La contribución del agro al fisco es seis veces más a la del sector petrolero

Desde la Sociedad Rural de Jesús María, aseguraron que “el sector petrolero recibe un tratamiento diferencial por parte del Estado, en detrimento del agro”

Un trabajo realizado por los asesores económicos de la Sociedad Rural de Jesús María, al comparar al sector petrolero con el agro, señaló que el primero “recibe un tratamiento diferencial por parte del Estado, en detrimento del segundo”.

Y además, reflexionaron: “Lo que todos deberíamos preguntarnos es por qué el Estado elige priorizar una industria con alta concentración y componente transnacional, y no apoyar a un sector pujante, que se compone mayoritariamente de Pymes”.

Esto está directamente relacionado a la mayor cantidad de impuestos que tiene el sector agropecuario y que es obligado a liquidar su producción para acceder a líneas crediticias, a pesar que genera más divisas y puestos de trabajo. Por su parte, a la industria petrolera se le redujeron aranceles a la exportación, mientras que al campo todo lo contrario, y hasta se habla de la pesificación de los contratos.

En las últimas semanas, el gobierno oficializó, mediante el Decreto 488/2020, la existencia de un precio mínimo para el petróleo, el denominado el “barril criollo”, fijándose en 45 dólares el valor del mismo. Este precio será ajustado para cada tipo de crudo por calidad y por puerto de carga, utilizando la misma referencia, de conformidad con la práctica usual en el mercado local. La medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año, salvo que en dicho ínterin la cotización del “Ice brent primera línea” supere el precitado precio durante 10 días consecutivos, situación a partir de la cual queda sin efecto la medida.

Además, el Gobierno obligaría a cambio a las empresas productoras a sostener los niveles de actividad y/o de producción registrados durante el año pasado, tomando en consideración la situación actual de contracción de la demanda local e internacional, tanto del petróleo crudo como de sus derivados, producto de los efectos de la pandemia de coronavirus. Las empresas productoras deberán sostener los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales, así como la planta de trabajadores que tenían al 31 de diciembre de 2019.