Por urgencias propias de la crisis institucional y el colapso sanitario derivado del coronavirus, hay sectores que no están teniendo la visibilidad que merecen en Bolivia. Un claro ejemplo es el de los presos que sufren el impacto de décadas de políticas penitenciarias erráticas, ahora potenciadas por la pandemia. En los últimos meses se produjeron motines en distintos penales luego de multiplicarse los casos de covid-19 intramuros.
En Bolivia existen 98 establecimientos carcelarios con una población de más de 18 mil presos, entre los que al menos 40 fallecieron por coronavirus y 159 se contagiaron, según datos celosamente custodiados por el ministerio de Gobierno.
Pero podrían ser muchos más, porque no se están aplicando los suficientes testeos. Siete presos del penal de San Pedro en La Paz, uno de las más hacinados de Bolivia, fallecieron la semana pasada a causa del coronavirus y 20 detenidos fueron aislados como casos sospechosos. De acuerdo al Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), los centros penitenciarios bolivianos presentan una sobrepoblación del 269 por ciento, una de las cifras más altas de la región.
«La situación de las cárceles en Bolivia es muy preocupante. La proximidad de las personas generada por el hacinamiento, su capacidad reducida para protegerse a través del distanciamiento individual, la mala alimentación, la falta de suministros médicos y de higiene, los sistemas de ventilación que fomentan la propagación de enfermedades transmitidas por el aire, las dificultades de poner en cuarentena a las personas que se enferman, son solo algunos de los problemas que hemos visto», asegura en diálogo con Página/12 la asesora de derechos humanos de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) para Latinoamérica, Teresa Fernández Paredes. La directora ejecutiva del ITEI, Emma Bolshia, coincide en destacar la gravedad de la situación y manifiesta su preocupación por la «ausencia de medidas suficientes, responsables y rápidas para la protección de las personas privadas de libertad».
Por urgencias propias de la crisis institucional y el colapso sanitario derivado del coronavirus, hay sectores que no están teniendo la visibilidad que merecen en Bolivia. Un claro ejemplo es el de los presos que sufren el impacto de décadas de políticas penitenciarias erráticas, ahora potenciadas por la pandemia. En los últimos meses se produjeron motines en distintos penales luego de multiplicarse los casos de covid-19 intramuros.
Las cifras del desastre
Algunos números alcanzan para entender la gravedad de la situación en los penales bolivianos. El hacinamiento supera el 269 por ciento. En 2006, había 7.782 internos y actualmente se cuenta con más de 18 mil. A eso se suma la carencia de personal para tareas de vigilancia y atención médica. Un solo policía vigila a 23 internos en promedio. Un médico, en tanto, atiende a 410 detenidos. Cerca del 70 por ciento de los presos cumplen prisión preventiva. Los datos corresponden al Censo Carcelario 2019 realizado con datos del Tribunal Supremo de Justicia, la Policía, el Servicio para la Prevención de la Tortura y el Régimen Penitenciario.
