El Frente de Todos aprobó en el Congreso el dictamen del decreto de necesidad y urgencia que congeló las tarifas de televisión por cable e internet y anticipó que avanzará en una regulación y segmentación de los valores.
«La empresas nunca se autoregularon. El Estado tiene que estar», sostuvo el senador oficialista Pablo González durante la reunión remota de la bicameral de trámite legislativo, que fue impugnada por los legisladores de Cambiemos. Consideraron que no fue convocada 48 horas hábiles antes y que el protocolo de sesiones remotas de Diputados está vencido y por lo tanto no se puede dictaminar.
El diputado oficialista Marcos Cleri, presidente de la Comisión, interpretó que el plazo rige para días corridos y que el primer dictamen del año se firmó antes de iniciarse las reuniones virtuales en Diputados, amparados en el fallo de la Corte Suprema que habilitó esa modalidad en el Senado.
El DNU 690 congeló hasta fin de año las tarifas de internet, TV paga y telefonía móvil, pero además encuadró a las empresas como «un servicio público en competencia», la denominación que tenían en la ley de Argentina Digital sancionada en 2014 y fue derogada por Macri por decreto. Habilitaría al Estado a autorizar cada incremento.
Se trató de un golpe a las tres empresas de telecomunicaciones: Telefónica, América Móvil y Telecom, propiedad del grupo Clarín, que estudian la posibilidad de presentar amparos judiciales. El Congreso, justamente, no debate el contenido de los decretos sino su «constitucionalidad», o sea, si cumple con los preceptos para ser necesario y urgente y sortear el trámite del debate parlamentario.
De haber optado por ese camino, el Gobierno hubiera necesitado juntar una mayoría en Diputados que no tiene, mientras que un decreto está vigente desde su publicación y sólo puede ser anulado si las dos cámaras del congreso lo rechazan. La mayoría oficialista del Senado alcanza para sostenerlos.
González justificó la necesidad del DNU en la falta de internet dificulta el acceso a la educación y conocimiento «en función de la propia pandemia que los obliga a estar encerrados. Y en muchos casos no se puede tener una clase virtual por falta de una tarifa accesible. El decreto 267 de Macri buscó la auto regulación con el argumento de la falta de inversión y lo único que se hizo fue profundizar los monopolios».
Y sostuvo que «hay cuestiones que todavía» se deben «regular y trabajar», como «una tarifa diferencial para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), o una referencia para un servicio mínimo de TV, telefonía e internet que traiga equidad a las ciudades que están lejos. Porque los monopolios invierten en los grandes conglomerados, donde hay gente».
Un reclamo similar hizo en un comunicado el senador oficialista Alfredo Luenzo. «La conectividad es un derecho humano. Dada la configuración que están tomando las sociedades contemporáneas que son sociedades de la información, es fundamental establecer una política de estado al respecto para garantizar un piso mínimo de cobertura, de calidad de servicio y de tarifa».
El dictamen requiere una semana para ser tratado en el recinto y por lo tanto no entraría en la sesión de este jueves, convocada para debatir la reforma judicial. La bicameral aprobó además otros cuatro decretos presidenciales de este año. El 634/20, que prorroga hasta el 31 de agosto el plan de regularización de deudas, reemplazado ya por la moratoria fiscal. También el 643, que actualiza los planes de créditos de ProCrear por la variación salarial.
Y el 157, que creó la Agencia de Promoción de investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, como parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación; y el 582, que emitió títulos de deuda, que luego serán reemplazados por el canje.
