Por Alvaro de Lamadrid – Lo expuesto se evidenció en la cronología del tiempo desde ese momento hasta el presente, donde convirtió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un órgano servil y domesticado al poder político, se apropió de las funciones del parlamento y se aniquiló la existencia de todo vestigio de actividad privada y de prensa independiente. Todo ello, logrado en sintonía con las recurrentes reformas electorales llevadas a cabo en la provincia (29 en total, desde el año 1991 a la fecha) las cuales fueron trajes a la medida de cada elección, para lograr afectar definitivamente la disputabilidad del poder en la provincia.
Todas estas situaciones, terminaron con la posibilidad de alternancia en el poder. La alternancia en el poder es en definitiva una característica y presupuesto esencial del sistema democrático.
Vicentin tiene su antecedente en Santa Cruz y ello muestra que la intervención y expropiación dispuesta por el presidente Alberto Fernández mediante Decreto 522/2020. Es parte del plan de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, en su afán de nacionalizar el modelo de Santa Cruz.
La metodología utilizada en Vicentin tiene su antecedente instrumental y retórico en Santa Cruz. A comienzos de 2012, la pesquera de capitales españoles Viera Argentina S.A. padecía una transitoria situación de iliquidez. Sin perjuicio de ello, contaba con valiosísimos activos. Frente a los problemas económicos de esa compañía, y pese a que intentaba superar la situación, el accionar coordinado de las autoridades nacionales, provinciales y los dirigentes sindicales de Santa Cruz, apuntaba a frustrar, una a una, las distintas soluciones intentadas por la empresa para salir de la crisis financiera.
El gobierno provincial a cargo de Daniel Peralta, con directivas de la entonces presidenta Cristina Kirchner, actuaba con el indisimulado propósito de desapoderar a Vieira Argentina S.A. de sus activos productivos, tal como estaba sucediendo por aquel tiempo con Repsol YPF a nivel nacional.
En efecto, al advertir las dificultades financieras de Vieira, las autoridades nacionales, provinciales y los dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) aprovecharon el creciente clima de hostilidad hacia los inversores extranjeros (especialmente los españoles), a través de una serie de acciones dirigidas a profundizar los problemas empresarios de esa empresa, hasta llegar a consumar el desapoderamiento de sus buques e instalaciones mediante el desplazamiento de sus administradores en Puerto Deseado.
El gobierno provincial a cargo de Daniel Peralta, con directivas de la entonces presidenta Cristina Kirchner, actuaba con el indisimulado propósito de desapoderar a Vieira Argentina S.A. de sus activos productivos, tal como estaba sucediendo por aquel tiempo con Repsol YPF a nivel nacional
Entre las acciones que llevaron a esa firma a su colapso se encuentran las amenazas de bloqueo de la zarpada de los buques que las autoridades provinciales prohijaron con apoyo del gobierno nacional y el notorio acercamiento y entendimiento entre directivos gremiales y autoridades provinciales. El acuerdo de Vieira con KIA Argentina, por el cual la empresa pesquera se comprometió a realizar exportaciones de pescado y mariscos, a cambio de que KIA Argentina S.A. efectuara adelantos financieros, fracasó. Fue consecuencia del accionar de la provincia.
Asimismo, Vieira había firmado un acuerdo de comercialización con Newsan por el cual dicha empresa se comprometió a adquirir todo el producto descargado por los buques de la pesquera durante la temporada de langostino. Este acuerdo habría dado a Vieira un flujo de fondos clave para afrontar el pago de sus obligaciones con el personal y los proveedores, necesario para continuar operando. También el acuerdo se frustró ante las amenazas de expropiación estatal y la imposibilidad de salir a pescar por las medidas de fuerza gremiales impulsadas por el sindicalismo que trabajó para bloquear las posibilidades de la empresa.
En aquel momento, la empresa de capitales españoles mantenía vigente un convenio similar para tres buques pesqueros. Con Argenova S.A., se llegó a un acuerdo por el cuál se le alquilaron cámaras de frío, a cambio del pago de un canon mensual. Sin embargo, las medidas de fuerza adoptadas por el sindicato y la provincia le prohibieron, con la finalidad de frustrar estos acuerdos, el acceso a las instalaciones. Hasta quedó pescado dentro de las instalaciones al que Argenova no pudo acceder.
Además, se hicieron contactos para el charteo de un barco a Pesquera Deseado, que tampoco pudo concretarse por las agobiantes medidas de fuerza. El accionar del propio gobierno nacional y provincial se encargó de frustrar todas las alternativas comerciales que iba intentando la empresa para salvar la delicada coyuntura.
Frente a esta situación, Vieira Argentina incluso promovió, sin éxito, acciones penales a efectos de procurar una pronta normalización de la situación. Y fue como consecuencia de las presentaciones efectuadas en tal sentido, que se tramitaron las causas «López Norberto Rogelio s/Dcia. (Vieira Argentina)» (expte. nº 5390/12) y «López Norberto Rogelio s/Dcia. (Vieira Argentina)» (expte. nº 5404/12).
En definitiva, la preconcebida actuación de las autoridades nacionales y provinciales frente a la difícil situación por la que atravesaba Vieira Argentina no hizo más que agravar su estado, provocándole importantes perjuicios adicionales y contribuyendo a que se concursara fruto del colapso operativo del que fue víctima.
El último golpe, casi demoledor, fue sufrir el ilegal desapoderamiento de sus bienes en la ciudad de Puerto Deseado y de los siete buques pesqueros de altura. En efecto, en agosto de 2012, el gobernador Daniel Peralta decretó la intervención de todos los activos productivos de Vieira.
El artículo 1° del Decreto 1737, del 27 de agosto de 2012, dispuso la intervención transitoria, por un plazo de sesenta días, de la filial Puerto Deseado de Vieira Argentina, quedando incluidos, entre otros activos, la planta de procesamiento en dicha ciudad y los buques pesqueros. Conforme a dicho artículo, la intervención tenía como fin «asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos, y procurar la preservación de las fuentes de trabajo». El decreto y la ley que lo ratificó se publicaron en el Boletín Oficial de la provincia el 20 de septiembre de 2012. Así se concretó, la ilegal toma de posesión de los activos de Vieira Argentina S.A. por el interventor.
El interventor no pagó los sueldos, ni las cargas sociales del personal, ni los servicios públicos necesarios para la continuidad del funcionamiento de los activos e instalaciones que se declararon sujetos a expropiación; no llevó a cabo el mantenimiento de las instalaciones en tierra y de los buques pesqueros; no adoptó los recaudos para que los buques desarrollaran efectivamente la actividad a la que estaban destinados conforme a los permisos de pesca otorgados por las autoridades nacionales bajo la ley federal de pesca, entre el 31 de agosto de 2012 y el 20 de diciembre de 2014.
Consciente de las graves responsabilidades incurridas conforme a lo expuesto, mediante acuerdos del 7 de noviembre y 19 de diciembre de 2014, el gobierno provincial obligó a Vieira Argentina a renunciar a cualquier derecho o reclamo con motivo de la antijurídica actuación previa de la provincia, como requisito para recuperar sus activos. La Empresa aceptó la devolución y se dejó por ley sin efecto la expropiación, después de dos años que la provincia administró la empresa cometiendo desastre tras desastre y asignando fondos sin control alguno.
La expropiación de Vieira, como la que se procura hoy con Vicentin S.A esconde un interés oculto no declarado, que de ningún modo resultan ser los eslóganes y buenas intenciones que desde la retórica se esbozan. Vieira S.A escondía otro interés, que no era la situación de sus trabajadores que se puso grave a partir de la expropiación y no antes. Aquella expropiación, procuraba tener para disponer más de 80 buques, sus instalaciones y contenedores para otros fines.
Hoy, la expropiación de Vicentin S.A no busca la continuidad laboral de sus trabajadores ni la soberanía alimentaria, sino quedarse con la matriz productiva y el control de la comida de los argentinos, en una acción gubernamental que se conjugara con otros proyectos para intentar llevar adelante este cometido, como son el proyecto de instaurar una Junta Nacional de Granos, que el Estado se quede con una participación accionaria en aquellas empresas que reciben ayudan oficial y la reforma agraria.
La expropiación de Vieira, como la que se procura hoy con Vicentin S.A esconde un interés oculto no declarado, que de ningún modo resultan ser los eslóganes y buenas intenciones que desde la retórica se esbozan. Vieira S.A escondía otro interés
Pocos advierten y señalan que es YPF Agro quién tendrá a cargo el manejo de Vicentin, tal como lo dispuso el decreto de intervención para expropiar, del 9 de junio de 2020. YPF no está en condiciones de hacerse cargo de Vicentin. Una prueba contundente de esto es el caso de la Empresa Exmar, quién por comunicado del 25 de junio pasado ha señalado que la petrolera estatal va a incumplir el contrato que los vincula alegando fuerza mayor, a raíz de su delicada situación económica que ha originado bajarles el sueldo a sus empleados y conminarlos a que se acojan a un retiro voluntario, además de no estar pagándoles a sus proveedores.
El futuro de la Argentina es una advertencia. Como ocurrió en la provincia de Santa Cruz el populismo es un camino que al principio puede lucir como democrático. Sin embargo, cuando se produce su afianzamiento, cuando desde el poder se llenan los tribunales con jueces propios que permiten medidas que violan la constitución nacional, se destruye el poder judicial. Cuando se considera que cualquier institución fuera del control del poder es un obstáculo que debe superarse, estas desaparecen. Cuando se intenta amordazar al parlamento, la democracia cruje. Cuando el poder manda un mensaje aterrador, que es que «aquel que se opone al Gobierno y su proyecto es un enemigo del pueblo» se termina por destruir los pilares más básicos de la democracia.
La provincia de Santa Cruz nos muestra en su pasado y presente hacia donde se quiere llevar a la Argentina. Vieira S.A muestra que hoy Vicentin es una pieza de ese engranaje que nos quiere llevar a Santa Cruz. Debemos impedir que el futuro de la Argentina sea Santa Cruz y que se nacionalice ese modelo.
