Por Eduardo Gerome – Pese a la resistencia que generó en todos los estamentos, sean académicos, el Poder Judicial, colegios de abogados y a las masivas manifestaciones que se produjeron en todo el país para expresar su disconformidad.
El Gobierno insiste en sancionar la ley de reforma judicial y, para ello, apela a todos los métodos. Con una velocidad vertiginosa, las comisiones del Senado trataron y aprobaron el proyecto a escondidas de la oposición, que no pudo tener conocimiento de las últimas modificaciones que se habían introducido. El detonante resultó la llamada cláusula Parrilli, para amordazar al periodismo independiente. Una gran parte de la sociedad no tiene dudas sobre la verdadera razón del proyecto, que es la de evitar que sean condenados la vicepresidente y todos los que se hallan imputados del delito de corrupción en perjuicio del Estado y, por ende, de todos los contribuyentes.
Ello es lo que explica que, en medio de la pandemia y de la cuarentena a las que nos tienen obligados, mientras aumenta la pobreza y la indigencia a niveles extremos, cierran fábricas y comercios y la gente queda sin trabajo, el Gobierno se ocupe de querer sancionar una ley que no tiene ninguna urgencia y que requeriría, al menos, un serio tratamiento y el consenso de todas las fuerzas políticas. En lugar de eso, se optó por el camino opuesto, queriendo imponer el número para conseguir su sanción, sin escuchar a la oposición ni las objeciones de los especialistas.
Así, se prevé que el Senado trate el proyecto en su sesión de este jueves, donde podría conseguir su media sanción ya que cuenta con mayoría para lograrlo. No obstante, mucha gente concurrió al Congreso para hacer un abrazo simbólico y donde hicieron vigilia para poder manifestar su disconformidad al momento del tratamiento del proyecto de ley. Todos esos ciudadanos hacen uso del derecho de peticionar ante las autoridades, que tiene respaldo en la Constitución nacional.
Sin embargo, el verdadero problema que tiene el oficialismo se halla en la Cámara de Diputados, donde no le alcanzan los votos propios para formar quorum. Y, tal como es vox populi, para lograrlo apela a fórmulas que deberían estar desterradas de las componendas políticas, como es el haber hecho ofrecimientos a los gobernadores, entre ellos, que puedan elegir a quienes ocuparían los cargos que se crean con el objeto que presionen a sus legisladores para que voten a favor.
La votación en esa cámara va a estar reñida y, por ello, el ojo de la ciudadanía está puesto sobre los legisladores de la oposición, reclamando que hagan honor al mandato que sus votantes le otorgaron en las urnas.
