Horas después, el gobierno anunció que la autoridad quedaba suspendida de funciones y se nombró a un ministro interino.
De acuerdo a las denuncias, que empezaron con reportes de prensa, los dispositivos adquiridos por el gobierno no eran los adecuados para su uso en unidades de terapia intensiva y existió sobreprecio en su adquisición.
El escándalo provocó que la presidenta interina boliviana, JeanineÁñez, dijera que se compromete a esclarecer qué sucedió en la cuestionada compra y a que caiga “todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso”.
“Me comprometo a llevar a fondo esta investigación contra los que hubieran cometido un acto de corrupción en la compra de respiradores y a que cada centavo sea devuelto a los bolivianos”, anunció la mandataria a través de su cuenta de Twitter en la noche del martes.
Los aparatos fueron adquiridos en España y estaban financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La compra
Los 170 respiradores artificiales adquiridos por Bolivia eran de la compañía española GPA Innova, aunque hubo intermediarios en la transacción.
El precio acordado por cada equipo de asistencia, según el gobierno, fue de US$27.683 y el país se comprometió a desembolsar alrededor de US$4,7 millones en total.
Las gestiones se realizaron a principios de mayo y, a mediados de este mes, las autoridades bolivianas anunciaron que los respiradores se comenzaron a distribuir en todo el país.
