Por Carlos Pagni – Sin embargo, con los controles económicos que se anunciaron anteanoche, está demostrando que sigue internándose en un atolladero. Un sistema de barreras cada vez más asfixiante que agrava las tensiones que, en teoría, pretende superar. La estrategia cambiaria del Gobierno es un límite para la recuperación de la economía. Imposible crecer sin dólares. Este inconveniente tiene una proyección electoral.
Fernández toma decisiones contradictorias con el mandato que recibió de sus votantes: recuperar el nivel de actividad. Esta inconsistencia entre los medios y los fines siembra el pesimismo. Porque instala una duda acerca de si el Presidente entiende la naturaleza del problema que debe resolver. Debajo de esta dificultad hay una incógnita sobre la orientación general del oficialismo. La incertidumbre que se expresa en la cotización del dólar blue es una derivación indirecta de un sistema de poder en el cual el número uno debe acatar las órdenes de la número dos. Es un círculo vicioso, porque el agravamiento del malestar económico tiende a acelerar el conflicto político en el seno del propio kirchnerismo.
El Banco Central tomó cuatro medidas con las que aspira a detener la caída de reservas. La más catastrófica es la primera. Sometió al default a las empresas privadas al ordenarles refinanciar el 60% de sus deudas de capital. Solo podrán obtener divisas al precio oficial por el 40% de esos compromisos. ¿El Central tiene facultades para tomar esa decisión? ¿Los acreedores ejecutarán las garantías de los préstamos? ¿Demandarán a los deudores? Incógnitas que intentan despejar los grandes estudios de abogados. Ninguna es importante comparada con la principal derivación de lo que se resolvió: se instala un interrogante de largo plazo sobre la posibilidad de que el Estado obligue a las compañías a incumplir sus contratos financieros.
Más allá de esas eventualidades, la decisión es histórica por su rareza. La negociación de la deuda pública que llevó adelante Martín Guzmán mereció muchos reproches. Por ejemplo, fue más larga y menos ventajosa que la de Ecuador. Pero esas deficiencias eran accidentales frente a su principal mérito: al sacar al Estado del default, evitó que se cerrara el crédito internacional para el sector privado. Es muy difícil de entender un equipo económico que después de acordar con los acreedores públicos condena a las compañías a una reestructuración en masa. No hay antecedentes: los problemas crediticios que se podían esperar por la emergencia sanitaria los produjeron los funcionarios. El Gobierno es la pandemia.
La decisión es un golpe a la inversión porque encarece el costo del capital. Hace caer la productividad y, con ella, el salario real.
La segunda resolución, en la que intervinieron el Central y la AFIP, fue restringir todavía más la compra de divisas en el mercado oficial. Al impuesto del 30% que ya existía para adquirir 200 dólares por mes, o consumir en dólares con tarjeta, se le agregó una percepción del 35%. Ese adicional se podrá deducir del pago de Ganancias. Quienes no pagan Ganancias podrán recuperarlo a través de intrincados trámites burocráticos. Hay que detenerse en este pormenor. Monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, que están entre esos cuatro millones de personas que compran 200 dólares todos los meses, tendrán más dificultades para recuperar el sobreprecio que el contribuyente de Ganancias. La nueva alícuota castiga más al «pobre» que al «rico». La caída de reservas es tan preocupante que logró subvertir la sociología kirchnerista. Satisfacción en la izquierda, que ayer, en la pluma de Gabriel Solano, describió en Prensa Obrera cómo el nuevo cepo castiga al que tiene menos recursos para zafar de él.
La primera consecuencia de esta decisión fue la ampliación de la brecha cambiaria. El dólar blue cerró ayer a $145, contra un dólar ahorro de $ 130. Esa sombra del dólar «ilegal», como lo llaman los kirchneristas, sobre el dólar oficial sigue alimentando una dinámica perniciosa. Induce al público a comprar más cosas «hechas de dólares» porque conjetura una devaluación. La presión sobre las reservas, por lo tanto, se mantiene. Y aconseja también al exportador a retener su producto hasta que el dólar del Central se parezca al paralelo. No hay que olvidar que el sector agropecuario opera con un dólar mucho menos conveniente que el de $79 porque sufre el recorte de las retenciones.
La diferencia entre el oficial y el blue desalienta cualquier inversión. Quien tiene dólares para hacer un negocio en el país tiende a esperar que esa brecha se corrija para que su capital rinda más en pesos. «¿Cuál es mi crítica al cepo? Que es como poner una piedra en una puerta giratoria. No sale nada. Pero tampoco entra nada. No sale un dólar. Pero tampoco entra un dólar». Afirmaciones de Alberto Fernández, pronunciadas en agosto del año pasado, que obligan a una constatación: sus decisiones han ido tantas veces contra sus declaraciones que ya es hora de asignar a su palabra un don profético infalible. Hará siempre lo contrario de lo que propuso.
La tercera decisión termina con uno de los mecanismos que habían encontrado los agentes económicos para ofrecer dólares a un precio más parecido al del blue que al oficial. Las operaciones denominadas de contado con liquidación. En adelante los no residentes las tendrán prohibidas. Es posible que las autoridades supongan que esos dólares se venderán ahora al precio oficial de $79. No. Esos dólares no se venderán más porque dejarán de aparecer. Es otro límite a la inversión, en un país en el cual el Presidente asistió a una fábrica de motos para festejar un desembolso de apenas cinco millones de dólares.
La cuarta decisión ataca a los grandes exportadores, que son los principales proveedores de ese bien escaso que es el dólar. Desde anteayer se les prohíbe financiarse en el sistema financiero local. Deberán hacerlo con bancos del exterior. Es una medida delicada, porque plantea innumerables riesgos contractuales y, en consecuencia, judiciales.
Más importante que analizar la calidad de estas resoluciones es detectar cuál es el diagnóstico en el que se sostienen. Ya se sabe, en principio, que fracasó la teoría oficial, según la cual las tensiones cambiarias desaparecerían con el arreglo de la deuda.
Ahora Fernández deberá demostrar otro teorema: que faltan dólares y, por lo tanto, hay que asignarlos con cuidado para garantizar la recuperación productiva. Sin embargo, la brecha se debe a que sobran pesos. Es fácil advertirlo. Mientras Miguel Pesce emitía sus resoluciones,Guzmán envió al Congreso un presupuesto que prevé un déficit fiscal de 4,5%. Anticipó que el 40% será financiado con emisión de deuda local. Y el 60% restante, con emisión monetaria. Ese 60% equivale a 1 billón de pesos, que es el equivalente de alrededor del 40% de la base monetaria. El ministro prevé, entonces, una inflación cercana al 40%. Ya este escenario, edénico, hace presumir una depreciación de la moneda que alimenta la brecha cambiaria.
Esta observación inspira varios interrogantes. El más obvio: ¿Pesce estaba obligado a anunciar sus resoluciones, que desnudan un escenario tan sombrío, en el momento en que Guzmán ponía los focos en su presupuesto? Otro: ¿cómo justificará Guzmán las decisiones del Central, cuando hace pocos días se había declarado enemigo de un corset más ajustado? Entre el sinceramiento devaluatorio y el cepo reforzado estaba la posibilidad de un desdoblamiento formal del mercado cambiario. Cecilia Todesca lo sugirió en público. ¿Por qué se evitó ese camino, que recomiendan los economistas más sensatos? Una respuesta posible es que Alberto Fernández carece de poder suficiente para enfrentar la puja sectorial que se desataría alrededor de las nuevas ventajas cambiarias. Es un argumento débil. La persistencia de la expectativa devaluatoria lo seguirá debilitando semana tras semana.
El exceso de pesos es un problema de difícil solución. En medio del colapso productivo y fiscal, el Gobierno no puede dejar de emitir moneda. Pero cuanto más lo hace, más necesaria se vuelve la formulación de un plan que indique cuál es la ruta de salida. Para decirlo en términos de Fernández: que demuestre que conoce el mapa del laberinto en el que la economía está encerrada. Pero él se enorgullece de no tener un plan. Muy bien: el país está conociendo cómo es una política económica que incurre en ese orgullo. Es un sistema de parches mal cosidos. Esa precariedad se podía justificar en diciembre pasado. Antes de que se abordara el problema de la deuda. Pero ahora ese plan ausente, que encarna en un equipo invertebrado, se paga carísimo. Es lo que está detrás del pesimismo que alimenta la brecha cambiaria. Detrás de la tasa elevadísima con que cotizan los bonos. Detrás del piso histórico por el que se arrastra la Bolsa.
A contraluz de este problema, la política del Central puede tener otra lectura. Las regulaciones cambiarias podrían estar indicando que ya no son los bancos, los empresarios ni los sindicalistas privados los que están alarmados ante la estrategia de Fernández. O ante su falta de estrategia. Ahora es Pesce el que desconfía. Por eso prefiere el cepo a la devaluación o el desdoblamiento. Sin la red de un programa, que debería incluir un acuerdo sectorial, cualquier liberalización cambiaria sería catastrófica.
Esa resistencia no descarta el drama que quiere evitar. El Banco Central perdió más de 7000 millones de dólares en lo que va del año. Si se computan las tenencias de oro, las reservas líquidas netas fluctúan, según el economista que las calcule, entre 7000 y 9000 millones de dólares. Si se descuenta el oro, caen a 3000 o 5000. La habilitación del swap con China para que las reservas en yuang se vuelvan convertibles parece un sueño imposible: ya en la gestión de Mauricio Macri los chinos se negaban a esa operación, por temor a irritar más a los Estados Unidos. Los mejores profesionales calculan que el salto devaluatorio es inevitable. Y que lo producirá la crisis. Esa lectura supone que Pesce solo ha postergado lo que teme.
Es una variable política importante. Si el tipo de cambio va hacia una devaluación, ¿a cuántos meses de las elecciones va a ocurrir? La de Axel Kicillof fue en febrero de 2014. Faltaban 22 meses para los comicios. Es decir, tuvo tiempo para reabsorber el trauma. Cuanto más se demore la crisis, que la mayor parte de los agentes económicos consideran, en este marco, inevitable, más pernicioso será el efecto electoral para el kirchnerismo. Sobre todo por el impacto inflacionario, que es más corrosivo para los que menos tienen.
La conducta política del oficialismo agiganta el espectro de una turbulencia cambiaria. Al romper con Horacio Rodríguez Larreta, Fernández indicó que la regla general es el conflicto. Es la regla menos conveniente para una crisis a la que es difícil imaginarle una salida sin una gran convocatoria nacional. A la intransigencia con la oposición se agregan las pujas internas. La tormenta que se inició con el motín de los «pitufos» todavía no terminó. Los Kirchner, Cristina y Máximo, Sergio Berni y Axel Kicillof pusieron en cuarentena al aparato del PJ bonaerense. Salvo Mayra Mendoza, de La Cámpora, los demás intendentes del conurbano están bajo sospecha. En La Plata dicen haber registrado conversaciones sospechosas. No debería sorprender que aparezcan, enmascaradas en diversas convulsiones, represalias. En la provincia de Buenos Aires se ha desencadenado una peligrosa disputa de facciones.
El torniquete cambiario que reajustó Pesce se integra en este paisaje, que alarma a la opinión pública. La consultora Isonomía acaba de realizar un estudio que sorprende por algunas cifras inesperadas. Los que pronosticaban que este año sería peor que el anterior, que en marzo eran el 26%, en agosto fueron el 58%. Un 6% de los entrevistados no se identifica ni con Cristina Kirchner ni con Mauricio Macri. Pero tampoco con Alberto Fernández ni Horacio Rodríguez Larreta. En mayo eran el 1%. Es un nuevo grupo: el de los ni-ni-ni-ni. Habrá que seguir esa tendencia, que insinúa un fantasmagórico «que se vayan todos». Otra novedad extraña es la aparición de un 9% que se proclama «de derecha». Dentro de esa caja aparecen tendencias libertarias en lo económico y autoritarias en lo político. La protesta por la inseguridad pública y la protesta por la ortopedia que el Estado introduce en la vida privada. Las limitaciones de una cuarentena que se volvió eterna materializan ese malestar. No solo hay dólar blue. También hay restaurantes blue, adonde la gente va a comer, cumpliendo las prescripciones sanitarias, pero a escondidas del Estado.
