La película es conocida y muestra una vez más la sábana corta con la que cuenta el Gobierno en materia de políticas. La decisión de mantener congeladas las tarifas de servicios energéticos tiene su correlato en el alza interanual de 74,9% en los subsidios económicos en los primeros cinco meses del año. Y, a diferencia del aumento en gasto fiscal en programas sociales para contener la crisis de la pandemia, esto subsidios no son transitorios, sino que se incrementan a tasas de dos dígitos producto de la devaluación de la moneda.
En concreto, en los primeros cinco meses del año las transferencias corrientes sumaron $115.671 millones, lo que implica un incremento nominal de $49.548 millones respecto a igual periodo de 2019, según datos del Instituto Argentino de Energía (IAE) «Gral. Mosconi». En dólares, el Tesoro destinó a subsidios energéticos 1720 millones, según la cotización mayorista.
Cammesa, la compañía con control estatal que ordena los despachos de energía eléctrica, recibió el 80% del total de transferencias, con $95.500 millones y un aumento de 309% interanual, según señaló en su informe Julián Rojo, economista del IAE. «Por otra parte, según el presupuesto abierto, los subsidios energéticos devengados acumulados al mes de junio solo para Cammesa suman $138.000 millones; esto equivale a US$2050 millones», analizó.
Dado el contexto actual de emergencia económica, el Gobierno extendió el congelamiento de tarifas de gas y luz, que finalizaba a fines de junio, por seis meses más. Como los servicios no se actualizan desde marzo del año pasado en el caso de la electricidad y desde abril de 2019 para las boletas de gas, cuando finalice 2020 habrá un atraso en la tarifas de 20 meses, con una inflación acumulada del 70% y una devaluación en el orden del 40%.
Lo más preocupante para el Tesoro es el incremento en transferencias a Cammesa. La compañía compra la electricidad a las generadoras y la factura a las distribuidoras, pero no traslada el costo total de la generación. Hoy, el usuario final paga solo un 50% del costo. A medida que aumenta la devaluación, este costo aumenta, pero las tarifas siguen congeladas. Por otro lado, no todas las empresas distribuidoras le giran el total facturado por la generación de electricidad a Cammesa. Al momento, la tasa de cobrabilidad de la compañía con control estatal es del 70%; es decir, tres de cada $10 que facturan las distribuidoras lo retienen y no lo giran a Cammesa, por lo cual el Estado debe aportar más de la mitad del costo de generación.
En el Gobierno señalaron también que el aumento en el gasto se debe a las deudas que heredaron de la administración anterior. «El Tesoro se está poniendo al día con aportes del año pasado que el gobierno anterior dejó colgados, para compensar la caída en la cobranza de los meses más complicados», en referencia a las semanas en las cuales cayó mucho el pago de tarifas producto de la cuarentena. En total, según fuentes oficiales, se pagaron $70.000 millones por deudas pasadas: $30.000 millones por el pago de gas a Ieasa (ex-Enarsa) y $40.000 millones a las generadoras.
En el caso del gas, el Gobierno no subsidia las tarifas de forma directa, salvo para los usuarios residenciales de la Patagonia. Para ellos, el Tesoro destinó $3574 millones, lo que implica un aumento nominal de 14,1% (muy por debajo a la inflación interanual de 43,4% para el mismo periodo). Asimismo, destinó $2690 millones por el programa de estímulos a la producción para las empresas. Estos datos son hasta mayo, por lo cual no incluye las transferencias por $18.500 millones que autorizó el Gobierno el mes pasado, por pagos atrasados, para incentivar la producción en la época de mayor demanda por las bajas temperaturas.
La buena noticia fue que, producto de la crisis económica mundial, los precios del gas cayeron a niveles históricos, lo que permitió un ahorro significativo en las importaciones de gas natural licuado (GNL). Según datos de Ieasa, el precio promedio pagado fueron US$2,87 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), menor a los US$5,92 que se pagaron en promedio el año pasado.
«Las transferencias en subsidios podrían aumentar si que el congelamiento de tarifas se mantiene demasiado tiempo y si durante ese tiempo, hay una recomposición importante de los precios de los insumos de la generación eléctrica que dispare los costos», advirtió Rojo.
Empresas en rojo
Así como se incrementaron los gastos en subsidios, las empresas distribuidoras de gas y electricidad también tuvieron un aumento en los costos por la inflación, pero sus ingresos se mantienen sin actualización desde marzo y abril del año pasado. En el caso de la electricidad, algunas distribuidoras compensan esos menores ingresos con la retención de la facturación que le corresponde a Cammesa. Para las distribuidoras de gas, el congelamiento se percibe en un atraso en el pago a las productoras.
Según las empresas distribuidoras de gas, el incremento que les equivale está atrasado más del 50%. Para las distribuidoras de electricidad, el atraso es de 47%, lo que significa un aumento en la tarifa final de 22%, ya que la boleta incluye también el costo de generación, de transporte e impuestos.
«En 2019, los clientes de Edenor recibieron casi US$500 millones de subsidio del Estado solamente. Ahora, en el área de servicio de Edenor, el 70 % de la gente paga 4 o 5 veces la factura eléctrica en cable y en teléfono e internet. La mitad tiene auto. Un tanque de nafta por mes es cuatro veces la factura promedio de Edenor. Por lo cual creemos que, así como hay gente que está 18 horas detrás de la salud pública, tenemos que encontrar un grupo de gente que empiece a pensar en esto», dijo ayer el presidente y CEO de Edenor, Ricardo Torres, en declaraciones al portal EconoJournal.
