Las recientes contradicciones que aporta la palabra presidencial se enmarcan en un contexto de presiones sobre el titular del Poder Ejecutivo que alienta su vicepresidenta. Los cuestionamientos que partieron de Cristina Kirchner o de algunos de sus acólitos responden básicamente a un propósito: que el jefe del Estado no muestre dudas a la hora de avanzar hacia una reforma judicial a medida de la impunidad para ella, su familia y otros exfuncionarios de su gobierno.
Cuanto más se demore la solución a los problemas judiciales de la expresidenta, mayor será su presión sobre las decisiones del primer mandatario en todos los ámbitos de su gestión. Al menos eso es lo que marca la dinámica política más reciente.
Hace pocas semanas, el Presidente de los argentinos había afirmado que quienes se sumaron a los banderazos y a las protestas derivadas del intento expropiador de la empresa Vicentin eran «gente confundida». Es también común en él tratar a los periodistas como personas confundidas, incapaces de ver la realidad más allá de supuestas anteojeras ideológicas.
Pero lo cierto es que algunas de las sucesivas marchas y contramarchas declarativas del primer mandatario justificarían plenamente ese presunto estado de confusión en la sociedad. La incertidumbre se hizo extensiva a las huestes del propio kirchnerismo, luego de que el Presidente admitiera que la idea de expropiar Vicentin había sido un error personal.
El desconcierto en el cristinismo también anidó después de que el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Federico Villegas, expresara su preocupación por las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela. Tras las críticas desde el kirchnerismo, Alberto Fernández debió salir a poner paños fríos y aclaró que nunca desconoció la legitimidad de la administración de Nicolás Maduro. Casi al mismo tiempo en que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, o de este lado del charco Sergio Massa, subrayaban que en Venezuela hay una dictadura.
Presa de un prematuro conflicto ideológico que siempre trae malos recuerdos cuando se analizan las complejidades internas del peronismo, el Presidente también justificó el acuerdo firmado con Irán por el gobierno de Cristina Kirchner, pese a que en febrero de 2015, en un artículo con su firma en LA NACION, señalara que aquel pacto era la prueba del encubrimiento del atentado contra la AMIA.
A renglón seguido, Alberto Fernández anunció que esta semana, finalmente, sería presentado el proyecto de reforma judicial que tanto impulsa el cristinismo.
Cada vez que el Presidente reitera que «nunca más» lo van a ver peleado con Cristina, la pregunta que queda flotando es si va consentir a la vicepresidenta en todo lo que ella pretenda. Concretamente, hasta adónde llegará la influencia de la expresidenta en las decisiones económicas.
La indirecta objeción de Cristina Kirchner a la presencia de representantes del empresariado junto a Alberto Fernández en el acto que este encabezó por el 9 de Julio no deja de llamar la atención. También sorprende la exagerada demora del Poder Ejecutivo para avanzar con un proyecto que con tanto entusiasmo había apoyado el Presidente en su momento: la conformación de un Consejo Económico y Social. La respuesta podría pasar por la resistencia cristinista a que en las sillas de ese consejo, una vieja iniciativa de Roberto Lavagna, se sienten representantes del empresariado que no sean de su agrado. Curiosamente, se trata de algunos de los mismos empresarios que vienen manteniendo contactos con varios integrantes de la coalición oficialista, entre los que se destaca el propio Máximo Kirchner.
