Por Eduardo Van Der Kooy – Cristina Fernández interpreta mejor que nadie el efecto que la pandemia derrama sobre la sociedad. Posee una ventaja sobre Alberto, el presidente. Se desentiende del combate a la enfermedad. No interviene de modo público en la tarea más compleja que le aguarda al Gobierno: administrar una salida que encuentre el difícil punto de equilibrio entre la preservación de la salud y una economía que con apenas 10 días de cuarentena en marzo registró un derrumbe de 11.5%.
La correcta lectura de la vicepresidenta tiene que ver con las expectativas de la sociedad. Está absorbida casi de manera excluyente por dos miedos: al coronavirus y al colapso del bolsillo. Así lo reflejan las encuestas que desde el 20 de marzo realiza semanalmente la consultora ARESCO. Ni siquiera la inseguridad se acerca a aquellas obsesiones. Tampoco la corrupción.
Según ARESCO, un 44.6% de las personas del AMBA defienden la cuarentena como está. Un 40.5% prefiere mayor flexibilidad. Un 11.5% apostaría a su levantamiento. Quizás debido al aumento de los contagios un 80.3% concuerda con la prolongación del encierro anunciado ayer. Aún así, las opiniones se parten ante el dilema del virus y la economía. Para un 57.7% la prioridad sigue siendo la pandemia. Para un 37% la situación económico-social.
Ni bien se indaga en las inquietudes económicas la división aflora. Un 44% hace hincapié en la inflación. Segmentada en los sectores medios y medios bajos. El 40% apunta a la reactivación productiva. Segmentada en los sectores medios y medios altos. Apenas a un 9% le preocupa la renegociación de la deuda.
Esa radiografía sirve para explicar dos cosas. El embate de Cristina en diferentes instancias judiciales para aliviar su cuadro en las causas de corrupción. Las dificultades que encuentra la oposición para anclarse en la defensa de la institucionalidad y la transparencia. Al mismo tiempo, acompañar al Presidente en el combate contra el coronavirus. Un desafío de equilibrio político que no es sencillo enfrentar.
El Instituto Patria, búnker de la vicepresidenta, se asemeja a otra Casa Rosada. O a la residencia de Olivos, en épocas de pandemia. Allí Cristina repite una orden a íntimos. Moviliza a su equipo de gestores: “Ahora o nunca”, dice respecto de la necesidad de desactivar o entorpecer sus causas judiciales. Remedo del fatídico «vamos por todo». Comprende muy bien el ensimismamiento colectivo con la pandemia. Sabe que su voz y su figura en primer plano podrían despertar a los demonios. El mutismo forma parte neural de su estrategia.
Los últimos días se verificaron una sucesión de golpes. Carlos Zannini, el Procurador del Tesoro, pidió la nulidad del juicio por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Su abogado, Mariano Fragueiro Frías arguyó que la investigación de Claudio Bonadio quedó incompleta. El Consejo de la Magistratura desechó una denuncia contra el juez Luis Rodríguez en el marco de los “cuadernos de las coimas” sobre un presunto cobro de coimas para obtener protección. Ese juicio se encamina hacia la eternidad porque el Tribunal Oral Federal 8 estima que no se dan ahora las condiciones tecnológicas para iniciarlo. Está en la etapa de ofrecimiento de pruebas.
Las causas de Los Sauces y Hotesur, donde además están implicados Máximo y Florencia Kirchner, fue trasladada al 2021. La defensa no termina nunca de presentar recursos. El Tribunal Oral Federal 2, que inició el año pasado el enjuiciamiento a la vicepresidenta por favorecer a Lázaro Báez con la obra pública, informó que no podrá continuarlo de forma virtual. Lo había solicitado el fiscal Diego Luciani. El TOF2 dijo que tal comunicación fue proporcionada por la Magistratura. Allí los representantes del oficialismo recién lo negaron después de una interpelación pública del diputado opositor, Pablo Tonelli. Huele a gato encerrado. Pero desnuda una realidad que interpela al kirchnerismo. ¿Esa es la presencia del Estado que pregona en su discurso?. ¿O vale únicamente cuando se trata de manipular las arcas públicas?. También existen yapas: el fiscal K, Javier De Luca, desistió de una apelación y permitió que Amado Boudou, condenado, siga bajo arresto domiciliario.
El Consejo de la Magistratura, con mayoría K, está jugando un papel clave en esos enjuagues. El kirchnerismo se maneja allí con un desprejuicio que el macrismo en su era tuvo en proporción menor. Resulta clave el papel de su titular, Alberto Lugones. Un kirchnerista confeso que hace poco se enfrentó con Sergio Massa, por el pedido de juicio político a jueces que liberaron presos sin criterio con la cobertura de la pandemia. Hay línea directa entre Cristina y Lugones. En el mismo organismo se le arrojó un salvavidas al juez Rodolfo Canicoba Corral, con cuatro juicios sobre sus espaldas.
A partir de esas novedades se disparan interrogantes. Todos tienen relación sobre el papel del Presidente. ¿Está al tanto de cada una de las maniobras?. ¿O la facilidad de acción de la vicepresidenta tiene relación con un compromiso previo entre ambos?. ¿Se ha desligado Alberto del área judicial, al margen de la reforma que propugna?. Hay detalles que llaman la atención. Uno es el rescate de Canicoba Corral a quien el mandatario supo crucificar públicamente. Entre varias razones, por haber procesado en el pasado al actual ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Tanta permisividad podría acarrearle a Alberto un dolor de cabeza a futuro. Conjetura con la posibilidad que la oposición apoye en el Senado la postulación del juez Daniel Rafecas para la Procuración General. La esperanza empezaría a diluirse porque la ofensiva de Cristina en favor de su impunidad le estrecharía el margen a Cambiemos para cualquier afinidad con el oficialismo. Su clientela electoral, que no es poca, otea tales conductas.
Esos asuntos podrán madurar –o no- acorde a la forma que el Presidente pueda encauzar la administración de la pandemia con un freno a la debacle económico-social. Por ahora, el eje de la atención gira en torno a la negociación de la deuda que se extiende pese a que el viernes venció el plazo para abonar los U$S 503 millones. Hay de nuevo default, pero no tanto. Esa rareza financiera, que el Gobierno se ocupa de esconder, sucede por un motivo. La deuda tomada por el macrismo incluyó una cláusula agresiva antibuitre, que limita la acción legal de los bonistas. No sería tan sencillo para ellos llegar a litigar en los Tribunales de Nueva York. El abismo, en cambio, podría abrirse con el próximo vencimiento a fines de junio: se trata de un bono que data del 2005, emitido bajo otras condiciones.
El Presidente sigue empeñado en evitar el default. Por una razón sencilla y sensata. La recuperación económica de la Argentina luego de la pandemia será homérica. Por ende incierta. Lo sería muchísimo más si el país ingresa en el despeñadero de un nuevo incumplimiento con el mundo. Tampoco pueden soslayarse los factores políticos. Alberto fue votado para recuperar la economía. Aunque se le interpuso el virus. El año próximo vuelve a ser electoral. Clave para el asentamiento presidencial. Imposible pensar en un augurio bueno con la economía fuera de control.
Tampoco la negociación de la deuda representa todo. El Gobierno no tiene como respaldo todavía ningún programa desde del cual se pueda vislumbrar la recomposición económica. La defensa ante la pandemia, en ese terreno, sucede por ahora con herramientas básicas –tampoco hay otras– que no ayudan a un ordenamiento estructural: la emisión y el congelamiento de todo.
Tal precariedad, posiblemente, espolee la confusión. Suenan demasiadas voces controvertidas en el universo oficialista. No se conoce cual terminará de imponerse. El filósofo e historiador israelí, Yuval Harari, repitió la última semana en una revista española un pronóstico que lanzó en el amanecer de la crisis sanitaria mundial: “La epidemia puede ser la tapadera perfecta para un golpe de Estado. Entendido como un golpe a las libertades. Algunas decisiones que se adoptan estos días podrán acompañarnos por años”, dijo. El kirchnerismo parece no resistirse a esa inspiración. La diputada Fernanda Vallejos propuso que a cambio de la asistencia económica que brinda, el Estado pueda apoderarse de una parte de las acciones empresarias. Explicó que se trata de un fenómeno que surca el mundo. Falso. Es cierto que los estados, como corresponde, son los primeros socorristas de esta emergencia. Aspiran a proteger empresas para que vuelvan a producir y generar empleo cuando la pandemia amaine. No a fomentar su incautación.
Fue lo que en su momento Boudou hizo en la ANSES cuando resolvió estatizar los fondos de pensión. Es también una idea fija que da vueltas en la cabeza de la vicepresidenta. Tanto que fue el detonador de la salida de Alejandro Vanoli de la ANSES. El ex funcionario cometió el pecado de descuidar la designación de representantes estatales en Telecom. La vicepresidenta pidió el listado de las grandes empresas a las cuales el Estado ayudó.
Boudou volvió a atizar ese fuego. En una conferencia virtual criticó al capitalismo y al neoliberalismo. Avisó que los Estados tendrán mayor participación en la economía. Y alertó: “guarda para qué lado es esa intervención. Puede ser tanto para las clases populares como para el capitalismo”. Como si ambas categorías fueran antagónicas. ¿Qué modelo tendrá el ex vicepresidente condenado en su botaratesca cabeza?.
El problema no sería Boudou ni los demás coreutas que irrumpen. Lo sería, en cambio, el peligroso silencio del Presidente y sus hombres.
