El objetivo de la norma, que establece distintas restricciones para quienes utilizan ese medio de transporte y que cuenta con el apoyo del gobernador Juan Manzur, es reducir los llamados «motoarrebatos».
La ley, que según adelantó el mandatario peronista «será promulgada rápidamente» y comenzaría a regir en los primeros días de junio, contempla la realización de estrictos controles viales para garantizar el cumplimiento de las medidas.
El proyecto, que fue aprobado con el voto de la mayoría peronista, con el apoyo de Fuerza Republicana (el resultado fue 36 a favor y 6 en contra), fue severamente cuestionado por la oposición, que advirtió que, además de avanzar contra las libertades individuales, se convertiría en una norma de difícil cumplimiento, teniendo en cuenta la masividad que tiene el uso de motocicletas en esta provincia.
«La norma sancionada es inconstitucional, atenta contra la libertad de circulación, es discriminatoria y, lo que es más grave, no soluciona para nada el tema de la inseguridad», dijo el radical José Ascárate, uno de los parlamentarios que rechazó la propuesta.
En torno a esta iniciativa, impulsada por el vicepresidente primero de la Legislatura, el peronista Gerónimo Vargas Aignasse, chocan de frente dos realidades: la moto es el medio de transporte preferido de los sectores de menos recursos, en una provincia donde la pobreza roza el 50%, y a su vez es el medio de transporte más utilizado por quienes cometen delitos. Según estadísticas oficiales, el 60% de los delitos contra la propiedad en Tucumán son cometidos por personas que circulan en motos.
La norma establece la realización de estrictos controles viales para garantizar que, durante las 24 horas, no circulen dos personas mayores de edad si es que no cuentan con los permisos oficiales ni pueden demostrar que se trata de una situación de fuerza mayor. La policía otorgará un permiso de seis meses, en el que se identificará al conductor y al acompañante. En caso de una urgencia, la autorización se decidirá en el control.
«Vamos a comenzar con 40 controles cada ocho horas, y estimamos que un 30% tiene que bajar el delito. En los primeros 30 días vamos a notar el cambio», aseguró Vargas Aignasse.
La ley faculta a la policía, que actuará con la colaboración de las fuerzas federales, a secuestrar las motos en el caso de que sus conductores no cuenten con la documentación de los rodados, cuando no lleven la Licencia Nacional de Conducir o cuando el rodado no tenga colocada la placa de dominio. También se sancionará a quienes manejen motos tras haber consumido y cuando circulen sin casco, tanto quien maneja como su acompañante.
La norma también contempla la prohibición de circular en moto cuando su conductor tenga «pedido de detención o prohibición judicial o administrativa para transitar» y cuando no se porte el comprobante de seguro en vigencia.
Además, según la norma aprobada el miércoles, se sancionará a quienes circulen «en sentido contrario al tránsito vehicular o por las aceras, veredas o sendas peatonales, o en espacios verdes, plazas, jardines o cualquier otro espacio no habilitado para circular».
La ley establece fuertes multas, que oscilan entre $15.000 y $35.000, para los motociclistas infractores, y está previsto que lo recaudado sea destinado para el reequipamiento de la policía.
El proyecto tuvo una modificación con respecto al texto original, ya que se eliminó un artículo que pretendía obligar a las estaciones de servicio a negarse a cargar combustible a motociclistas que circularan sin casco. El cambio fue realizado luego del rechazo que había generado entre los propietarios de estaciones de servicios.
El gobernador Manzur ya adelantó su aval a la norma y dijo que la promulgará rápidamente. «El proyecto cuenta con el apoyo de los tres poderes del Estado. Será una buena herramienta para disminuir el delito en ocasión del motoarrebato», argumentó.
A su turno, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, indicó que la ley permitirá «ser más exigentes en los controles para bajar el delito».
