Empate jurídico en Bolivia sobre aceptar a Evo Morales como candidato a senador

Un tribunal especializado en cuestiones constitucionales en La Paz no pudo dirimir la habilitación del ex mandatario. Cómo se resolverá el caso

La pretensión de Evo Morales de presentarse a senador reapareció en el escenario electoral de Bolivia, esta vez mediante un recurso que sus representantes presentaron ante un tribunal a pesar de una primera determinación del organismo electoral que ya lo excluyó de esa posibilidad.

Un tribunal especializado en cuestiones constitucionales en La Paz no pudo dirimir la habilitación de Morales como candidato a primer senador por la región de Cochabamba, ya que sus integrantes quedaron con posiciones divididas al respecto, pues cuatro magistrados votaron a favor y cuatro en contra.

Ese empate jurídico se produjo tras más de cinco horas de audiencia, en la que los representantes del ex mandatario boliviano y quienes observan el recurso que presentó confrontaron argumentos en relación a una potencial habilitación que ahora deberá dirimir otro magistrado en un plazo de rigor de 48 horas.

“Evo Morales no puede ser candidato, ya que no cumple el requisito de dos años de permanencia previos a la elección”, además de que “no tiene domicilio” en Bolivia, ya que está “prófugo de la justicia”, aseguró a EFE el abogado constitucionalista Williams Bascopé, que presenció esta audiencia.

El ex jefe de Estado tiene abiertos en su contra varios procesos penales relacionados con supuestos delitos como genocidio, terrorismo, fraude electoral y estupro, por los que la Fiscalía emitió varias órdenes de aprehensión contra Morales, que está en Argentina.

Dilema por la residencia

Los representantes legales del ex presidente boliviano presentaron una acción de amparo constitucional ante una determinación anterior del Tribunal Supremo Electoral, que en febrero pasado determinó excluir a Morales de las listas de candidatos por no cumplir con el requisito de radicar en el país señalado en la Constitución, pero que sus abogados creen que vulnera sus derechos políticos.