Moría tanta gente que las cifras del gobierno no podían ser correctas.
Las llamadas para recoger los cuerpos inundaban la oficina forense de Bolivia. En julio, los agentes recogían hasta 150 cuerpos por día, quince veces más de lo normal, dijo Andrés Flores, jefe forense del país.
La demanda en su oficina sugería que el recuento oficial de las muertes de la COVID-19 —ahora poco más de 4300— era muy bajo, dijo Flores.
Pero con las pruebas limitadas, y una crisis política que desgarra al país, las vidas adicionales que se han perdido en su gran mayoría no se reconocen.
Las nuevas cifras de mortalidad revisadas por el Times sugieren que el número real de muertes durante el brote es casi cinco veces mayor que la cifra oficial, lo que indica que Bolivia ha sufrido una de las peores epidemias del mundo.
El extraordinario aumento de la mortalidad, ajustado en función de su población, es más del doble que el de Estados Unidos, y muy superior a los niveles de Italia, España y el Reino Unido.
Desde junio han muerto unas 20.000 personas más que en años anteriores, según un análisis del Times de los datos del Registro Civil de Bolivia, una cifra enorme en un país de solo unos 11 millones de habitantes.
El seguimiento de las muertes (por todas las causas) da una imagen más exacta del verdadero número de víctimas de la pandemia, según los demógrafos, porque no depende de la realización de pruebas, que ha sido muy limitada en Bolivia.
Las cifras de mortalidad incluyen a las personas que pueden haber muerto por la COVID-19 y por otras causas porque no pudieron recibir atención médica.
“Es una situación muy cruel la que nos toca vivir”, dijo Flores, quien dirige el Instituto de Investigaciones Forenses. “Nos hemos quedado desnudos frente a esto”.
Con un sistema de salud precario, un gobierno descentralizado y una infraestructura deficiente, Bolivia tuvo problemas para contener enfermedades infecciosas como el dengue incluso antes de que llegara el coronavirus, dijo Virgilio Prieto, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud de Bolivia.
Pero su capacidad de respuesta fue socavada por unas elecciones impugnadas que llevaron a la destitución en noviembre del socialista Evo Morales, el entonces presidente. Una presidenta interina, la conservadora Jeanine Añez, asumió el cargo con la promesa de gobernar hasta que se celebraran elecciones.
