Aunque semanas atrás el concejal de Guachipas Héctor Cari fue imputado por la justicia provincial y hasta se le ha requerido juicio ante el juzgado de garantías 4, por haber cobrado los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ahora la fiscal Verónica Simesen de Bielke, se declaró incompetente en la investigación sobre posibles cobros irregulares del IFE por parte de al menos 20 funcionarios provinciales.
Bielke tomó esta decisión porque entiende que la maniobra defraudatoria sería en perjuicio de un organismo nacional (Anses), por lo que el hecho resulta de competencia federal.
Simesen de Bielke remitió al Fiscal Federal la averiguación Preliminar que contiene el informe de la División Delitos Económicos y distintos elementos probatorios; junto al listado agregado con datos de funcionarias y funcionarios que habrían accedido al pago del IFE.
Bielke recalcó que el decreto por el que fue creado este Ingreso Familiar de Emergencia estableció con claridad las exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al acceso aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.
Así, desde la fiscalía enfatizaron que tratándose de funcionarios públicos el desconocimiento de la normativa no deviene en una excusa que permita eximirlos de responsabilidad penal, máxime en el contexto actual en el que nos encontramos a raíz de la declaración de emergencia económica.
Asimismo, señalaron que se vislumbran como posibles hipótesis de investigación, las de aquellos que se inscribieron en el IFE siendo funcionarios públicos y que no accedieron al beneficio como aquellos que cobraron el beneficio.
