Los casos de torturas y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad registraron durante 2019 un salto de más de 50%, señala un estudio que difundió el martes el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país. Provea refiere en su informe anual que durante el año pasado se reportaron 574 víctimas de torturas, superando en más del doble las cifras de 2018 cuando se registraron 109 casos.
“Genera alarma el asesinato de 23 personas a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública”, indica el informe.
El documento, basado en denuncias de los familiares de las víctimas y reportes de prensa, además señala que el registro de fallecidos por torturas supera las cifras de las últimas tres décadas. “Las torturas se aplicaron en las cárceles y comisarías del país contra los más pobres y los disidentes más temidos por la dictadura: los militares”, sostiene el estudio.
Uno de los casos que generó mayor polémica fue el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que murió a mediados del año pasado a consecuencia de las torturas que recibió tras ser detenido por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Por el caso la Fiscalía General imputó a dos militares a los que les dictaron cargos por el delito de “homicidio preterintencional concausal” en medio de críticas de activistas y opositores que exigieron que los implicados fueran procesados por la ley contra la tortura y se les aplicaran sanciones más severas.
De igual forma, Provea llamó la atención sobre los casos de 2.102 asesinados en 2019. De éstos, 1.045 murieron a consecuencia de “intervención de policías y militares”. Para el año anterior se reportaron 663 casos de violaciones al derecho a la vida.
