Dióxido de Cloro Parlamento de Bolivia autoriza el uso de un polémico remedio contra el coronavirus

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó una polémica ley que autoriza el uso del dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19. El anuncio disparó la venta de esta sustancia que ya de por sí era popular en ciertos sectores de la población.

La norma señala que «las y los ciudadanos podrán utilizar la Solución de Dióxido de Cloro, como medio alternativo, para prevenir o tratar la infección y las consecuencias provocadas por el coronavirus», indica un boletín del Senado.

Agrega que la adquisición del producto no requerirá receta médica y que su aplicación debe hacerse «bajo consentimiento informado del paciente». Los legisladores tomaron en cuenta testimonios de gente que dice haber vencido al contagio con el producto y consejos de algunos médicos convencidos.

El solo hecho de debatir la iniciativa en legislativo abrió la venta del producto, incluso, con ofrecimientos hasta en las redes sociales.

El paso de la legislación boliviana causó rechazo en el Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez y ahora está por verse si su administración le pondrá vigencia. Poco antes de la aprobación, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, adelantó que el Poder Ejecutivo del país consultará a expertos antes de la posibilidad de promulgar la ley.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha desaconsejado su uso ante la falta de evidencia científica. El compuesto es un potente oxidante, utilizado para el tratamiento de agua o como blanqueador. Es promovido por algunas personas, fuera del ámbito científico y médico, como una supuesta cura para una gran variedad de enfermedades, entre ellas el COVID-19. Sin embargo, especialistas alrededor del mundo apuntan que se han registrado muertes tras su uso.

En los últimos meses el Ejecutivo no promulgó leyes aprobadas por el Legislativo, cuya mayoría está controlada por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del exiliado expresidente Evo Morales. A su vez, los legisladores se niegan a ratificar créditos internacionales que reclama el Gobierno, entre ellos uno del Fondo Monetario Internacional (FMI).