El interior del país también se movilizó y adhirió al “banderazo”, como ya había sucedido en las dos anteriores convocatorias. Si bien las entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace dieron libertad de acción a sus asociados, los sectores de productores autoconvocados fueron los que más estuvieron presentes en la organización de la movilización, especialmente los integrantes del Movimiento “Campo+Ciudad”, con la premisa de que se respeten los diferentes protocolos de seguridad y prevención del coronavirus, y el distanciamiento social.
Una de las anteriores movilizaciones fue en medio del avance del gobierno nacional para intervenir y expropiar la agroexportadora Vicentin, instalada en el norte de Santa Fe desde hace 90 años. Más allá que el gobierno decidió dar marcha atrás con dicho proyecto, la ciudadanía continúa movilizada en defensa de la propiedad privada.
Según informaron los productores autoconvocados, hubo manifestaciones en más de 150 distritos del país, pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, y Tucumán.
Entre las principales consignas de la movilización en los diferentes puntos del país, se encontraban el rechazo al proyecto del gobierno para reformar la Justicia, la defensa de la propiedad privada, y expresar la preocupación por el aumento de la inseguridad y del delito rural.
“La defensa de la división de poderes es uno de los principios fundamentales que promueve nuestra organización. Sólo con auténtica independencia entre la Justicia, el Congreso y el Ejecutivo puede haber un equilibrio que preserve los derechos y garantías que recoge nuestra Constitución Nacional”, manifestaron desde el espacio de productores autoconvocados “Campo+Ciudad”.
Y agregaron: “La importancia del rol de cada órgano se hizo evidente en el reciente conflicto por la frustrada expropiación de Vicentin. Las masivas movilizaciones ciudadanas exigían al Presidente de la Nación que desistiera en su intento de avasallar la propiedad privada, pero quien recogió el guante no fue Alberto Fernández, sino el juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores”.
Por otro lado, en relación a la reforma judicial que propone el gobierno nacional, desde el movimiento, dijeron: “La iniciativa la interpretamos como un intento más de poner de rodillas a la Justicia, se definirá en el Congreso. Pero, mientras tanto, la batalla por la independencia de la Justicia se libra en otro frente: el Consejo de la Magistratura”.
Es por eso que solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “confirme el fallo que declara inconstitucional la ley 26.080 que reformó el Consejo de la Magistratura. Asimismo, manifestamos nuestro respaldo a sus integrantes, y nuestro compromiso con su independencia y libertad de acción”.
Durante la movilización ciudadana realizada en la tarde de este 17 de agosto, la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas también se pronunció sobre la reforma judicial que busca implementar el gobierno. “Reaseguramos los postulados de la Constitución Nacional, asegurándonos que la Magistratura esté a cargo de jueces que hayan llegado al cargo por su probidad y antecedentes, libres de presiones y amiguismos y dispuestos a trabajar por una justicia independiente del poder político”, expresaron en un comunicado.
A su vez dijeron que el gobierno procede de manera “apresurada” con el objetivo de “encontrar los mecanismos para justificarla y llevarla adelante”. Y además señalaron: “Toda reforma profunda, y la Justicia lo es, sin duda que requiere de un sentido de oportunidad y consensos básicos, de lo contrario nace espuria y genera el efecto contrario al deseado. En cuanto a la oportunidad, la reforma propuesta resulta particularmente cuestionable, en el contexto de la emergencia sanitaria y económica, no podemos gastar energías en este momento tan delicado para el país”.
Rechazo en Córdoba
Un grupo de entidades vinculadas a sector de la producción de la provincia de Córdoba, con “un fuerte compromiso con la producción, la generación de empleo y la participación activa en el desarrollo económico y social provincial y nacional, realizaron un pronunciamiento sobre el proyecto del gobierno para reformar la Justicia, con el objetivo de “defender las bases constitucionales de la Argentina que son los pilares de la República y el Federalismo”.
Uno de los primeros planteos realizados fue hacerse eco de gran parte de la población que sostiene si es conveniente presentar este tipo de iniciativas en medio de la emergencia sanitaria y con un contexto económico muy delicado del país. “Si bien hay una necesidad de realizar una revisión de la efectividad del Poder Judicial con el objetivo de brindar un mejor servicio, hay dudas si tal debate es propicio en un momento como el actual donde la urgencia de la pronta recuperación económica y el combate de la pobreza deberían ser absoluta prioridad”, manifestaron.
Y comentaron: “Creemos que cuando sea el momento oportuno, será necesario transitar un debate con amplia participación y en búsqueda de un consenso genuino, donde se aseguren todos los mecanismos para comprender las necesidades de quienes requieren de la justicia: los ciudadanos y, también, las empresas. Si así estuviera garantizado un diálogo abierto y honesto, sentiríamos que se tratará de un debate constructivo con el cual valdrá la pena comprometerse y participar activamente”.
Por otro lado, recomendaron que el debate de la iniciativa del gobierno debería realizarse con “una amplia participación y en la búsqueda de un consenso genuino donde se aseguren todos los mecanismos para comprender las necesidades de quienes requieren de la Justicia: los ciudadanos y, también las empresas”.
