El derrumbe de la actividad llevó a medidas de emergencia, como el IFE; los ejes del debate sobre una futura estrategia frente a la pobreza y el desempleo
Problemas de vieja data que se agravan. Los efectos que dejarán la pandemia y la cuarentena en la realidad social de la Argentina tendrán sus síntomas en mayores índices de pobreza e indigencia y, muy probablemente, también en la profundización de déficits como el del acceso al mundo laboral formal o el de la terminalidad educativa. A la par de esas consecuencias, se va ampliando el desequilibrio fiscal (el déficit primario treparía a 8% del PBI este año) en gran medida por las acciones tomadas para contener el derrumbe de la actividad y de los ingresos en muchos hogares.
¿Qué hacer con la política de derivación directa de recursos estatales a familias, en el escenario que marque la pospandemia? En la actual situación, la asignación de fondos por fuera de los programas que ya existían se está dando a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de $10.000, que en la práctica se les paga cada dos meses a unas 8,9 millones de personas anotadas en los primeros tiempos del aislamiento obligatorio (la inscripción luego se cerró).
Más allá de que se haya puesto en debate la posible transformación de ese plan en una nueva modalidad de subsidio que quede instalada tras la pandemia, lo cierto que el universo del IFE no permite saber, al menos a simple vista, cuáles serán los problemas sociales y laborales por fuera del marco de la emergencia actual. Entre quienes lo cobran hay distintas situaciones de base, en cuanto a la situación laboral y, más allá de eso, hay también diferencias respecto de la posibilidad y del momento en que podría recuperarse algún nivel de actividad, en el caso de quienes estaban trabajando en los meses previos.
De los beneficiarios de ese ingreso, seis de cada diez son trabajadores de la economía informal, desocupados o inactivos (no trabajan ni buscan hacerlo). La incidencia de los inactivos es mayor en provincias donde hay bajas tasas de población económicamente activa y de empleo, como ocurre en Formosa o en Santiago del Estero, donde el IFE alcanza al 44,2% y al 48,9%, respectivamente, de la población de entre 18 y 65 años, y al 80,1% y 71% de la población activa, según un informe elaborado por la Anses.
«Todavía no hay definido», señala el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, respecto de qué pasará con el programa de ingresos en el futuro. Su idea de la política social para el futuro es que esté regida por tres ejes: el actual plan Potenciar Trabajo, que tiene 540.000 beneficiarios que perciben $8500 mensuales; un programa de ingreso de base (que se diferenciaría por tener contraprestaciones que podrían ser de terminalidad educativa en lugar de ser específicamente laborales) y las tareas de urbanización de 4000 barrios populares en el país.
Aun cuando tenga lugar un proceso de recuperación, o al menos un rebote, tras la fuerte caída de la actividad económica, es esperable que haya necesidad de subir el piso de protección social, según advierte el sociólogo Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El plan que se disponga para eso, agrega, debería ser puesto en clave transitoria. «Los programas como la AUH, el Progresar o las pensiones no contributivas deben continuar, pero el IFE y el Alimentar deberán ajustarse según los niveles de desempleo y pobreza», señala.
La medida de la eficiencia de los planes debería ser, en todo caso, la tasa de salida por parte de quienes los cobran. Para Salvia, un giro esencial sería dejar de pensar en «cómo dotar de ingresos a consumidores pobres», para empezar a pensar en «cómo dotar de empleo y trabajo con una remuneración constitucional y con derechos a las poblaciones inactivas, desocupadas o informales pobres».
La alta inactividad laboral en algunos lugares tienen que ver con la carencia de oportunidades. No hay dónde buscar empleo y falta impulsar herramientas materiales y cognitivas para que haya emprendimientos.
En que el criterio para evaluar positivamente un plan social tiene que ser la caída progresiva de la cantidad de personas alcanzadas es algo en lo que coincide Juan Luis Bour, economista jefe FIEL. Al pensar en pagos para desocupados, «la primera pregunta que hay que hacerse es cuál es el incentivo al empleo», agrega. Y dice que no hay que confundir una medida temporaria tomada en una emergencia con la instalación de un ingreso universal para el después. «En condiciones normales habrá que bajar el déficit fiscal», advierte. En todo caso, insiste, en los pagos sociales habría que plantearse cómo generar incentivos al salto hacia el empleo formal. Cita, como experiencias de otros países, la obligatoriedad para quienes reciben subsidios de presentarse a entrevistas de empleo a las que se los convoca, y el derecho a rechazar solo una cierta cantidad de propuestas.
«Hay tres ejes fundamentales para la agenda poscovid: acordar el perfil productivo posible y deseable para la Argentina y su relación con el mercado mundial; abordar reformas fiscales, tributarias, laborales, educativas, administrativas, comerciales y financieras en clave de reducir desigualdades y de superar las heterogeneidades estructurarles productivas, regionales y sociales; y repensar los sistemas de protección, hábitat y seguridad social para los más vulnerables», dice Salvia.
