No son momentos fáciles para las pymes. Detrás de las postales de persianas bajas que recorrieron los medios la semana pasada hay otra realidad pesada: a todo el costo emocional que implica para alguien cerrar su negocio, se le suma una cuenta onerosa de gastos que nadie imagina que podría tener, porque en la mayoría de los casos, nadie emprende para finalizar su actividad.
Esa cuenta va desde lo más grueso, como las indemnizaciones de los empleados, hasta lo más fino, como el costo del flete para desarmar un local. Por ejemplo, en el caso de Bad Toro, la cervecería de Plaza Serrano que cesó su actividad por estos días, la cuenta es de aproximadamente $4 millones, estima su dueño, Santiago Olivera. Dice que pudo conversar con casi todos sus 15 empleados y llegó a un acuerdo para indemnizarlos. Por la falta total de ventas, el empresario gastronómico no solo arrastraba deudas de alquiler, sino también con proveedores y con servicios como la luz y el gas, que deberá cancelar por el cierre de su local.
El de Olivera es uno de los tantos casos que, se calcula, están bajando las persianas por el contexto, que implica una caída tan pronunciada de la demanda que en muchos casos dejó a comercios con facturación cero. Las alternativas cuando se toma la decisión de cerrar son tres. Ninguna es feliz, rápida ni barata.
La primera es, simplemente, bajar la persiana. Es el camino que toman varias sociedades unipersonales y pymes sin demasiada estructura, dice la contadora Silvia Gómez Meana. En el medio, pagar todo lo que se pueda. Como hay prohibición de despidos, el camino que queda es pedir que los trabajadores envíen un telegrama de renuncia e indemnizarlos correctamente: es decir, al 100% y con la doble.
Si la situación del negocio es catastrófica, y en el caso de que no se llegue a pagar la indemnización por completo, los empleados podrían iniciar juicios laborales o pedir la quiebra de su empleador. En este último punto, si ese empleador tiene bienes a su nombre (que no estén inscriptos como bienes de familia), entonces debería liquidarlos para hacer frente a sus deudas, tal como implica este procedimiento judicial. «En este contexto, hoy los negocios unipersonales dicen ‘cierro y después veo'», añade la contadora.
En esta situación se encuentra hoy Silvina M., una comerciante del rubro de indumentaria. Sin ingresos porque el área donde se encuentra su local está completamente cerrada, quiere bajar la persiana completamente. Sin espalda, y usando sus ahorros para mantener su casa como puede, tampoco pudo llegar a un arreglo con sus empleados. Por el momento, piensa que se enfrentará a juicios laborales dentro de un tiempo. En el camino, dice que hay días en los que se levanta y se acuesta llorando.
Cierres más o menos «prolijos»
El segundo camino es la quiebra «autogestionada», es decir, iniciar los trámites ante un tribunal comercial, con todo el tiempo que eso puede llevar, que se calcula en más de un año. El costo es otro, porque en este proceso intervienen abogados, contadores, escribanos y se publican edictos, entre otros gastos a considerar. Los costos son altos: por citar una situación comparable, un concurso de acreedores, el procedimiento con el que las empresas renegocian sus deudas y que puede o no desembocar en una quiebra, cuesta arriba de $300.000.
En este caso, explica el abogado laboralista Juan Carlos Cerutti, la Ley de Contrato de Trabajo indica que si el juez evalúa que la quiebra fue por causas ajenas a la empresa se podrá pagar el 50% de la indemnización normal, aunque no es lo que generalmente sucede, dice.
Finalmente, el camino más «prolijo» para las empresas que tienen todas sus cuentas en orden es el de la disolución y liquidación. Para esto, se inicia un trámite ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o los registros comerciales de las provincias, explica la contadora Silvia Tedin, para conseguir un acta de liquidación que permite la baja de Ingresos Brutos, impuestos provinciales y tasas municipales. También hay que hacer la baja de impuestos y del CUIT en AFIP, «lo que más cuesta», asegura.
El proceso lleva, con suerte, un año, resalta. En la guía de trámites de la IGJ se contabilizan al menos 11 pasos para la liquidación y disolución de la inscripción social, que incluyen llenar formularios, presentación de balances finales certificados por contadores públicos y certificados expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble que acrediten que la sociedad no está inhibida para disponer o gravar sus bienes. Cabe recordar que, además, en este contexto hay atención limitada en las oficinas del registro.
Sobre las indemnizaciones en este caso, Cerutti argumenta que hay que pagar el 100% de la indemnización y, en este contexto, la doble. «No hay una indemnización diferente porque cierra una empresa, es una combinación de despido con causa, el cierre del establecimiento, pero la consecuencia es pagar la indemnización completa, ya que no hay un supuesto de injuria», explica.
Suponiendo que el dueño del negocio alquila el local o el establecimiento donde llevaba adelante su actividad, entonces deberá hablar con su locador. El manual dice que si se termina el contrato antes de la fecha de finalización, se deberá pagar un mes de alquiler como penalidad en caso de que la relación comercial lleve más de un año o un mes y medio si lleva menos, explica Marcelo Zuliani, director comercial de Colliers. En estas condiciones, asegura, es probable que haya más negociaciones por fuera de los papeles.
Es muy difícil estimar los costos totales, dice Tedin, porque dependen de las indemnizaciones, hoy la mayor parte de los gastos de cierre y un rubro en el que no es difícil llegar al millón de pesos. Por ejemplo, el resarcimiento para una sola persona con ocho años de antigüedad laboral y $120.000 mensuales brutos es de $1,5 millones, estima.
Cerrar en la Argentina vs. Uruguay y EEUU
La Argentina es compleja a nivel burocrático en todos los casos. En Uruguay, el país que se convirtió en destino de residencia deseado para los grandes patrimonios argentinos, el proceso de cierre de un negocio tampoco es fácil. «En términos generales podemos aseverar que es largo y puede demorar hasta años», explica el tributarista uruguayo Fabián Birnbaum, socio del estudio FBM Advisory.
Son, al menos, cinco pasos los que hay que seguir. En el caso de las empresas con más estructura, se debe designar un liquidador y comunicarlo al Registro Nacional de Comercio. Luego, se aprueba un balance final y se cancelan pasivos y se asignan los activos remanentes. Se solicita la clausura frente a la administración fiscal, el Ministerio de Trabajo y el organismo de Seguridad Social.
En Uruguay, la indemnización de los empleados despedidos se calcula considerando un sueldo por cada año o fracción trabajado, con un máximo de seis añosEn Uruguay, la indemnización de los empleados despedidos se calcula considerando un sueldo por cada año o fracción trabajado, con un máximo de seis años Fuente: Archivo
Se solicitan certificados especiales que acrediten que no hay adeudos. Luego, hay una solicitud de aprobación frente a la Auditoria Interna de la Nación. Finalmente, una inscripción ante el Registro Nacional de Comercio, explica Birnbaum.
En Uruguay, la indemnización de los empleados despedidos se calcula considerando un sueldo por cada año o fracción trabajado, con un máximo de seis años.
En Estados Unidos, no se paga indemnización, pero sí hay un preaviso, generalmente de 60 días, según la Ley de Notificación de Ajustes y de Reentrenamiento del Trabajador (WARN, por sus siglas en inglés). El ecosistema de negocios allí es mucho más dinámico, explica Demián Pack, broker inmobiliario de Dezer Plantinum Realty en Florida.
La Small Business Administration recomienda pedir asesoría a abogados, contadores, banqueros y expertos en valuación comercial antes de emprender el proceso de cierre del negocio. Es decir, habrá que tener en cuenta esos honorarios.
El proceso suma cinco pasos. El primero, presentar los documentos para la disolución en el registro de comercio del estado en el que esté registrada. Luego, cancelar registros, permisos, licencias y nombres de la empresa. También se pide cumplir con las leyes de empleo y de trabajo según la WARN.
Más adelante, resolver las obligaciones financieras, entre ellas las devoluciones finales respecto de los impuestos sobre los ingresos y las ventas. Cancelar el número de identificación del empleador, notificar a agencias fiscales y seguir una lista de requisitos del Servicio de Rentas Internas que incluye la liquidación final a los empleados y la presentación de resultados finales. Finalmente, se aconseja mantener los registros de impuestos y empleo durante un tiempo que va de tres a siete años.
Pack suma algunos otros trámites o costos. El primero, si hay stock remanente en el caso de comerciar bienes se pueden vender a locales como Marshall’s u Overstock, que se encargan de revenderlos. Puede haber alguna penalidad por la interrupción del contrato de alquiler, aunque en este contexto complicado por la pandemia, dice, hay varias condonaciones.
Y, finalmente, alguna tasa por hacer trámites según el estado en el que esté el negocio. Por ejemplo, en Florida cobran hasta unos US$55 por inscribir la disolución de una LLC (sociedad de responsabilidad limitada).
