 500 millones de pesos, tal como era en el momento que se aprobó, años atrás. También, hay un histórico reclamo de implementar un seguro multirriesgo, para que los productores puedan contar con algún respaldo frente a momentos complicados en lo climático.
