La pandemia y, particularmente, la prolongada cuarentena han dislocado aún más la situación fiscal, tanto del lado del gasto como de los ingresos impositivos.
Mientras las erogaciones han crecido más que la inflación, los recursos han quedado muy por debajo. La enorme brecha fiscal está siendo cubierta con emisión monetaria, cuyo efecto sobre la inflación está demorado por la situación recesiva y por el peculiar y notable aumento de la cantidad de dinero en manos de una población sometida al aislamiento social. Cuando se supere esta etapa, el dinero emitido será gastado e inexorablemente impulsará la suba de los precios, lo cual obrará como un impuesto que recaerá principalmente sobre quienes dependen de un ingreso fijo.
La realidad es que el nivel del gasto público es el determinante de la exacción del Estado al bolsillo de la gente, ya sea mediante impuestos o con inflacionaria emisión. Como el desbocado gasto no ha sido reducido, las mediciones de la presión impositiva realizadas antes de la pandemia tienen plena vigencia.
Si nos apoyamos en un análisis elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, conducido por el economista Nadin Argañaraz, puede observarse que una familia tipo integrada por matrimonio y dos hijos, con un ingreso bruto mensual de 60.000 pesos, paga anualmente impuestos y aportes sociales por el 49,5% de lo que recibe. Esto quiere decir que entre el 1° de enero y el 29 de junio ha trabajado exclusivamente para el Estado. El 36,7% de lo que paga son aportes de seguridad social e impuestos nacionales; 7,8%, provinciales, y 4,9%, municipales. Cuanto más alto es el ingreso tanto más es lo que se lleva el Estado. Una familia con ingresos mensuales de 130.200 pesos, recién el 10 de julio comenzó a ganar para sí misma.
El peso de los impuestos sobre los ingresos de una familia tipo coloca a la Argentina en uno de los primeros puestos de una comparación internacional, con esta salvedad: los países que nos superan ofrecen a sus ciudadanos servicios del Estado mejores y más abundantes. No es el caso de nuestro país. Nuestros ciudadanos tratan, cuando pueden, de proveerse de servicios privados, ya sea de educación, salud o seguridad.
El cumplimiento impositivo, además, es sumamente complejo de administrar. Más de 150 impuestos y tasas se le presentan a todo contribuyente que está sujeto a una autoridad municipal, provincial y nacional. Sin exagerar, puede decirse que, salvo un monotributista o un trabajador de muy bajos ingresos, el resto de los ciudadanos deben recurrir al asesoramiento de un especialista para cumplir con sus obligaciones fiscales, y pagar por él. Cualquier ciudadano correría un serio riesgo de equivocarse y ser penalizado si intentara liquidar personalmente sus impuestos. En el supuesto de que dedicara tiempo a aprender cómo hacerlo, igualmente fracasaría debido a las permanentes modificaciones.
Una de las cualidades de un asesor impositivo es la lectura diaria del Boletín Oficial y de las minutas de la AFIP, la Anses y los entes recaudadores de las provincias y municipios de sus clientes. Eso no es todo: las declaraciones se envían por internet y los pagos mediante transferencias bancarias exigen el manejo de claves que cambian periódicamente.
El desarrollo de la tecnología permite hoy en el mundo un más afinado control de la evasión impositiva. Los entes recaudadores cruzan información con algoritmos de big data que permiten cotejar datos de diferentes fuentes y archivos. A pesar de ello, la evasión en la Argentina sigue teniendo importancia. Hay una cantidad significativa de ciudadanos que, estando teóricamente alcanzados, no están registrados. Igualmente, una parte del comercio, los servicios profesionales y los oficios es parcial o totalmente informal. Esto implica que la presión tributaria no se distribuye equitativamente y carga con más peso sobre los registrados que cumplen. A la ausencia de equidad se suma una evasión alentada por periódicas moratorias y blanqueos. Esta referencia viene al caso cuando se está en vías de instrumentar una amplia moratoria que incluiría a aquellos que retuvieron impuestos de terceros y no los transfirieron a la AFIP. Un generoso regalo para algunos amigos del poder y para sospechosos de haber estafado al fisco.
Una reforma fiscal debería revisar el sistema en su conjunto para establecer regímenes simplificados más equitativos, que penen en tiempo y forma a los evasores y que eviten también dobles imposiciones. Nuestro país no podrá salir del círculo vicioso de la inequidad tributaria, la informalidad laboral y el desaliento a la inversión y a la creación de empleo, si no se corrige la evasión y si no se reduce el peso del Estado. Ante la reciente renegociación de la deuda pública con los acreedores privados, es necesario que el Gobierno se aboque al diseño de un plan económico integral que tenga en cuenta esos preceptos.
