La situación de Lula en Brasil y el pedido de detención contra Evo Morales en Bolivia son tomados como pruebas irrefutables de esa hipótesis sustentada en el concepto de lawfare. Esa es la causa de la urgencia con la que el Poder Ejecutivo enviará esta semana al Congreso una reforma judicial con la poco disimulable intención de hallar una salida a los expedientes más comprometedores para Cristina Kirchner. Un proyecto que incluye reformas en el Consejo de la Magistratura y el fuero federal. Sin embargo, la ampliación del número de miembros en la Corte Suprema es su capítulo sobresaliente.
Y también la razón para la tregua en la disputa interna del Frente de Todos que promueve Máximo Kirchner. El hijo de la vicepresidenta sigue siendo crítico de las gestiones de Fernández y Kicillof. Lo que varió es el juicio sobre el contexto político negativo por el agravamiento de la situación económica. Hace temer por el éxito de algunas iniciativas con las que el oficialismo espera disipar el riesgo latente de una derrota en las elecciones del año que viene. La aparente revocatoria de las concesiones a las proveedoras de energía eléctrica en el área metropolitana es uno de los planes más ambiciosos que se analizan. Aunque Edesur concentra la mayoría de las quejas de los usuarios por la prestación del servicio, la composición accionaria de Edenor es lo que podría darle factibilidad a esa operación.
Con el 26,81% de los papeles, la Anses es el inversor más importante después de Pampa Energía (54,37%), propiedad de Marcelo Mindlin. El Estado no tiene participación en Edesur. Mindlin estuvo el 22 de junio en la cena compartida por empresarios con Máximo, Massa y De Pedro. Son movimientos seguidos con atención en el mercado energético. Sobre todo por el rumor que circuló el 16 de julio. Ese día el directorio de Edenor habría recibido el pedido de documentación más específica de sus balances por parte de los representantes del Estado: Diego Leandro Rozengardt, Haroldo Montagu y Gonzalo Guiraldes.
Es lo que otorga relieve a lo que tuiteó Grabois 4 días antes: «Edesur ganó 12.600 millones de pesos en 2019 por un servicio pésimo mientras el país se hundía. Hoy sabotea los barrios populares del conurbano sur. Corta el suministro para generar quilombo y exigir tarifazos. La luz es un derecho. Edesur es Macri». Con ligeras variaciones, el mensaje fue repetido este fin de semana por intendentes peronistas del conurbano con la intención de asociar al expresidente con la empresa. Nadie sabe todavía si esa estrategia incluye un próximo paso. Es decir, hacer público lo que se insinúa en privado. La presunta vinculación de NickyCaputo con Edesur, que es desmentida por sus autoridades.
El supuesto sabotaje en las periferias de los municipios aludido por Grabois desnuda la preocupación por el impacto político que tiene en ellos la suspensión del servicio. Pero también permite inferir el antídoto imaginado para contrarrestarlo. El congelamiento de la tarifa hasta 2022, como reveló anteayer Diego Cabot en la nacion.En las compañías especulan que si esa medida es adoptada, podría regir durante todo el mandato de Fernández. Aunque atan esa posibilidad a lo que ocurra en los comicios de 2021. Es la cuestión latente en el tuit de Grabois. Más que a los intendentes, defiende el capital electoral de Cristina en la tercera sección electoral.
Después de la primera derrota de Kirchner, en 2009, Cristina postuló un cambio radical en la relación con los intendentes para la segunda mitad de su primer gobierno. La distribución de ayuda social sustituyó a la entrega de obras públicas a los municipios. Además de buscar una relación directa con los electores, supuso un castigo a la conducta de los jefes comunales. El propio Kirchner habría intervenido para que Ishii amenazara con desarrollar una supuesta caza de traidores. Tarea que el intendente de José C. Paz no llegó a concretar pese a la asistencia logística que habría recibido de la familia Eskenazi. Otros tiempos.
La estrategia de Cristina surtió efecto. Los beneficiarios siguen asociándola al asistencialismo. Aun en la gestión anterior, cuando no era parte de ese gobierno. Máximo pretende conservar intacto ese activo. Por eso maniobra para recuperar cierta armonía. El problema es que llegar a ese estado sería imposible sin introducir cambios en el Gobierno. Ahí es donde decrece la predisposición a colaborar que los intendentes expresan con el tema de las compañías eléctricas. En especial cuando se delibera sobre la inseguridad, fuente de discrepancias. Los jefes comunales reclaman a Kicillof la compra de mil patrulleros y la contratación de mil nuevos efectivos. Una inversión de 12.000 millones de pesos que el gobernador no estaría dispuesto a hacer.
Los intendentes amenazan con una gestión directa ante Fernández para conseguir los fondos. De obtenerlos, no querrían que Berni hiciera usufructo de ellos. Es la primera contradicción que asoma con el Presidente. Fernández no desearía cargar con la supuesta contrapartida menos grata si la operación se concreta. Que el ministro de Seguridad bonaerense reemplace a Frederic. Una posibilidad que sonó fuerte en el oficialismo. Las declaraciones cruzadas de la semana pasada condensaron esa tensión. El kirchnerismo critica a Fernández no haber previsto la inseguridad como un tema prioritario de su agenda de gobierno. Un aparente error ocasionado por la base elegida para el cálculo. El traspaso de la Policía Federal a la ciudad y la responsabilidad de cada gobernador sobre las fuerzas de seguridad provinciales.
Aunque hacen hincapié en la falta de antecedentes de Frederic. Una antropóloga con cátedra en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo del sindicalista Víctor Santa María. La ministra intenta un acercamiento con los intendentes reacios a Berni con el envío de tropas a una decena de distritos del Gran Buenos Aires. La brecha es difícil de salvar. De los 3000 efectivos comprometidos se enviaron 480 a Moreno, La Matanza, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Avellaneda, Quilmes y Florencio Varela, agrupados a razón de 60 por municipio.
Allí se dividen para cumplir 2 turnos de vigilancia cada 12 horas. Parece insuficiente para atender la crisis denunciada por los intendentes. Provocada, en parte, por la pandemia. La policía registra nueve muertes a causa del Covid-19 y alrededor de 3000 contagiados. Un tablero complejo, sacudido por lo que hasta ahora parecen habladurías. Algunas certifican que Boudou asesora en la revocación de las concesiones a Edenor y Edesur. Una propuesta que hizo pública el pasado 20 de marzo. Los oficialistas más acérrimos reivindican su experiencia en ese rubro con la estatización de los fondos de pensión y de Ciccone Calcográfica. Otra le da crédito al ingreso de Aníbal Fernández en el gabinete. Relevaría al ministro de Energía, Sergio Lanziani, para aportar locuacidad a ese relato del futuro. Mientras tanto, el presente encuentra a Máximo en una función inesperada. La del dirigente encargado de regresar al kirchnerismo a cierto estado de equilibrio.
